- Ecuador ingresó por primera vez en el Índice Global de Tortura 2026 de la OMCT con calificación de alto riesgo —la segunda más grave en una escala de cinco niveles— en cinco de sus siete dimensiones evaluadas.
- Entre 2024 y 2026 se documentaron 369 denuncias de tortura y al menos 51 desapariciones forzadas presuntamente cometidas por agentes del Estado durante operaciones militares. Seis de las víctimas desaparecidas eran niños o adolescentes.
- El país acumuló más de 500 días de restricciones a garantías constitucionales bajo estados de excepción reiterados. La Fiscalía investiga 43 casos de desaparición forzada, pero la unidad especializada operó con recursos mínimos hasta finales de 2025.
- La impunidad es el patrón dominante: la mayoría de investigaciones no ha derivado en condenas, el acceso de organismos independientes a las cárceles está restringido por decreto, y en 2025 se aprobó legislación que amenaza la libertad de asociación.
Ecuador atraviesa desde 2023 una de las crisis de seguridad más agudas de su historia reciente. Las muertes violentas llegaron a 8.004 en 2023, y aunque el año 2024 cerró con 7.033 homicidios, la cifra seguía siendo históricamente alta.
En enero de 2024, tras una escalada de violencia, el presidente Daniel Noboa decretó varios estados de excepción de varios meses de duración y declaró un «conflicto armado interno» contra grupos de delincuencia organizada. La respuesta fue masiva: desde entonces, la Presidencia emitió al menos otros 13 decretos ejecutivos que suspendieron garantías constitucionales como la libertad de circulación y de reunión en distintas partes del país. En total, el país acumuló más de 500 días de restricciones a garantías fundamentales.
El problema no es solo la violencia del crimen organizado, sino la respuesta del Estado. La militarización de las calles y las cárceles provocó graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos. Amnistía Internacional concluyó que la estrategia no solo no redujo los delitos, sino que aumentó las violaciones de derechos humanos.
El índice: qué es y qué mide
El Índice Global sobre la Tortura fue lanzado en junio de 2025 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en vísperas del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Fue desarrollado en colaboración con aproximadamente 90 organizaciones de la sociedad civil y analiza datos de 26 países.
Ecuador fue incorporado por primera vez en la edición 2026. El índice evalúa siete áreas: compromiso político contra la tortura, violencia policial e institucional, condiciones de las personas privadas de libertad, lucha contra la impunidad, derechos de las víctimas, protección de grupos vulnerables y espacio cívico. Ecuador obtuvo clasificación de alto riesgo o riesgo muy alto en cinco de esas siete dimensiones.
Pilares temáticos
En Ecuador, la tortura está tipificada en el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, el Comité contra la Tortura señaló que su redacción no cumple plenamente con los estándares de la Convención, dejando vacíos que dificultan su correcta sanción y favorecen la impunidad.
A esto se suma una práctica institucional de subregistro: los actos que podrían constituir tortura con frecuencia son investigados como «exceso en los límites del deber oficial». Entre 2024 y 2026 se registraron 621 denuncias bajo esa categoría frente a 369 por tortura.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura visitó el país en 2022 y documentó preocupaciones estructurales; su informe sigue siendo confidencial porque el Estado no lo ha publicado, lo que limita la transparencia y la rendición de cuentas.
En Ecuador se ha consolidado un patrón de brutalidad policial y uso desproporcionado de la fuerza en operaciones policiales y militares, particularmente durante las protestas sociales y el paro nacional de 2025. Organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 391 violaciones verificadas, incluyendo 206 detenciones arbitrarias, 473 personas heridas —varias con lesiones graves por proyectiles y gas lacrimógeno— y al menos dos muertes atribuidas al uso de la fuerza.
La política de seguridad bajo el «Plan Fénix» también suscitó preocupación internacional: entre enero y mayo de 2024 se reportaron 35.000 detenciones, incluyendo arrestos por terrorismo, lo que apunta a un posible uso arbitrario de medidas antiterroristas para restringir derechos y garantías procesales.
Este contexto se agrava con la criminalización de la protesta, los ataques contra periodistas y allanamientos sin orden judicial, reflejando una tendencia más amplia de militarización que incrementa el riesgo de violaciones sistemáticas y debilita los mecanismos de control.
