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Agentes carcelarios, desprotegidos ante el crimen organizado
marzo 14, 2025

Acosados por la violencia y tras explosión de ayer en la Penitenciaría de Guayaquil, los agentes carcelarios claman protección. Su última dotación de chalecos y gas pimienta fue en 2021, dicen. El SNAI, como siempre, guarda silencio. 

POR: Juan Camilo Escobar

Ni la declaratoria del conflicto armado interno del 9 de enero de 2024, que puso las cárceles bajo control militar. Ni el ‘habeas corpus’ que, siete días después, una jueza concedió a favor de los agentes penitenciarios. Ni las masacres registradas en los centros de detención en los últimos años. Ni siquiera el ataque con coche bomba que ayer mató a un guía penitenciario en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, han sido suficientes para que el Gobierno renueve los equipos de protección entregados a los agentes penitenciarios en 2021.

Así de grave es la denuncia —y al mismo tiempo súplica— que realizó esta mañana, mediante una rueda de prensa, la Asociación de Servidores Penitenciarios (Asoserpen), al advertir que ninguno de los 2.700 agentes cuenta con equipo de protección adecuado desde la última dotación, hace cuatro años.

Así, los representantes del gremio lamentaron que esos equipos, ahora desgastados y obsoletos, resultan ineficaces ante los riesgos que enfrentan a diario en un sistema carcelario marcado por la violencia, en especial por las amenazas y ataques de grupos de delincuencia organizada, dentro y fuera de las prisiones.

INSENSIBILIDAD

Se trata del mismo pedido, siempre urgente, que han hecho en años anteriores, recordaron los representantes de Asoserpen. Sin embargo, señalaron que el reciente ataque terrorista en los exteriores de la cárcel de Guayaquil fue el detonante para expresar un malestar acumulado durante años.

Denunciaron la falta de medidas para garantizar su seguridad, a pesar de la muerte de 15 de sus compañeros el año pasado y dos en lo que va de 2025. También reclamaron que no se les ha restituido “el rancho” o subsidio de alimentación, que no se ha cubierto el déficit de personal —con apenas 22 guías por cárcel— y que no se ha tramitado una ley que les permita jubilarse tras 21 años de servicio, al igual que policías y militares.

RIESGO

Nada de esto ha sido escuchado, insistieron. Es más, el pronunciamiento público del gremio estuvo a punto de no realizarse. A pocos minutos de la rueda de prensa convocada por Asoserpen, su vocero fue citado por las autoridades del Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), lo que le impidió asistir. Sin embargo, sus compañeros decidieron no suspender el evento y denunciaron la falta de respuestas concretas. Según afirmaron, las autoridades ofrecieron a su representante entregar los recursos solicitados en los próximos días.

“Sabemos, extraoficialmente, que se han comprometido, por parte del Estado, a otorgar todos estos equipos de seguridad, con el objeto de precautelar la integridad de los servidores penitenciarios”, manifestó Diego Pozo, abogado de Aserpren.

“Queremos hacer un llamado al Poder Ejecutivo para que los servidores sean escuchados, porque tienen mucho que aportar e informar en el planteamiento de seguridad del Estado. Ellos viven día a día dentro de las cárceles”, expresó Pozo.

ESPERA

El jurista recordó que desde el 15 de enero de 2024, cuando obtuvieron una sentencia favorable de ‘habeas corpus’, han exigido la entrega de estos implementos y el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

“Si ese compromiso existe, queremos que se concrete. A los servidores penitenciarios los están matando, los están dejando en el abandono; cada vez son más vulnerables. Hacemos un llamado de atención (a las autoridades del SNAI) para que recapaciten sobre lo que está sucediendo”, exhortó.

Por su parte, Érica García, secretaria de Asoserpen, pidió que se reconozca la labor del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria: “Se ha llegado al compromiso de entregar el equipamiento la próxima semana. Esperemos que así sea, porque dentro de un centro de privación de libertad corremos mucho riesgo y necesitamos nuestro equipo, nuestra dotación. Es una obligación del Estado y un derecho como servidores contar con el equipamiento necesario para cumplir nuestras funciones”, declaró.

La representante advirtió que requieren con urgencia equipos de protección no letales, como chalecos antibalas o gases pimienta, herramientas que —insistió— podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas. En estos casos, dijo, dentro de las cárceles los presos “tienen más equipamiento que un servidor penitenciario”, denunció.

“Sabemos que tenemos un seguro de vida, pero eso no va a representar la pérdida de un ser querido. Es muy difícil para la familia saber que sale a trabajar un servidor penitenciario y no saber si va regresar. Tiene hijo, esposa, madre. Somos 2.700 servidores y muchas de las veces se ha tenido que equipar con sus propios medios, con su propio dinero como son los chalecos, los uniformes”, comentó.

IMPUNIDAD

Respecto a las investigaciones por el asesinato de 17 agentes penitenciarios en los últimos dos años, la representante denunció que las autoridades judiciales no han dado respuestas y que, hasta el momento, no existe un solo detenido. “Son 17 muertes que han quedado en la impunidad. No tenemos respuesta alguna”, reclamó.

De su parte, Juan del Hierro, directivo de la Asoserpen, lamentó que los guías penitenciarios han sido asesinados de manera sistemática y que, hasta ahora, se desconocen las causas particulares. “Le corresponde a la Fiscalía investigar, pero los muertos están ahí”, expresó.

Del Hierro señaló que la muerte de su compañero, ocurrida ayer en los exteriores de la Penitenciaría fue el detonante que llevó a Asoserpen a solicitar al SNAI la dotación de equipos. 

“En este momento no tenemos el equipamiento mínimo. El equipo entregado en 2021 es técnicamente obsoleto. Un gas pimienta pierde su efecto a los dos años de su fabricación. Un chaleco antibalas también deja de servir tras cinco años. Y puedo asegurar que, al interior del SNAI, ningún servidor cuenta con un chaleco que garantice su protección en este momento”, denunció.

SILENCIO OFICIAL

Hasta el cierre de esta nota, el SNAI, como es su costumbre, no respondió a una solicitud de una reacción sobre este tema

Fernando Sánchez, experto en temas penitenciarios y exdirector del SNAI, sin embargo, calificó la situación de los servidores penitenciarios como «crítica y cada vez más vulnerable» debido a la creciente inseguridad en los centros carcelarios.

Sánchez destacó que esta problemática es tan grave que no sólo el personal penitenciario, sino también la sociedad, debería exigir al Estado y sus autoridades que aclaren las prioridades en materia de seguridad en las cárceles del país. Propuso que la Contraloría realice una «auditoría de gestión» a las autoridades y administraciones que, desde 2021, no han invertido lo necesario para garantizar el equipamiento mínimo de los agentes penitenciarios.

«Es esencial conocer los criterios de prioridad del SNAI tras la última entrega de equipos en 2021, especialmente en adquisiciones, inversiones y en relación con su misión institucional», dijo Sánchez. 

«Si no se han renovado las adquisiciones, ¿dónde está el valor agregado de la administración del SNAI? Además, si no se invierte en el recurso humano, tanto en equipamiento como en capacitación, y no se diseñan y aplican modelos de atención y rehabilitación, ¿qué futuro le espera al sistema penitenciario?»

Sánchez también criticó la gestión de diferentes administraciones del SNAI tras la última renovación de equipos en 2021, afirmando que no han cumplido con su rol y deben rendir cuentas. 

Finalmente, advirtió sobre los riesgos que corren los servidores penitenciarios al carecer de los medios necesarios para desempeñar su labor. «Si no cuentan con los recursos para trabajar, ¿cómo pueden mantener el orden” en las cárceles?, cuestiona. Si los presos son conscientes de esta debilidad, agregó, “es preocupante pensar en las posibles acciones en contra de los guías. Esto demuestra que las declaraciones de emergencia no han sido suficientes para implementar las decisiones necesarias en el sistema de rehabilitación».

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