El juez en Nueva York mantiene activo el caso penal contra Nicolás Maduro, pero no define cómo se financiará su defensa ni fija fecha de juicio. Analistas consultados por Ecuador Chequea advierten impacto legal y geopolítico.
El proceso penal en Estados Unidos contra el depuesto expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, avanzó este jueves sin entrar aún en fase de juicio.
Hoy el juez federal Alvin Hellerstein decidió mantener vigente la acusación y dejó pendiente de resolución si Maduro podrá financiar su defensa con fondos del Estado venezolano sobre el dual pesan sanciones del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Tampoco fijó fecha para el eventual juicio oral.
La audiencia, celebrada en la corte del Distrito Sur de Nueva York, se centró, por ahora, en un “aspecto procesal” como el derecho de Maduro y su esposa, Cilia Flores, también acusada, a contar con abogados privados financiados con recursos estatales. La defensa sostuvo que bloquear esos fondos vulnera garantías básicas del debido proceso; la fiscalía, en cambio, argumenta que permitirlo contravendría el régimen de sanciones vigente. El juez no adoptó una decisión definitiva y dejó abierta la discusión.
Desde que fueran capturados y trasladados a Estados Unidos tras un operativo militar especial el 3 de enero, Maduro y Flores permanecen detenidos en Brooklyn y se han declarado “no culpables”. El caso se sustenta en la acusación formal presentada en 2020 por el Departamento de Justicia, que imputa a Maduro por presunto narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, en una supuesta estructura vinculada con las FARC.
CRITERIOS
Consultados por Ecuador Chequea, dos analistas, coincidieron en que este juicio tiene implicaciones no solo jurídicas sino geopolíticas para los países de América Latina.
La continuidad del proceso era previsible, según la analista internacional Ivonne Téllez, quien consideró que, dada la exposición mediática del caso y sus antecedentes, “difícilmente” Estados Unidos iba a cerrar la investigación en esta etapa. Sin embargo, subrayó que el punto crítico sigue siendo la defensa.
A su juicio, la posibilidad de que Maduro acceda a una defensa técnica privada, y no solo pública, podría incidir directamente en el resultado del caso, ya sea ampliando opciones de reducción de pena o fortaleciendo garantías de debido proceso. “Esto abre puertas para una mayor igualdad entre fiscalía y defensa”, señaló.
Más allá del plano jurídico, la analista sitúa el caso en un conflicto de principios del derecho internacional: soberanía estatal, inmunidad de jefes de Estado y jurisdicción penal extraterritorial frente a delitos transnacionales como el narcotráfico. Señala que este juicio podría sentar un precedente inédito: que un jefe de Estado latinoamericano sea condenado por tribunales estadounidenses por narcoterrorismo.
Indicó que el proceso también tiene implicaciones geopolíticas. Considera que refuerza la influencia de Estados Unidos en la región, envía un mensaje a gobiernos no alineados y podría reconfigurar alianzas políticas, energéticas y militares en América Latina.
El exvicecanciller Marcelo Fernández de Córdova cuestionó la base misma del proceso desde el derecho internacional. Sostuvo que la captura y traslado de Maduro a Estados Unidos “no se compadece con las normas de soberanía” y advirtió que la falta de definición sobre el financiamiento de la defensa coloca al caso en una situación “indefinida”.
El exdiplomático consideró que, sin recursos, la defensa podría verse limitada o depender de abogados de oficio, lo que incidiría directamente en las garantías procesales. También enfatizó la dificultad de prever el desenlace del juicio debido a la multiplicidad de cargos, entre ellos la presunta dirección del llamado “Cartel de los Soles” y delitos relacionados con armas.
“El resultado es imprevisible”, afirmó, al señalar que el proceso se desarrollará bajo la ley estadounidense, no venezolana. Añadió que, en caso de tratarse de violaciones a derechos humanos, la instancia de juzgamiento adecuada sería la Corte Penal Internacional, de la cual Estados Unidos no es parte.