Las personas privadas de libertad en Ecuador enfrentan una crisis estructural marcada por hacinamiento extremo, falta de atención médica, desnutrición, acceso limitado a agua potable y altos niveles de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la Cárcel del Guayas N°1 por estas condiciones críticas.
La situación sanitaria es grave: se reportaron más de 1.000 casos de tuberculosis en 2025 y se registraron 346 muertes en Guayaquil entre enero y mayo de 2026. Las muertes bajo custodia estatal están estrechamente vinculadas a la falta de atención médica, desnutrición y negligencia.
La violencia también es sistemática: se registraron masacres en una cárcel de Esmeraldas (17 muertos) y una explosión en la cárcel de Machala (13 muertos), en uno de los años más letales para el sistema penitenciario. Persisten el aislamiento, las restricciones a visitas y la ausencia de salvaguardias, lo que incrementa el riesgo de tortura.
Entre enero de 2024 y abril de 2026, durante el estado de excepción, la Fiscalía General registró 1.110 denuncias de graves violaciones de derechos humanos: 621 por uso excesivo de la fuerza, 369 por tortura, 57 por privación ilegal de libertad, 38 por desaparición forzada y 25 por ejecución extrajudicial, afectando a al menos 1.295 víctimas.
A pesar de la magnitud de estos hechos, la respuesta judicial es extremadamente limitada: solo una condena por tortura, y ninguna condena por desaparición forzada, ejecución extrajudicial, uso excesivo de la fuerza o privación ilegal de libertad. Más del 80% de los casos se mantiene en etapa de investigación preliminar, con numerosos expedientes archivados o sin avances sustanciales.
En los casos de desaparición forzada, el Ministerio de Defensa perpetúa el clima de impunidad al negarse a entregar información sobre las operaciones militares. Esta brecha crítica entre el volumen de denuncias y las sanciones penales refleja un patrón de impunidad estructural.
El Comité contra la Tortura señaló un alto nivel de impunidad respecto a crímenes del pasado: solo 3 condenas de 119 casos documentados por la Comisión de la Verdad (2010), y el cierre de casos sin investigación ni notificación a las víctimas. En materia de reparaciones, solo 156 de 459 víctimas han recibido alguna forma de resarcimiento.
El Comité de Derechos Humanos citó cifras similares (12 condenas de 118 casos) y señaló que la mayoría permanece en etapas preliminares. Además, cuestionó que el Museo de la Memoria fue construido sin participación significativa de las víctimas.
A esta situación se suma la revictimización y criminalización continua, incluyendo campañas de desinformación contra víctimas como en el caso Malvinas, lo que refleja un patrón persistente de estigmatización y ausencia de garantías efectivas de verdad, justicia y reparación.
La violencia estructural y el crimen organizado en Ecuador impactan gravemente a los grupos vulnerables. Entre 2014 y 2025 aumentaron las muertes violentas de niñas, niños y adolescentes en contextos de reclutamiento forzado, sin condenas contra los responsables. El estado de excepción ha intensificado la discriminación racial y la criminalización de jóvenes afrodescendientes e indígenas, con detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desapariciones de corta duración.
El caso Malvinas —cuatro niños y adolescentes de entre 11 y 15 años— refleja tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial atribuida a agentes estatales, evidenciando racismo estructural e impunidad.
La violencia de género también es crítica: se registraron 2.391 femicidios y transfemicidios entre 2014 y 2025, con un incremento alarmante en 2025. Respecto al aborto, pese a avances legales, persisten la criminalización y las barreras institucionales: hasta 2025 se registraron al menos 472 casos de criminalización por aborto.
El espacio cívico en Ecuador enfrenta un deterioro acelerado. Desde 2024, la declaratoria de «conflicto armado interno» y el uso reiterado de estados de excepción han restringido libertades fundamentales. En 2024, 1.471 documentos fueron clasificados como confidenciales (81,68%), limitando la transparencia y el escrutinio público.
La Ley Orgánica de Transparencia Social impone controles desproporcionados sobre las organizaciones de la sociedad civil mediante obligaciones de registro, reporte financiero y supervisión estatal, e incluye mecanismos como el congelamiento de fondos sin garantías suficientes.
