La Comisión de Seguridad de la Asamblea recoge los criterios de los especialistas para el informe de primer debate del proyecto de Ley Antimafias. Una de las sugerencias recurrente es que la pena propuesta vaya acorde a la gravedad del delito.
La dosimetria de la pena es uno de los puntos más observados por los especialistas en el tratamiento del proyecto de Ley Antimafias, cuyo tratamiento está a cargo de la Comisión de Seguridad de la Asamblea.
El proyecto de Ley es iniciativa de la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, y reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial y, según el oficialismo, busca combatir al crimen organizado desde la base mismo del grupo delincuencial.
Entre otro aspectos propone como delito autónomo el pertenecer a una organización de delincuencia organizada, que se sancionaría con prisión entre 10 y 22 años según el nivel de pertenencia; inhabilita en el ejercicio de la abogacía a profesionales que sean condenados por delitos relacionados con lavado de activos, corrupción o crimen organizado; eleva las penas de 7 a 10 años para quienes paralicen servicios de combustibles o comercialicen ilegalmente derivados de crudo y gas; y propone reformar la ley para permitir el uso y asignación temporal de bienes incautados hacia entidades públicas o fundaciones sin fines de lucro.
Los aportes
Para construir el informe para primer debate con aportes institucionales, la Comisión convocó a delegados de la Contraloría y del Consejo de la Judicatura.
Ricardo Reyes, delegado de la Contraloría, manifestó que hay penas desproporcionadas como por ejemplo, en el tema de los delitos contra los hidrocarburos dónde al cómplice se le va a sancionar con penas 90% más altas que al autor del delito, lo que acarrearía que se presenten demandas de inconstitucional por vulnerar el principio de proporcionalidad.
Reyes propuso incorporar en el COIP la figura del cómplice o colaborador necesario, cuya participación indispensable sea sancionada con la misma pena que el autor.
Tannia Loyola, del Consejo de la Judicatura, agregó que la pena debe ser proporcional con el delito cometido y debe mantener la coherencia con los otros delitos contemplados en el sistema penal. La funcionaria dijo que el país necesita herramientas fuertes contra la mafia, pero también necesita normas aplicables, proporcionales y constitucionales.
Además considera que la creación de nuevas figuras penales debe contemplar cuál es el vacío normativo que se pretende cubrir para evitar que una conducta se sancione más de una vez por figuras penales diferentes.
Otras observaciones
El representante de la Contraloría dijo que en la expedición de la nueva normativa debe quedar claro el momento procesal en el que el juez podrá ordenar el decomiso de vehículos y otros bienes utilizados en delitos contra la actividad hidrocarburífera, ya que tal como está la propuesta actual no hay claridad sobre el momento en que se puede recurrir a esta figura.
Sobre los bienes incautados, Loyola manifestó que desde la experiencia institucional, la disposición anticipada de los bienes contempla riesgos patrimoniales y operativos, ya que qué pasa con el bien entregado si el proceso concluye con un sobreseimiento o ratificación de inocencia, cómo se lo puede devolver una manera adecuada y oportuna.
