Por más que la propaganda y el discurso oficial nos quieran hacer creer que se está combatiendo la criminalidad, los indicadores nos dicen lo contrario. Los últimos tres años han sido los más violentos en la historia del país. Y no estoy diciendo que no haya voluntad para enfrentar al crimen; creo que sí la hay.
El problema es que los políticos siempre nos han dicho que la violencia se resuelve con intervenciones en la ley penal y en el sistema de justicia, lo cual es un grosero error, pues tanto la ley penal como el sistema de justicia intervienen luego de cometido el delito. Al crimen se lo combate principalmente con política criminal, con un Estado fuerte y eficiente que ataque los factores de riesgo de la criminalidad. Fácil es decirlo, difícil ejecutarlo; pero el problema es que ni siquiera lo ven nuestros gobernantes.
Ahora, si atendemos a la cuota del sistema de justicia en la violencia, sin duda la impunidad es un factor importante. Y aquí es donde los asambleístas populistas han abonado al problema. Ellos se aprovechan de la desesperación de la gente para, con discursos histriónicos, insistir en reformas penales que aumenten penas y reduzcan garantías. Reciben el aplauso de la masa desinformada y se regodean con la bandera de la víctima. Ganan votos.
La realidad es diferente y para muestra un botón. En los últimos años hemos aumentado tanto las penas que, si una persona es detenida portando 60 gramos de cocaína (imagínese una pequeña funda de sal), de una pena de cinco años en 2024 pasó a una pena de hasta 22 años en la actualidad.
El caso particular es dramático por lo desproporcional de la sanción. Por matar dolosamente, la pena es casi la mitad de la que le corresponde a quien porta una funda de cocaína.
Pero si lo que nos preocupa es reducir la impunidad y tener un sistema eficiente, las reformas penales han hecho exactamente lo contrario. Antes, el ejemplo propuesto se habría resuelto en máximo una semana a través de un procedimiento abreviado, donde el infractor acepta la culpabilidad y se le reduce la pena. Hoy, por la gravedad de la pena, no se puede resolver bajo dicho procedimiento, sino solo por la vía ordinaria, con procesos largos y tediosos que tienen atiborrados de trabajo a los fiscales con casos que antes eran sencillos. No solo que los asambleístas populistas boicotean el trabajo de los fiscales, sino que al final favorecen a las organizaciones criminales, que enfrentan a un sistema de justicia distraído en casos menores.
Toda suya, asambleístas populistas.
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