POR: Hugo Constante
El Gobierno ha iniciado la judicialización de la protesta social y del paro indígena, aseguran dirigentes a los que la Fiscalía les ha convocado a rendir versión dentro de investigaciones previas por presuntos delitos que van desde intento de paralización de servicio público hasta presunto enriquecimiento ilícito.
Dirigentes indígenas, sociales, sindicales, políticos y activistas que trabajan con sectores pueblos y nacionalidades integran un extenso listado de investigados. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, es uno de ellos y, según sus cifras, serían 150 personas convocadas por Fiscalía por presuntos delitos como instigación, paralización de servicios públicos, asociación ilícita, entre otros. “El Gobierno tiene toda una estrategia de criminalizar la lucha social”, manifestó Quishpe, quien fue convocado por la Fiscalía junto a Edwin Bedoya, presidente del FUT; Nery Padilla, presidente de la FEUE; y Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, por tentativa de paralización de servicio público. Ellos han convocado en diferentes momentos a marchas y plantones en rechazo a las políticas del Gobierno, concentraciones que por lo general han sido desde las 16:00, es decir fuera del horario laboral.
Durante la reunión regional americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Bedoya aseguró que el “Gobierno utiliza a la Fiscalía y el sistema judicial como instrumentos de persecución política”. “Decenas de dirigentes hemos sido judicializados por ejercer nuestro derecho a la protesta”, agregó Bedoya y exigió a la OIT que instale un proceso de vigilancia internacional y que envíe de manera inmediata una delegación al país para que constate la situación, por lo que están atravesando.
Padilla coincide de que se trata de una judicialización y criminalización de la lucha popular, ya que considera que tienen derecho de protestar, de disentir con los planteamientos del Gobierno. “Eso no es un delito. No es un delito luchar por medicinas, empleo, seguridad, en defensa de la universidad pública”, dijo el dirigente estudiantil.
Defensores del agua también judicializados
El 16 de septiembre, Cuenca fue escenario de una multitudinaria e histórica marcha en contra del proyecto minero Loma Larga, que pondría en peligro las fuentes hídricas de Quimsacocha. Fue un claro mensaje al Gobierno, que a través del Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals.
Fue una marcha que reunió a alrededor de 100.000 personas y, aunque la convocatoria partió de la sociedad civil canalizada a través de diferentes organizaciones e instituciones, a los pocos días algunos defensores del agua denunciaron que habían sido citados por la Fiscalía, entre ellos, Yaku Pérez y Lauro Sigcha, de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Según Pérez, la Fiscalía abrió en su contra dos investigaciones previas: una por asociación ilícita y otra por paralización de servicio público.
Sigcha aseguró que desde que se inició el paro han sufrido hostigamiento, vigilancia de sus viviendas y de la casa comunal donde mantienen reuniones. “El Gobierno pretende criminalizarnos con delitos fabricados, cuando nuestro único delito es defender el agua y proteger Quimsacocha”, manifestó el dirigente.
Otros sectores investigados
En otra investigación previa abierta por presunto enriquecimiento privado no justificado, la Fiscalía solicita información de más de 50 personas, no sólo dirigentes indígenas sino también políticos como el prefecto de Imbabura, Richard Calderón; la alcaldesa de Otavalo, Anabel Herrera; y hasta Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama, que trabaja con comunidades amazónicas. A la Fundación también se le congelaron las cuentas bancarias. En un comunicado, la Fundación expresó que es un proceso de criminalización y que la investigación carece de sustento legal por lo que se trata de una intimidación al trabajo que realizan.
En una entrevista con Teleamazonas, el ministro del Interior, John Reimberg, manifestó que las autoridades detendrán a quienes estén generando violencia en diferentes partes del país. Mientras que la relatora de ONU sobre la situación de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó en su cuenta X, que había recibido noticias preocupantes sobre la represión violenta de las movilizaciones pacíficas y añadió que las personas tienen derecho a defender los Derechos Humanos y que el Estado debe abstenerse de cualquier represalia con su contra por ejercerlo.
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