Desde juicios por peculado y extradiciones negadas por Estados Unidos, hasta unas polémicas incautaciones. ¿Cómo llegó el Estado a esta demanda por 2.000 millones en su contra?
El llamado feriado bancario fue la punta del iceberg de una crisis financiera en Ecuador. Esto se dio a finales de la década de los 90, época que marcó el inicio de la dolarización.
Los hermanos Roberto y William Isaías conformaban el llamado ‘grupo Isaías’, dueño de medios de comunicación, empresas y el Filanbanco.
En esta nota te explicamos cómo fue que todo inició y cómo llegamos a este punto en que los Isaías, tras ser declarados inocentes en el juicio en su contra, pretenden que el Estado les pague una indemnización por 2.000 millones de dólares.
1. Seguimiento cronológico del caso
Los Isaías ganaron influencia política y económica en el país. En 1998, el Banco Central otorgó al Filanbanco dos préstamos, que sumaron USD 424 millones.
En ese mismo año nació la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Su objetivo era inyectar capital y reestructurar las entidades financieras con problemas. Es así que el banco de los hermanos Isaías pasó a manos de esta Agencia y con eso su patrimonio se redujo a USD 140 millones.
En 1999 el exsuperintendente de Bancos Jorge Egas explicó que se decretó un ‘feriado bancario’ para preservar la Reserva Monetaria Internacional. El expresidente Jamil Mahuad ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias.
La exfiscal general investigó el proceso de iliquidez y el uso de préstamos del Banco Central. En el 2000 se dictó un proceso judicial contra Roberto y William Isaías, y funcionarios del Filanbanco por: “manejo fraudulento de los créditos del BCE”. Pues, se descubrió que llevaban una contabilidad irregular y no reportaron el manejo de los recursos que el Estado les había otorgado.
En ese mismo año los Isaías salieron de Ecuador hacia Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia dictó un juicio contra William y Roberto Isaías. Las operaciones del Filanbanco terminaron en 2011.
Según los hermanos, ellos entregaron el banco en buenas condiciones, ya que estaba en proceso de recuperación y no de liquidación.
Por otro lado, un informe de la Intendencia de Bancos del Litoral explicó que el problema del Filanbanco en 1998 era de solvencia y no de falta de liquidez.
En 2003 la Contraloría determinó pérdidas de 139 millones en el “fideicomiso creado cuando Filanbanco pasó a manos del Estado”. Además, se dictó un llamamiento a juicio contra los Isaías.
En 2008, a inicios del gobierno de Rafael Correa, la AGD ordenó incautar los negocios de los hermanos Isaías, que superaron los USD 1000 millones: fueron 195 empresas, entre medios de comunicación, empresas agrícolas, de comercio.
La Asamblea Constituyente, con el Mandato 13, ratificó la validez legal de las incautaciones. La finalidad era: “devolver el dinero al Estado y a todos los ecuatorianos que aún permanecen perjudicados por la quiebra de dicho banco”.
En 2009, la Agencia de Garantía de Depósitos presentó otra demanda contra los hermanos Isaías en la Corte del Circuito Judicial para el Condado de Miami, con el propósito de recuperar el dinero adeudado. Ese mismo año Roberto y William Isaías contestaron la demanda con una contrademanda. Se solicitó que se negara la demanda de la AGD y que se declarara que las incautaciones fueron ilegales.
En 2012 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió una sentencia contra los exdueños del Filanbanco por delito de peculado. Se dispuso una condena de ocho años de reclusión mayor ordinaria. Jorge Egas fue sentenciado a tres años como cómplice.
Según un informe de la AGD, las pérdidas generadas por el Filanbanco al Estado fueron de USD 1.088 millones.
En 2013, la Corte de Miami consideró “inejecutable el pedido del Estado ecuatoriano” de incautar bienes en Estados Unidos de los demandados. Según el juez, Ecuador eliminó la posibilidad de los hermanos Isaías de “impugnar” la resolución de incautación de bienes y promulgar el Mandato 13.
En ese mismo año Ecuador pidió la extradición de los hermanos, pero Estados Unidos negó el pedido por falta de evidencia.
En 2014 la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años por delito de peculado. Tras esta ratificación se gestionó nuevamente la extradición, pero nuevamente se rechazó. El juex John W. Thornton falló a favor de los Isaías y rechazó la demanda de la AGD.
Los hermanos Isaías acudieron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En 2016 llegó el dictamen y señaló que hubo varias violaciones a los derechos civiles a los hermanos por parte del Estado ecuatoriano. Específicamente, sobre el proceso penal por peculado y el Mandato de la Asamblea Constituyente Nro.13.
