La Prefectura de Pichincha, el FUT y Pachakutik presentaron acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por la Asamblea el 20 de febrero. Alegan vulneración a la autonomía y cuestionan el trámite urgente en materia económica.
“Le pedimos a la Corte Constitucional que mantenga su autonomía; que en tiempos de autoritarismo y centralismo sea la luz”. Con estas palabras, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó el pedido de varios sectores que cuestionan la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero.
Pabón acudió a la Corte Constitucional acompañada de usuarios de programas sociales que ejecuta el Gobierno Provincial de Pichincha. Según señaló, estos servicios podrían verse afectados con la entrada en vigencia de la normativa. La autoridad sostuvo que la reforma vulnera la autonomía administrativa, financiera y política de municipios y prefecturas, en contravención de lo dispuesto en la Constitución de 2008.
Durante su intervención ante simpatizantes congregados en los exteriores de la Corte, afirmó que la ley incide en derechos vinculados a la niñez, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Argumentó que la Constitución establece la obligación de los gobiernos seccionales de desarrollar política social, incluida la promoción cultural y artística. “Con esta reforma se estaría afectando a miles de familias, artistas, músicos, escritores y poetas que forman parte de la política social”, manifestó.
En materia deportiva, Pabón advirtió que la eventual eliminación de programas podría dejar sin atención a alrededor de 11.000 niños que participan en escuelas deportivas provinciales. Según dijo, la falta de estos espacios podría incrementar riesgos sociales, incluida la captación por parte del crimen organizado.
La acción presentada por la Prefectura de Pichincha constituye la novena demanda de inconstitucionalidad ingresada ante la Corte contra la reforma al Cootad.
Este mismo día, el Movimiento Pachakutik y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) también presentaron recursos similares. En todos los casos, los demandantes cuestionan tanto la forma como el fondo de la normativa.
En cuanto a la forma, sostienen que la reforma fue tramitada como ley urgente en materia económica sin cumplir los requisitos constitucionales para esa calificación. Argumentan que el contenido no guarda relación directa con una situación económica urgente, lo que, a su criterio, viciaría el procedimiento legislativo.
Respecto al fondo, Edwin Bedoya, presidente del FUT, afirmó que la reforma afectaría derechos adquiridos de trabajadores vinculados a programas sociales, lo que podría generar despidos y reducción de plazas laborales.
Para este jueves está previsto que el alcalde de Quito o su delegado presente otra acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con argumentos similares sobre la presunta afectación a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados.