Se han reportado hostigamientos a periodistas, congelamiento de cuentas, cierre de medios y exilio de voces críticas. Al menos 486 defensores y defensoras de derechos humanos están en riesgo, incluyendo defensores ambientales criminalizados por oponerse al extractivismo.
Fuente: Índice Global de Tortura 2026, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). tortureindex.org
Los datos: qué documentaron los organismos
Desapariciones forzadas
En enero de 2024, el gobierno declaró el estado de excepción mediante el Decreto ejecutivo 110 y el supuesto «conflicto armado interno» mediante el Decreto ejecutivo 111. Desde entonces, Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de graves violaciones de derechos humanos, en particular en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas.
El informe «Son militares, yo los vi» documenta la desaparición forzada de 10 personas durante cinco operativos de seguridad en 2024. Amnistía Internacional concluyó que en todos los casos se cumplen los tres elementos constitutivos de la desaparición forzada bajo el derecho internacional: privación de la libertad, participación de agentes estatales y negativa de las autoridades a reconocer la detención o informar el paradero de las víctimas.
La Fiscalía General del Estado abrió investigaciones sobre la posible desaparición forzada de 43 personas tras las operaciones de seguridad de 2024. En diciembre de 2025, 16 miembros de las Fuerzas Armadas fueron condenados por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes ocurrida en Guayaquil, con confirmación de que cometieron tratos crueles y tortura durante la detención.
Tortura y condiciones de detención
Entre 2024 y 2026 se registraron 369 denuncias de tortura. Desde enero de 2024, los militares mantuvieron a muchas personas privadas de libertad incomunicadas durante largos períodos, obstaculizando su acceso a abogados y a atención médica. Las cárceles registraron hacinamientos superiores al 132%, con crisis de violencia, desnutrición y falta de atención sanitaria.
Uso de la fuerza en protestas
Hasta el 18 de octubre de 2025, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador registró 377 reportes de violaciones de derechos humanos durante las protestas, que resultaron en al menos 296 personas heridas y dos fallecidas. Human Rights Watch verificó videos que mostraban a fuerzas de seguridad disparando gas lacrimógeno en trayectoria baja contra viviendas y proyectiles a corta distancia directamente contra manifestantes que huían.
Niñez y grupos vulnerables
Los homicidios de adolescentes de entre 15 y 19 años aumentaron un 17% en el primer semestre de 2024 frente al mismo período de 2023. El fenómeno también incrementó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en estructuras delincuenciales. Entre las desapariciones forzadas documentadas en operativos de 2024, seis de las víctimas eran niños o adolescentes.
El problema estructural: la impunidad
La Fiscalía investiga la posible desaparición de 43 personas tras operativos militares de 2024, en un proceso que avanza lentamente y sin cooperación efectiva de las Fuerzas Armadas. Hasta diciembre de 2025, la unidad especializada en la investigación del uso ilegítimo de la fuerza contaba únicamente con recursos mínimos para atender el volumen de casos.
Indicador
Transparencia y acceso a la información
En 2024, el 81,68% de documentos oficiales fue clasificado como confidencial. El Estado limita el acceso de organismos independientes a información sobre operaciones de las fuerzas de seguridad.
Fuente: Índice Global de Tortura 2026, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) — tortureindex.org
A esto se suma la presión sobre el sistema judicial. En febrero de 2024, el presidente Noboa calificó de «antipatria» a un juez que falló en contra de las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos en cárceles. El Decreto N° 218, que designa las prisiones como zonas de seguridad, restringe el acceso de organismos independientes de control.
Los compromisos internacionales y la brecha con la realidad
Desde 1988, Ecuador forma parte de la Convención contra la Tortura de la ONU, junto a 173 países, y se somete a revisiones periódicas por parte del Comité de 10 expertos independientes. También ratificó el Protocolo Facultativo en 2010 y cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención. Sin embargo, la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2019 y 2022 continuó sin resolverse.
El espacio cívico está clasificado como obstruido por CIVICUS. La Asamblea Nacional aprobó en agosto de 2025 una ley que amenazaba la libertad de asociación.
