Antonio Vargas fue liberado tras Decreto de Lasso
noviembre 9, 2021

Lasso concedió el indulto a tres dirigentes indígenas. Entre ellos, el expresidente de la Conaie Antonio Vargas.

Una página de Facebook asegura que el presidente, Guillermo Lasso, concedió el indulto a Antonio Vargas, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), quien fue sentenciado por tráfico de tierras en 2017. La información es cierta. A través del Decreto Ejecutivo 246, firmado el 8 de octubre, Lasso concedió el perdón de su pena y la multa impuesta.

El Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) informó que Carlos Antonio Vargas Guatutaca se encontraba preso en la cárcel de Morona Santiago desde el 20 de junio del 2021 y que ha demostrado “buena conducta durante este tiempo sin cometer ninguna falta disciplinaria”.

Vargas fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión por supuesto tráfico de tierras. Además, su condena incluía el pago de 12 salarios básicos unificados.

En 2017 se inició una demanda civil por parte de la empresa Dierikon, propietaria de la hacienda Té Zulay, contra Vargas, en la que se señalaba que la empresa firmó dos promesas de compraventas en los terrenos que representaba Vargas, entre la hacienda y la Circunscripción Territorial Kichwa. Se concluyó una sentencia a favor de la compañía y se solicitó el desalojo. En 2018 el expresidente de la Conaie fue condenado a un año, ocho meses de cárcel. Sin embargo, existía un Convenio de la OIT que establecía que, si alguna persona perteneciente a pueblos indígenas era hallada culpable, debería tener una sentencia acorde a sus características económicas y culturales. Por lo que la medida alternativa a la prisión fue la labor comunitaria. En junio del 2021 fue detenido y se estableció que cumpliera su condena en la cárcel. 

Pero Lasso no sólo concedió el indulto a Vargas. Sino que, a través del Decreto 245, también ordenó el perdón para los dirigentes: Carlos Vinicio Chacha y Antonio Villamil. Los cuales estaban cumpliendo su condena de cuatro años de cárcel por paralización de servicios en octubre del 2019.

Estos decretos toman lugar dos días antes del diálogo entre el Presidente y los dirigentes indígenas pactado para el 10 de noviembre.

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