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lunes, febrero 2, 2026

Es impreciso afirmar que el Presupuesto del Estado no destina el 80 % al gasto corriente

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería Bonnet, aseguró en una entrevista televisiva que el Presupuesto General del Estado (PGE) no destina el 80 % de sus recursos al gasto corriente.

Aunque las cifras oficiales confirman que ese porcentaje no se alcanza de forma literal, el análisis completo del presupuesto revela una alta rigidez fiscal: casi tres cuartas partes de los recursos públicos están comprometidas entre gasto operativo y servicio de la deuda, lo que deja un margen muy reducido para inversión pública y proyectos de desarrollo.


Qué verificamos: La afirmación del secretario jurídico de la Presidencia sobre que el Presupuesto General del Estado «no destina el 80 % al gasto corriente».

Lo que afirma: «El Presupuesto General del Estado no asigna el 80 % de sus recursos al gasto corriente»

Nuestra conclusión: IMPRECISO.

A quién involucra: Enrique Herrería Bonnet, secretario jurídico de la Presidencia; Gobierno central.


¿Qué se dijo o qué circula?

Durante una entrevista concedida a Ecuavisa, el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería Bonnet, sostuvo que el Presupuesto General del Estado (PGE) no destina el 80 % de sus recursos al gasto corriente. 

La afirmación se dio en el marco del debate público sobre la sostenibilidad de las finanzas estatales y la estructura del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026.

La declaración fue emitida en una entrevista televisiva transmitida por Ecuavisa y posteriormente replicada en espacios de análisis y comentarios en redes sociales.

¿Qué dicen los datos oficiales y las fuentes confiables?

De acuerdo con la Proforma Presupuestaria 2026, el Presupuesto General del Estado asciende a USD 46.255 millones. El desglose oficial muestra lo siguiente:

  • Gasto corriente: USD 23.482 millones, equivalente al 50,8 % del presupuesto total.
  • Servicio de la deuda: USD 10.512 millones.
  • Gasto comprometido (gasto corriente + deuda): 73,5 % del presupuesto.
  • Inversión pública: apenas 3,8 %, uno de los niveles más bajos para la ejecución de obra nueva y proyectos de desarrollo.

En términos estrictamente matemáticos, el gasto corriente no alcanza el 80 % del presupuesto total. 

Sin embargo, al considerar el conjunto de gastos rígidos, es decir, aquellos que el Estado debe cubrir de forma obligatoria, la mayor parte de los recursos ya está comprometida antes de iniciar el año fiscal.

¿Hay elementos omitidos o fuera de contexto?

Sí. La afirmación se centra únicamente en el porcentaje del gasto corriente, pero omite el peso del servicio de la deuda y la relación entre ingresos y gastos. 

Para 2026, los ingresos tributarios proyectados no alcanzan a cubrir el gasto corriente, lo que obliga al Estado a endeudarse para financiar gastos operativos como sueldos y servicios básicos, y no necesariamente para inversión.

Analistas económicos consultados coinciden en que negar el 80 % puede ser correcto desde el punto de vista aritmético, pero desvía el debate de fondo: la rigidez presupuestaria y la falta de margen para la inversión pública.

Nuestra conclusión 

La afirmación del secretario jurídico de la Presidencia es imprecisa. Si bien es correcto que el gasto corriente no representa el 80 % del Presupuesto General del Estado, el contexto completo muestra que casi tres cuartas partes del presupuesto están comprometidas al sumar gastos operativos y pago de deuda.

Esta estructura limita severamente la capacidad de inversión y obliga a financiar el funcionamiento cotidiano del Estado mediante endeudamiento. Presentar únicamente el porcentaje del gasto corriente, sin considerar estos elementos, ofrece una visión incompleta de la situación fiscal del país.

Contexto adicional

El debate sobre el gasto corriente suele centrarse en la llamada “burocracia”, que incluye salarios de maestros, médicos, policías y otros servidores públicos. 

Sin embargo, el problema estructural del presupuesto ecuatoriano no es solo el tamaño de ese rubro, sino la combinación de gastos rígidos y una recaudación insuficiente para cubrirlos. Esto reduce el espacio fiscal para políticas públicas de largo plazo y limita la ejecución de obra nueva.


Fuentes

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