El gremio de agentes penitenciarios denunció sentirse “abandonado y denigrado” por el Estado tras la inauguración del centro de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, donde el Gobierno dispuso que la seguridad interna sea asumida por policías y militares, excluyendo al personal penitenciario por supuesta falta de capacitación.
Tras una semana de la entrada en operación de la cárcel de máxima seguridad del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, con la custodia de policía y militares, el gremio de los agentes penitenciarios volvió a denunciar, por enésima vez, el abandono por parte del Estado, pero esta vez también declaró que se sienten denigrados.
El presidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios, Willman Alarcón, sostuvo que los servidores penitenciarios se sienten “abandonados y denigrados” tras las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg,, quien indicó que no serán considerados para tareas de seguridad en la nueva cárcel, debido a una supuesta falta de capacitación.
Alarcón afirmó que la propuesta de Reimberg “carece de sustento técnico y económico”. Explicó que, en el ámbito técnico, se pretende incorporar a personal que ya cumplió su servicio al Estado y que, con edades mínimas de 45 años, no contaría con las condiciones físicas ni los reflejos necesarios para asumir el desgaste físico y psicológico que implica trabajar en centros penitenciarios. Añadió que este personal tampoco cuenta con la preparación específica requerida para labores de seguridad carcelaria.
Alarcón señaló además que, desde el punto de vista económico, el personal en servicio pasivo, de incorporarse a la seguridad de las cárceles, percibiría sueldos que duplican los de los agentes penitenciarios actualmente en funciones.
Al igual que en ocasiones anteriores, al menos una vez cada seis meses en los últimos dos años, el gremio volvió a reiterar la misma situación de abandono. Hoy, dijo, el sistema opera con cerca de 800 custodios para más de 37.000 personas privadas de libertad, lo que calificó como una “relación abismal” que impide mantener el orden. Propuso incorporar 15.000 agentes adicionales, distribuidos en tres turnos de 5.000 cada uno, para acercarse a estándares internacionales de vigilancia. También pidió que los custodios recuperen armamento letal retirado en 2021, lo que, dijo, dificulta traslados y operaciones internas sin apoyo militar o policial.
Como ejemplo, afirmó que en la Penitenciaría del Litoral, en Guayas, solo dos custodios vigilan un pabellón con cerca de 700 internos. “No nos pueden exigir mantener el control si somos pocos”, dijo.
Alarcón también denunció que los agentes penitenciarios reciben los salarios más bajos entre las instituciones regidas por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, pese a que informes técnicos del Ministerio de Trabajo y del SNAI califican su labor como de “altamente peligrosa”.
“No nos oponemos a la depuración, pero debe hacerse con debido proceso”, concluyó.
La experta en temas penitenciarios y extitular de la extinta Dirección Nacional de Rehabilitación Social, indicó que un posible ingreso de exmilitares y expolicías, solo sería viable si pasan por capacitación específica debido a que su formación “es distinta a la penitenciaria”.
Señaló que la selección debe ser “minuciosa”, al afirmar que integrantes de fuerzas del orden también han sido captados por estructuras criminales. “No se puede tapar el sol con un dedo”, dijo.
Villarreal agregó que la crisis de seguridad se combina con un deterioro sanitario agravado por el hacinamiento, pese a que la normativa establece espacios unipersonales. Aseguró que la falta de reubicación entre cárceles facilita brotes de tuberculosis y otras enfermedades, que no son enfrentadas de manera oportuna debido a limitaciones en los presupuestos.
Diego Pérez, experto en seguridad y catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), sostuvo que, pese al déficit presupuestario y de personal, el SNAI continúa siendo la entidad rectora del sistema carcelario y sus funciones deben respetarse. Señaló que la contratación de expolicías y exmilitares y otras medidas deben alinearse con una estrategia estatal integral. “Las decisiones suelen tomarse de manera coyuntural”, dijo.
“Estas nuevas contrataciones pueden estar bien, pero deben aterrizarse en términos más estructurales con los objetivos que se quieren conseguir y cual es la naturaleza de cada una de las instituciones que existen hoy”, comentó.
Mientras tanto, el hacinamiento en las cárceles alcanzó el 36,54% al 26 de septiembre, la cifra más alta registrada en lo que va del año, según las más recientes estadísticas publicadas por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Esa semana se cerró con 36.616 internos frente a una capacidad instalada efectiva de 26.818 plazas, es decir 9.798 sitios faltantes.
