El cordonazo de San Francisco puso nuevamente a Quito ante una realidad que exige mucho más que una breve preocupación de momento. Las inundaciones, las varias vías afectadas y las múltiples emergencias atendidas nos recuerdan que la seguridad de una ciudad depende tanto de su capacidad de respuesta como de las decisiones adoptadas oportunamente, antes de que llegue la tormenta. Detrás de cada uno de los daños e inconvenientes reportados existen personas, familias enteras y bienes cuya protección merece la atención de la acción pública. Y es que la gestión de riesgos requiere planificación suficiente, conocimiento profundo del territorio, mantenimiento permanente de la infraestructura pública y coordinación institucional entre las diferentes entidades del sector público. Supone, inevitablemente, identificar las amenazas, reducir las vulnerabilidades y preparar a la población para responder adecuadamente a los desastres naturales u otros provocados por el ser humano.
Una ciudad que crece necesita comprender por dónde corre el agua, qué ocurre con sus quebradas, en dónde es peligroso construir y qué capacidad de evacuación tiene su red o sistema de alcantarillado. Estos asuntos deberían formar parte de las decisiones cotidianas sobre el desarrollo urbano de la capital. Porque responder a una emergencia es indispensable y lo es también comprender qué pudo haberse evitado. Ciertamente, la intensidad de una lluvia merece una evaluación técnica; por si sola, no permite de modo alguno atribuir todas las afectaciones a la negligencia de las autoridades pero tampoco permite eximirlas de responsabilidad. Hace falta, previamente, información contrastable sobre las condiciones de la infraestructura pública, sobre los mantenimientos realizados, sobre las alertas posiblemente emitidas y sobre la actuación particular de cada una de las instituciones inmiscuidas en este tipo de incidentes. Al parecer, aún no hemos comprendido que la rendición de cuentas adquiere sentido solamente cuando nos permite corregir las deficiencias y evitar las reincidencias.
Pero los ciudadanos también tenemos responsabilidades concretas en este asunto. Arrojar basura en las calles, ocupar indebidamente cauces de agua, ignorar advertencias o intentar atravesar una vía inundada compromete indiscutiblemente nuestra seguridad y la de todos. La prevención exige de nosotros hábitos, colaboración y permanente predisposición para atender y ejecutar las indicaciones dadas por los organismos competentes, incluso cuando las mismas nos resultan incómodas. Aunque esta responsabilidad, obviamente, no diluye de modo alguno las obligaciones que tienen las diferentes autoridades. Simplemente, estas últimas y la ciudadanía en general deben cumplir lo que a cada uno le corresponde. Ante una emergencia, la responsabilidad finalmente es de todos.
Sin embargo, si preocupa que una emergencia de esta naturaleza pueda ser convertida en material de campaña electoral. El sufrimiento ajeno merece respeto y utilizarlo para obtener visibilidad, atribuir culpas apresuradas o presentar antojadizamente soluciones sin sustento alguno es miserable y empobrece un debate que debería ayudarnos en realidad a proteger la vida. Quien aspira a gobernar tiene el deber de explicar qué propone, cómo lo va a financiar y de qué manera evaluará sus resultados. Si bien exigir cuentas es una expresión legítima de la ciudadanía y formular críticas sustentadas también, la seriedad del asunto demanda reconocer con precisión que funciona, que es lo que falla y contribuir a resolverlo. La adhesión o rechazo a una autoridad en particular no debería determinar nuestra lectura sobre los hechos ocurridos. En todo caso y más allá de la banalidad de la contienda electoral, la próxima lluvia exige desde ya trabajo porque cuando están en juego la vida y la seguridad de los quiteños, la responsabilidad pública y ciudadana debe estar por encima del cálculo electoral.
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