El Gobierno anunció un nuevo plan de seguridad con USD 230 millones, pero analistas advierten que no existe un documento público con objetivos, metas e indicadores, pese a plazos legales vencidos.
El anuncio del presidente Daniel Noboa de un nuevo plan de seguridad con una inversión de 230 millones, el segundo de su gobierno, generó cuestionamientos de analistas en seguridad, quienes advirtieron que, más allá del despliegue comunicacional y de los montos anunciados, el Gobierno no ha presentado un documento público que permita evaluar objetivos, estrategias, metas e indicadores de la política de seguridad del Estado.
El plan fue presentado la noche del domingo, en cadena nacional de televisión, a través de un video oficial de cinco minutos, con estética de videojuego de acción y música épica, en el que aparecen Noboa y los ministros del Bloque de Seguridad. Según el Ejecutivo, la estrategia es “integral” y apunta a enfrentar la inseguridad, la delincuencia organizada y la corrupción, así como a golpear las estructuras financieras del crimen.
Del total anunciado, 180 millones de dólares se destinarían a 11 proyectos estratégicos del Ministerio de Defensa, mientras que 50 millones de dólares irían al fortalecimiento del sistema de emergencias ECU 911.
El anuncio se produce luego de que 2025 cerró con más de 9.200 homicidios intencionales, según cifras oficiales, uno de los años más violentos, pese a la vigencia del Plan Fénix, el primer plan del gobierno de Noboa anunciado en diciembre de 2023.
Ese primer plan dio paso a la creación del Bloque de Seguridad, a operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, capturas de cabecillas del narcotráfico y las primeras extradiciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, los indicadores de inseguridad siguieron en ascenso durante 2024 y 2025.
El plan también contempla la intervención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Su director, José Julio Neira, sostuvo que la lucha contra el crimen organizado debe centrarse en seguir la “ruta del dinero”. