El pleno de la Asamblea logró una votación casi unánime para censurar y destituir al presidente del Consejo de la Judicatura, quien había renunciado minutos antes del juicio político. Solo Jhajaira Urresta, afín al oficialismo, se abstuvo.
En una votación que a pesar de las diferencias de fondo reunió a la Revolución Ciudadana y ADN, el pleno de la Asamblea censuró y destituyó a Mario Godoy, presidente del Consejo del Consejo de la Judicatura.
Godoy fue juzgado en ausencia, puesto que minutos antes que se instale el juicio político en su contra, presentó su renuncia irrevocable al cargo y no se presentó a la sesión plenaria a ejercer su derecho a la defensa.
Para el correísmo, proponente de la interpelación, la renuncia demuestra que sus pruebas documentales y testimoniales eran contundentes. Viviana Veloz, principal interpelante, manifestó que es un logro para la ciudadanía el haber logrado sacar del cargo al “símbolo del narcotráfico”. «La Revolución Ciudadana se hizo eco de la indignación de los ecuatorianos que no están dispuestos a seguir tolerando que el narcotráfico maneje la justicia», dijo Veloz.
Sin embargo, alertó que a pesar de la renuncia de Godoy, el presidente de la República, Daniel Noboa, sigue manejando la justicia a través de Damián Larco, quien viene actuando como presidente temporal de la Judicatura y a través de la terna que la Corte Nacional de Justicia remitió al Consejo de Participación Ciudadana para que designe al vocal suplente.
Por su parte Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la Comisión de Fiscalización, manifestó que las pruebas documentales y testimoniales que presentaron la Revolución Ciudadana en contra de Godoy no sirvieron para recomendar su interpelación, sino que fueron los documentos presentados por el propio Godoy lo que permitió que el proceso vaya al pleno de la Asamblea con la recomendación de juicio político.
La sesión del Pleno
El centro del debate parlamentario fueron las causales para la censura y destitución. Los legisladores correístas proponentes acusaron a Godoy de incumplimiento de funciones, principalmente en lo relativo a garantizar la independencia judicial, ejercer control disciplinario sobre funcionarios judiciales, proteger la integridad de jueces amenazados y actuar con transparencia y probidad en la administración de justicia.
Como ejemplos concretos presentaron los casos Euro 2024, en el que fue sentenciado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan; presiones indebidas al juez Carlos Serrano para que falle a favor de ese narcotraficante; supuesto conflicto de intereses por el presunto patrocinio de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, en el caso Euro 2024; y, presiones indebidas realizadas a la jueza Nubia Vera.
El oficialismo no encontró en Godoy ningún conflicto de intereses, ninguna actuación a favor de narcotraficantes, ninguna presión a jueces.
El oficialismo desestimó las pruebas documentales y testimoniales presentadas durante la etapa de sustanciación en la Comisión de Fiscalización, de mayoría de ADN, avaló su informe y los censuraron por la causal de manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones, en lugar de la causal genérica de incumplimiento de funciones. Específicamente por no garantizar la seguridad de Serrano y enredarse en trámites burocráticos para la protección real de los operadores de justicia. Para el bloque de ADN, Godoy cumplió sus funciones, pero no las cumplió a cabalidad.
Así lo expresaron en el desarrollo del debate parlamentario. Viviana Veloz (RC), asambleísta interpelante, dijo que la renuncia de Godoy era una oda al cinismo, pero que con el informe de la Comisión de Fiscalización, la mayoría oficialista prácticamente lo nombraba “beato y le piden perdón por recomendar la censura y destitución del operador del narcotráfico en el corazón de la Judicatura”. Veloz y Franklin Samaniego, otro de los interpelantes, procedieron a sustentar los casos presentados contra Godoy.
Desde las filas del oficialismo se defendió el informe de la Comisión de Fiscalización y aseguraron que en ningún momento trataron de salvar a Godoy. La legisladora Ana Belén Tapia recordó en el debate parlamentario que el correísmo salvó del juicio político a Wilman Terán, expresidente de la Judicatura sentenciado por actos de corrupción en el caso Metástasis, entre otros. Tapia también exhibió una foto de la primera gestión de Godoy, en 2024, cuando fue posesionado por Viviana Veloz, a esa fecha titular de la Legislatura.
Sin embargo, no mencionó, en cambio, que en el segundo periodo del titular de la Judicatura, fue posesionado por Mishel Mancheno, asambleísta de ADN y primera vicepresidenta de la Asamblea. La moción de Tapia para la censura y destitución fue la que finalmente se trató en en Pleno, por “manifiesta inoperancia en el cumplimiento de funciones”. La justificación de destituirle a pesar de la renuncia, fue que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana no ha tramitado hasta el momento esa renuncia.
La situación en la Judicatura
Con la destitución de Godoy, al frente de este organismo queda Damián Larco como presidente temporal. Larco dirigió el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante este Gobierno. Llegó a la Judicatura al integrar la terna propuesta por el Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana para la respectiva designación. Escaló a la presidencia temporal cuando Godoy se fue de vacaciones y debido a que su vocal suplente, Alexandra Villacís, fue separada de la institución por presuntamente estar inhabilitada para ejercer cargo público, según el Ministerio de Trabajo.
Esto mientras el Consejo de Participación Ciudadana inició el proceso para designar al vocal suplente de la presidencia de la Judicatura de la terna que remitió la Corte Nacional de Justicia y que la integra Mercedes Caicedo Aldaz, Óscar Chamorro González, y Fernanda Morejón Villavicencio.
El proceso de designación está en marcha. Por lo pronto el Consejo de Participación convocó a los interesados en integrar la veeduría ciudadana que acompañará el proceso de designación a que se inscriban hasta el 27 de febrero.
