María Gabriela León, abogada, magíster en Derecho Constitucional, docente universitaria.
El Presidente de la República, Daniel Noboa, cumple este 24 de mayo un año de gestión de este nuevo periodo de Gobierno. En el balance, sectores de oposición aseguran que ha cooptado instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, incluso el Consejo Nacional Electoral. Además, señalan que hay graves problemas de corrupción que quedan en la impunidad de altos funcionarios. Desde el lado del oficialismo hay una defensa cerrada, “sin beneficio de inventario”, a la gestión del Gobierno. En medio de esta polarización, en diálogo con Ecuador Chequea, María Gabriela León comparte su análisis jurídico-constitucional de cómo ha ejercido el poder Daniel Noboa.
¿Cómo evalúa este año de gestión del Presidente Daniel Noboa?
Si comparamos el primer año de Gobierno en el periodo extraordinario anterior con el primer año de Gobierno de ese periodo ordinario, podríamos decir que este, que si bien es el primero de un periodo normal, por así decirlo, ha sido bastante más débil o con bastante más dificultades, diría yo, que el primero, por una cuestión lógica.
¿Cuáles son esas cuestiones?
Por el propio desgaste que sufre cualquier autoridad pública cuando ya lleva algún tiempo en el poder y sobre todo porque, si bien este segundo mandato arranca con una reelección sólida, porque al final gana con el 55% de los votos, lamentablemente hay un dato que es sumamente decidor: Ecuador cierra el 2025 como el año más violento de su historia; alcanzamos una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que está bordeando los 50 puntos, el segundo más alto de Latinoamérica. Ese solo dato me da el contexto de lo que se está viviendo dentro de Ecuador.
Si a eso le sumamos la crisis hospitalaria, de abastecimiento de medicamentos, de insumos médicos, que además están atravesados por denuncias de corrupción importantísimas; si le sumamos a eso la estrepitosa derrota electoral que tuvo en noviembre 2025 a propósito de la consulta popular y referéndum, diríamos que este primer año de su periodo ordinario arranca con un saldo sumamente desfavorable.
Y en cuanto a institucionalidad, ¿cómo está la situación en el país?
Esto ha sido uno de los puntos más preocupantes o más alarmantes, no tanto por la percepción que tenemos nosotros dentro del país, sino por lo que han dicho incluso órganos internacionales que han cuestionado, por ejemplo, el tema de la independencia judicial en relación a la campaña de desprestigio que activó el Gobierno en contra de la Corte Constitucional. En agosto del año pasado, la Corte termina suspendiendo artículos de tres leyes económicas urgentes que había mandado el Gobierno y termina concluyendo que esas leyes eran inconstitucionales, ni siquiera por el fondo, sino por la forma. Es decir, que su propia Asamblea, en la que tiene mayoría y por lo tanto no debería costarle los votos para aprobar esas leyes, lo que está haciendo es saltarse el procedimiento con tal de meter en estos proyectos un montón de temas que no respetan el tema básico de unidad de materia. Esto de tratar de forzar a través de la ley una serie de medidas que no respetan la Constitución ha hecho que la Corte Constitucional haga su trabajo, pero la respuesta del Gobierno fue organizar una marcha contra la Corte publicando los rostros de los jueces. Tuvimos la reacción, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la relatora de la ONU para la independencia judicial, del propio Human Rights Watch, que lo que hicieron fue calificar estas acciones del Gobierno como un ataque directo a la independencia judicial, que es uno de los pilares sobre los cuales se construye la democracia.
¿Cómo ha sido la relación con otras instituciones?
Hemos tenido señalamientos hacia la Fiscalía por parte de organizaciones de Derechos Humanos. El propio Consejo de la Judicatura vivió su propia crisis. El presidente de la República le pidió al anterior presidente de la Judicatura (Mario Godoy) que renuncie. Tenemos a un funcionario (Damián Larco) que ha pasado por una serie de instituciones, y que, sin contar con los requisitos que uno esperaría para la máxima autoridad de la Judicatura, la ejerce por encima incluso de decisiones de los jueces que ordenaron que la consejera alterna (Alexandra Villacís) se incorporara como presidenta del Consejo, cosa que no pasó. Hemos tenido una serie de frentes en el tema de la institucionalidad.
¿Qué tipo de gobernabilidad ha logrado Noboa?
Yo diría que no mucha desde el punto de vista democrático. Más bien ha sido una gobernabilidad empujada por el respaldo fundamental de Fuerzas Armadas y Policía, que han sostenido permanentemente el diálogo social en torno a los estados de excepción. Creo que esa ha sido la discusión en general y que nos está distrayendo permanentemente de otra serie de problemas sumamente importantes. El más preocupante y el más grave, la crisis en el sistema de salud. Entonces, la gobernabilidad en este punto está sostenida por el respaldo de las fuerzas del orden y no por otra cosa.
¿En qué se ha convertido la Asamblea en este periodo de Daniel Noboa?
En el brazo legislativo del Presidente, y que teniendo la mayoría, uno esperaría que sea así. El punto es que parecería que la Asamblea se transforma en un instrumento del Ejecutivo para aprobar leyes que saben de antemano que son inconstitucionales. Parecería que la dinámica es generar inconstitucionalidades a propósito, para luego señalar a la Corte Constitucional, que en el ejercicio de la función que le corresponde dice «esta ley está mal hecha, esta ley es inconstitucional», y dirigir el foco de la atención del debate público al trabajo que le corresponde hacer a la Corte Constitucional como si fuera incorrecto, y no dirigirnos a lo que incorrectamente está haciendo la Asamblea como el brazo legislativo del Ejecutivo.
¿Cómo ha enfrentado Noboa a la oposición?
Como lo han manejado los gobiernos de los últimos años, que ha sido de confrontación, de diálogo no se observa absolutamente nada. Hubiésemos esperado un gran acuerdo nacional para enfrentar, por ejemplo, la crisis internacional de los precios de petróleo y sus derivados y, sin embargo, pareciera que cada uno está por su lado. De hecho, hay una gran pugna entre el Gobierno y los gobiernos autónomos centralizados por la ley que supone el cambio de condiciones en el manejo de los presupuestos de estos gobiernos autónomos. A la larga, debería preocuparnos cuáles van a ser los derechos, prestaciones que se van a ver afectados para la ciudadanía y no si yo tengo más o menos candidatos a los gobiernos seccionales. Pareciera que estamos en una emergencia permanente y que el gobierno no termina de enseñarnos o de decirnos cuál es su plan de gobierno, cuáles son las medidas estructurales que va a tomar para que el país siga funcionando.