La ONU determinó que los Isaías fueron juzgados sin un debido proceso. Explicó que se violó el derecho a debidas garantías para impugnar la incautación de bienes. Sobre el tema de peculado, se detalló que no hubo violaciones a los Derechos Humanos. Según la Procuraduría, el Comité no reconoce una restitución de la situación patrimonial de los hermanos Isaías, ni establece pago de indemnizaciones o reparación material.
En mayo de 2021, jueces del Tribunal de Revisión de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador restituyeron el estado de inocencia para los hermanos Isaías, tras declarar procedente un recurso de revisión que planteó la defensa.
Se señaló que no hay una comprobación del delito de peculado por abuso de fondos del Banco Central. Los jueces resaltaron, sin embargo, que no hay devolución de bienes incautados porque se siguió con procesos civiles y administrativos, ajenos al proceso penal.
2. Demanda actual
Al ser absueltos del delito de peculado, los hermanos Isaías demandaron, a finales del año pasado, a cuatro entidades estatales: Banco Central, Superintendencia de Bancos, Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliaria y Procuraduría, por USD 2.000 millones.
Ellos alegan que se trata de una reparación porque 3 juicios en su contra fueron desestimados por los jueces de Ecuador. Se puso la demanda por “responsabilidad objetiva del Estado”. Es decir, por acciones u omisiones que los funcionarios públicos ocasionaron contra los hermanos, como un perjuicio. Los demandantes alegan que los bienes incautados sumaban alrededor de US 663 millones, pero consideran que se incautó en exceso.
La defensa pide lo siguiente:
- USD 1.548 millones por activos incautados.
- USD 15 millones de gastos en honorarios profesionales por el proceso judicial que se dio en Estados Unidos.
- El pago de los intereses que se han producido desde el 2008 hasta el momento. Ellos señalaron que el banco cerrado intentó cobrar acreencias en su favor y alegan que todo lo que el Estado cobró después de su administración debe ser contabilizado.
Fuentes estatales vinculadas al proceso comentaron al medio de comunicación Plan V que la sentencia de la Corte Nacional señala que no es procedente la devolución de bienes incautados ni indemnización. Ellos comentan: “No es posible la devolución de los bienes incautados, porque la sentencia por el delito peculado únicamente condenó a los procesados a prisión; en el proceso penal jamás se dispuso el comiso ni medidas como la incautación. Por lo tanto, la sentencia de revisión únicamente afecta a las penas de cárcel, que los hermanos Isaías no cumplieron”.
Se explica que la indemnización tampoco procede, por el artículo 392 del Código Integral Penal, que señala que esto sólo se da en caso de haber cumplido una pena de prisión. Pero ellos no han pasado en la cárcel ni un momento, incluso su pena se disolvió.
3. Análisis
El abogado internacional Mauricio Alarcón señala que la defensa de los hermanos Isaías ha dicho que están dispuestos a una negociación.
Alarcón comenta que esta demanda no es reciente, fue planteada en diciembre del 2021 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayas. Comenta que la demanda sigue y este tipos de procesos pueden tomar mucho tiempo por cómo funciona el Tribunal. “Los temas contenciosos administrativos han llegado a tomar hasta 15 años”, explica.
Explica, sin embargo, que sí hubo vicios en el proceso: por ejemplo, la incautación de bienes se dió por 650 millones y sólo necesitaban USD 45 millones. Además, los bienes no fueron vendidos, sino abusados por el Estado. Según el abogado, la opción de la devolución de bienes, por la negociación mediada, es la que seguramente tiene más acogida, al ser viable.
“Es indudable que el Gobierno toma en cuenta la negociación por la cercanía del tema y el abogado defensor hacia el Presidente de la República”, puntualiza. Alarcón opina que la demanda sí cabe, y que al haberse establecido por parte del Comité de Derechos Humanos la violación de derechos, era anticipado que sucedería.
Comenta que la negociación podría darse con carácter inmediato, pero que la devolución de bienes es más compleja y que no sólo pasa por la Presidencia, sino por Inmobiliar. Tomará un tiempo, y el impacto económico será menor. Ecuador quedaría muy golpeado en caso de que pague la indemnización. Esto se está pensado, explica Alarcón, para que se escoja la idea de regresar los bienes incautados. El experto señala tres puntos importantes que llevan a esta demanda:
- Toda persona tiene derecho a ser juzgado por un juez independiente y que se garantice su derecho a la defensa.
- Las decisiones políticas como la que tomó la Asamblea Constituyente, no pueden violar derechos fundamentales, no solo reconocidos en el país sino instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
- Cuando la justicia no está garantizada en el país, siempre habrá órganos supranacionales que velen por los derechos humanos civiles.
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