Un síntoma inequívoco del deterioro democrático de un Estado son los actos de agresión contra quienes denuncian actos de corrupción o defienden derechos humanos. El pasado 9 de junio de 2026, Ecuador amaneció de luto por la muy sospechosa muerte de Mónika Silva, una activista que denunciaba insistentemente actos de corrupción en la provincia de Santa Elena, vinculados especialmente al tráfico de tierras. El hecho ocurrió tras varios meses de que ella recibiera ataques digitales coordinados, y amenazas concretas contra su vida. Además, la muerte de Mónika se circunscribe en un contexto de crecientes ataques contra quienes deciden hablar sobre irregularidades en el manejo de lo público que ocurren en el país, y la correlativa inacción estatal frente a ellas.
Hace no mucho, un juez probo denunció un contubernio entre quienes entonces lideraban el Consejo de la Judicatura y un miembro de la mafia albanesa. Ese juez tuvo que exiliarse tras ser amenazado por el capo, y – coincidencia- ser privado de la protección estatal que hasta ese momento tenía. Poco antes, una Directora Provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana que denunciaba actos de corrupción entre fiscales y jueces de esa zona, también fue privada de protección, y tras ser atacada por varios sicarios a plena luz del día, también tuvo que salir del país. Sin irnos tan lejos del caso de Mónika, Robinson del Peso, quien también denunciaba hechos similares, fue asesinado bajo modalidad sicariato a plena luz del día. Y la propia Mónika, semanas antes de su muerte, venía haciendo arreglos para salir del país, presumiblemente a su natal Europa, para protegerse. Los arreglos, quizás, no se hicieron con la suficiente rapidez.
Aunque Mónika fue encontrada colgada en su domicilio- una escena podría hacernos creer que se suicidó- el contexto del caso y esos hechos recientes necesariamente empujan al más elemental sentido común hacia otra hipótesis: a Mónica la mataron. Y esa posibilidad a todos nos golpea como una bofetada de realidad, una realidad que desde hace meses tratamos de evadir y que hoy es inocultable: denunciar actos de corrupción este país se está volviendo sentencia de muerte. Porque la muerte de un denunciante o defensor de derechos humanos no solo afecta a la persona que pierde la vida, sino a toda la sociedad, que queda privada de conocer tales actos de corrupción. Cuando muere un denunciante, se afecta el derecho de todos a saber.
Además, la muerte de un denunciante es la herramienta perfecta para evitar la fiscalización ciudadana, pues genera un efecto inhibidor en cualquier otro que quiera hacer lo mismo. La muerte de Mónika, y la de Robinson antes de ella, son un mensaje contundente a todos quienes quisieran denunciar hechos similares: “si hablas mucho, te mueres”. Y como nadie se quiere morir, y menos a manos de sicarios, narcos o sus acólitos, se opta por el silencio. Y con el silencio, gana la impunidad y la ilegalidad, y se pierde, poco a poco, cualquier noción mínima de democracia.
La Comisión Interamericana de DDHH ha indicado que, cuando se trata de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, una de las hipótesis a investigar es la relación del delito cometido con la labor de defensa, como cumplimiento del deber de debida diligencia que debe primar en estos casos. Por ello, corresponde a las autoridades agotar las actuaciones necesarias para establecer o descartar una hipótesis que resulte plausible sobre el móvil del delito y su relación con la actividad de defensa de derechos humanos de la persona afectada. En easte sentido, si el Estado ignora de manera deliberada esta hipótesis del delito o no la investiga de manera exhaustiva- por ejemplo con una precipitada versión oficial sobre un “suicidio”- estaremos frente a una conducta de entrada, anticonvencional y podría, a la postre, generarle responsabilidad internacional al Estado.
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