Las recomendaciones de la OMCT, Amnistía Internacional y Human Rights Watch coinciden en diez puntos centrales, entre ellos: investigaciones independientes con rendición de cuentas para mandos superiores; supervisión civil efectiva de las Fuerzas Armadas; derogación del Decreto N° 218; protocolos de protección para niñas, niños y adolescentes en contextos de seguridad; y una ley integral de protección para defensores de derechos humanos.
Recomendaciones — Índice Global de Tortura 2026
Garantizar que todas las denuncias se investiguen con prontitud, de forma independiente e imparcial, sin trasladar la carga de la prueba a las víctimas, y evitando su reclasificación como «exceso del deber oficial» u otras categorías que dificulten el enjuiciamiento.
Garantizar que la participación de las FF.AA. en tareas de seguridad pública sea excepcional, temporal y subordinada, con mecanismos eficaces de control civil, supervisión independiente y rendición de cuentas.
Limitar el uso de los estados de emergencia: que sean temporales, estrictamente necesarios y proporcionales, sujetos a revisión judicial oportuna y conformes con los principios de legalidad y no discriminación.
Permitir y garantizar la supervisión periódica, independiente y sin restricciones de todos los centros de detención por organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Derogar el Decreto N° 218 —que designa las prisiones como zonas de seguridad— y promover una reforma penitenciaria integral con perspectiva de género, que prohíba registros intrusivos y garantice condiciones dignas y lazos familiares.
Establecer protocolos claros y obligatorios para informar a familias sobre el paradero y condiciones de detención, con mecanismos confidenciales y seguros para denunciar abusos, y protección efectiva contra represalias.
Implementar sin demora protocolos específicos para la protección, búsqueda y atención de niños, niñas y adolescentes en contextos de seguridad, garantizando su interés superior y la intervención inmediata de autoridades civiles.
Garantizar la independencia institucional con el nombramiento transparente del Defensor del Pueblo, dotarlo de recursos suficientes y asegurar el pleno cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Cumplir plenamente con el caso Norma vs. Ecuador, que reconoce que la maternidad forzada puede constituir tortura, incluyendo reparaciones, garantías de no repetición y acceso efectivo al aborto.
Derogar la Ley de Transparencia Social y su reglamento, que imponen controles desproporcionados a la sociedad civil. Adoptar en su lugar una ley integral de protección para defensores de derechos humanos con enfoque interseccional.
Fuente: Índice Global de Tortura 2026, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) — tortureindex.org
Fuentes
- Índice Global de Tortura 2026 (OMCT)
https://www.tortureindex.org - Expreso — Ecuador aparece por primera vez en el Índice Global de Tortura 2026
https://www.expreso.ec/justicia/ecuador-aparece-primera-vez-indice-global-tortura-2026-287298.html - OMCT: https://www.omct.org/es/recursos/comunicados-de-prensa/omct-global-torture-index-alarming-patterns-of-police-violence-and-systemic-impunity-worldwide
- Human Rights Watch — Informe Mundial 2025: Ecuador
https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/ecuador - Human Rights Watch — Abusos en la respuesta a las protestas (oct. 2025)
https://www.hrw.org/es/news/2025/10/21/ecuador-abusos-en-la-respuesta-a-las-protestas - Amnistía Internacional — Desapariciones forzadas cometidas por militares (sept. 2025)
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/09/ecuador-desapariciones-forzadas-cometidas-por-militares-evidencian-la-fallida-estrategia-de-seguridad/ - Amnistía Internacional — Informe para el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (mar. 2026)
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2026/03/AMR2806092026SPANISH.pdf - Amnistía Internacional — Informe para el Comité de la ONU contra la Tortura (jun. 2024)
https://www.amnesty.org/es/documents/amr28/8132/2024/es/ - Amnistía Internacional — Reporte anual Ecuador
https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/ecuador/report-ecuador/ - Corte Nacional de Justicia — Ecuador ante el Comité de la ONU contra la Tortura (jul. 2024)
https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/noticias-2024/185-julio-2024/562-ecuador-presento-su-octavo-informe-periodico-ante-el-comite-de-la-onu-contra-la-tortura - ONU — Caso Norma vs. Ecuador (Comité de Derechos Humanos)
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F142%2FD%2F3628%2F2019&Lang=en
