La Defensoría del Pueblo, el CDH y varias instituciones públicas visitarán el CPL Guayas N.° 1 por orden judicial que declaró vulneración de derechos. Verificarán salud, alimentación y medidas frente a la tuberculosis.
Para este martes, está previsto que una delegación de representantes de la Defensoría del Pueblo (DPE), organismos de derechos humanos y varias instituciones públicas ingresen a la Penitenciaría 1 del Litoral o CPL Guayas 1, en Guayaquil, para constatar las condiciones de salud y alimentación por las cuales esa cárcel enfrenta una grave crisis sanitaria.
La visita fue confirmada por la DPE y por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH.
La DPE, que encabeza la Mesa, informó que la finalidad de la visita es verificar la situación de alimentación de las personas privadas de libertad (PPL), el aprovisionamiento de medicamentos y recorrer pabellones de atención prioritaria, donde se concentran personas con enfermedades infectocontagiosas y otras condiciones de vulnerabilidad.
En ese marco, según la DPE, la delegación prevé verificar al menos 4 aspectos clave: la calidad y suficiencia de la alimentación para los presos; la disponibilidad y abastecimiento de medicamentos; el funcionamiento del policlínico y acceso efectivo a atención médica; y, el cumplimiento de medidas de aislamiento para tuberculosis y condiciones mínimas para tratamiento.
La diligencia responde a una orden dirigida a la denominada Mesa de Emergencia Penitenciaria, emitida el 10 de diciembre de 2025 por el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, con sede en Guayaquil, Julián Patricio Naranjo Haro.
En su sentencia, el juez declaró la violación de derechos de las personas privadas de libertad del CPL Guayas 1 relacionados con seguridad jurídica, integridad personal, acceso a “servicios públicos de calidad”, salud, alimentación, rehabilitación y el derecho a cumplir la pena en condiciones compatibles con la dignidad.
La acción de protección fue presentada por el CDH, encabezado por Billy Navarrete Benavidez, y por abogados de su equipo legal. La causa fue planteada contra el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Adolescentes Infractores, SNAI, el CPL Guayas N.° 1, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General del Estado, según los antecedentes del fallo.
En el expediente de esta sentencia se recogen datos atribuidos a la Defensoría del Pueblo, que a su vez señala que provienen de registros del SNAI, sobre un incremento de muertes en centros de privación de libertad: 324 fallecimientos en 2024 y 121 adicionales en los tres primeros meses de 2025, para un total de al menos 445 muertes en 15 meses de ocupación militar de las cárceles ordenadas por el gobierno de Daniel Noboa.
El fallo dispone que el Estado, en un plazo de seis meses, establezca políticas públicas, incluidas de salud y rehabilitación, basadas en el respeto de derechos, con “indicadores claros” para corregir condiciones contrarias a la dignidad y con protocolos para atender a personas en situaciones críticas de vulneración, “especialmente” en salud.
La sentencia estableció la participación en la mencionada Mesa del SNAI, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, además de la DPE y la Defensoría Pública, con asistencia técnica internacional.
En cualquier caso, la visita también se enmarca en las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a favor de todos los presos del CPL Guayas N.º 1. En su resolución del 30 de diciembre de 2025, la CIDH requirió al Estado ecuatoriano adoptar medidas “necesarias y efectivas” para evitar pérdida de vidas y daños irreparables, asegurar atención médica adecuada (incluidos tamizajes y tratamientos), garantizar alimentación suficiente y reducir sustancialmente el hacinamiento, entre otras acciones.
Tuberculosis: la principal preocupación
El boletín técnico del MSP sobre tuberculosis confirma un incremento sostenido de casos a nivel nacional entre 2023 y 2025 y una concentración crítica en la región Costa. En 2025 se notificaron 10.562 casos en el país; de esos, 2.576, es decir la cuarta parte, corresponden a población penitenciaria. Guayas registró una tasa de 126,6 por 100.000 habitantes en 2025.
