El movimiento AMIGO, de polémica trayectoria, se puso a disposición del correísmo para que presente candidatos a alcaldías y prefecturas.
El Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO), listas 16, consta en el registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), como una agrupación de alcance nacional.
Para las elecciones seccionales de noviembre de este año acogerá a los candidatos de la Revolución Ciudadana, organización que está suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En el marco de las elecciones primarias, cuadros correístas como Pabel Muñoz, Luisa González, Sofia Espín, entre otros, buscarán llegar a prefecturas, alcaldías, concejos cantonales y juntas parroquiales auspiciados por Amigo.
Movimiento Amigo, sin identidad electoral
Esta no es la primera vez que el Movimiento Amigo “presta” sus colores, su logo, su número y su nombre para impulsar cuadros que no son parte de su militancia. De hecho, la historia de esta agrupación política es definitivamente controversial y se ha mantenido en el ámbito electoral gracias a acuerdos puntuales.
Amigo nació en Manabí en el 2018 como un movimiento provincial llamado MEJOR: Emprendimiento, Justicia, Oportunidades Reales, fundado por Daniel Mendoza, a esa fecha asambleísta y jefe de bancada de Alianza PAÍS. Con la intención de alcanzar representación nacional, en 2019, la agrupación cambió su nombre a Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo). Su reconocimiento como organización política nacional se dio en medio de graves cuestionamientos y dudas.
En enero de 2020 el pedido de juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización por el voto en contra de Pinuccia Colamarco (AP-Aliados) alterna de Mendoza, quien se ausentó de esa sesión.
En los círculos políticos y legislativos de esa época se comentó que Mendoza había “canjeado” su voto, en este caso de su alterna para no comprometerse directamente, a cambio de que el CNE reconozca oficialmente a Amigo como organización política de carácter nacional. Especulación o no, lo cierto es que el CNE legalizó al movimiento un mes después.
Sin embargo, Mendoza no pudo disfrutar de su Movimiento. En junio de 2020 fue detenido por integrar y liderar una red de corrupción para beneficiarse económicamente de la construcción del Hospital de Pedernales a través del desvío de fondos públicos. Fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión.
Sin candidatos propios
Sin una orientación política partidista clara, sin militancia y sin bases, Amigo se convirtió en un “movimiento” de alquiler según varios analistas políticos. En los diferentes procesos electorales ha presentado candidatos que no tuvieron opción en otras agrupaciones políticas.
Para las elecciones generales de 2021 presentó como binomio presidencial a Pedro José Freile y Byron Solís, obteniendo el 2.08% de la votación. Para la elección presidencial de 2023, producto de la muerte cruzada, Amigo cambió de binomio y escogió a Bolívar Armijos y Linda Romero, alcanzando un 0,36% de los votos. Para las elecciones presidenciales de 2025 fue en cambio Juan Cueva y Cristina Reyes el binomio apoyado por el movimiento, alcanzando el 0,17% de la votación.
La Revolución Ciudadana, la otra cara de la moneda
Si Amigo es considerado como un movimiento de alquiler, la Revolución Ciudadana es una especie de “gitana” electoral ya que para su participación en los comicios ha tenido que buscar organizaciones políticas que acojan a sus candidatos.
La Revolución Ciudadana tiene su origen en Alianza PAIS, movimiento liderado por Rafael Correa, que se dividió en dos durante la presidencia de Lenin Moreno, en el 2018, su coideario a esa fecha.
Discrepancias políticas y en formas de conducir el Gobierno hizo que Correa y Moreno rompan políticamente. Los que se quedaron con Moreno continuaron con el Movimiento Alianza PAIS. Los partidarios de Correa se quedaron sin agrupación política que les permita participar en las elecciones. El Consejo Nacional Electoral negó la inscripción de la Revolución Ciudadana como organización política, por lo que para las elecciones seccionales de 2019, tuvo que presentar candidatos a través de Fuerza Compromiso Social (FCS), lista 5, que había sido fundada por el excandidato presidencial Iván Espinel, quien fue sentenciado por corrupción en el IESS.
Con Fuerza Compromiso Social fue elegida, por ejemplo, Paola Pabón, como prefecta de Pichincha.
Para las elecciones presidenciales de 2021, FCS formó una alianza con Centro Democrático, fundado por el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, dando paso a Unión por la Esperanza (UNES), de mayoría correista.
A la par de estas participaciones electorales, el correísmo fue desplazando poco a poco a las bases y dirigencia de FCS hasta que el Consejo Nacional Electoral le reconoció como Revolución Ciudadana. Así participó en 2025. Sin embargo, por decisión del juez electoral Joaquín Viteri está suspendida del registro electoral mientras dura la investigación del caso penal “Caja Chica”, donde la Fiscalía indaga una presunta red de delincuencia organizada y lavado de activos, como consecuencia del presupuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo en 2023, mediante el ingreso de dinero en efectivo proveniente de Venezuela.
Bajo estas circunstancias, la Revolución Ciudadana tuvo que acudir a Amigo para que acoja a sus candidatos para las elecciones seccionales de este año.