Para Irene Torres, del Observatorio a la Implementación del Sistema de Información de Salud, Obsalud, una verificación efectiva a cargo de la Mesa de Emergencia Penitenciaria debería exigir datos detallados y comparables: fecha de diagnóstico, tipo de tuberculosis sensible o resistente, pruebas diagnósticas y de seguimiento, tratamiento y soporte nutricional, además de protocolos claros de aislamiento para cortar cadenas de contagio.
Billy Navarrete, del CDH, insistió en que el objetivo no es “garantizar privilegios”, sino proteger la vida de personas bajo custodia del Estado.
El experto penitenciario y exsubdierector del SNAI, Fernando Sánchez Cobo, consideró que la prioridad inmediata debería ser separar casos de tuberculosis, reducir el hacinamiento y asegurar tratamiento especializado continuo, además de revisar la alimentación como factor de riesgo asociado a desnutrición y susceptibilidad a la enfermedad.
Sánchez dijo que el problema “crítico” es la tuberculosis, porque es una enfermedad asociada históricamente a sistemas carcelarios con sobrepoblación y condiciones precarias. Recordó que se ha solicitado que las personas afectadas sean separadas del resto de la población penitenciaria y reciban tratamiento especializado.
A su criterio, la medida inmediata debería ser que el Ministerio de Salud Pública mantenga un dispensario permanente dentro del centro y garantice diagnóstico, aislamiento y tratamiento oportuno para evitar nuevos contagios.
También subrayó que reducir el hacinamiento es indispensable. Esto implicaría redistribuir a la población penitenciaria bajo criterios de clasificación de peligrosidad y trasladar a ciertos grupos a otros centros con mayor capacidad, como el de El Turi u otros recientemente habilitados.
El experto enfatizó que la calidad de la alimentación es un factor clave para enfrentar la tuberculosis. “Personas desnutridas, con mala alimentación, pueden contraer más fácilmente la enfermedad”, sostuvo. Por ello, considera que la delegación debería constatar directamente el estado del servicio de alimentación.
Asimismo, planteó que se revise el número de profesionales de salud disponibles, en especial psicólogos, y la relación entre personal asignado y número de personas privadas de libertad.
Más allá de la emergencia sanitaria, Sánchez consideró fundamental evaluar si actualmente se aplica un modelo de rehabilitación social. En ese contexto, sugirió que la visita verifique cuántos presos están accediendo a educación básica, bachillerato o universidad, si se mantienen convenios académicos y si existen talleres de formación técnica activos.
Testimonio
El 5 de febrero de 2026, el CDH publicó en su sitio web un testimonio anónimo que, según la organización, fue documentado el 30 de enero de 2026. La persona entrevistada afirmó que ingresó el 26 de septiembre de 2025 a la Penitenciaría del Litoral y pasó por varios pabellones.
En el testimonio se describe que, al llegar en bus, militares habrían obligado a los recién ingresados a quitarse la camisa, sentarse en el piso “caliente por el sol” y permanecer sin agua; también se alega que quienes levantaban la mirada eran golpeados con un cable. Así, sostuvo que dormían 17 personas por celda, con cuatro literas para acomodarse y el resto en el piso o en el baño.
El mismo testimonio esta persona también alegó que durante traslados internos los militares habrían obligado a correr hacia el patio y que esperaban con “látigos” y “palos”, golpeando con mayor fuerza a quienes se tropezaban o caminaban lento por enfermedad. También afirmó, que militares ingresarían teléfonos y negociarían su devolución a cambio de dinero.
En cuanto a salud y alimentación, aseguró que en un pabellón identificado como destinado a enfermos, donde se mencionó tuberculosis, halló inundaciones y camas sucias; dijo que sufrió infecciones y desnutrición y que una brigada médica lo habría incluido en un programa por pesar 47 kilogramos. Señaló, además, que para salir al policlínico dependía de gestiones que, según su versión, el personal no realizaba.
El punto más grave del testimonio se refiere a muertes dentro de una celda: en el pabellón 5 murieron dos presos en su celda y que personal de Criminalística tardó cuatro días en retirar los cuerpos. Agrega que tuvieron que comer con los cadáveres en el mismo espacio y que, al momento del levantamiento, los dos internos fueron obligados a bajar el cuerpo sin guantes ni mascarillas, mientras Criminalística tomaba fotos.
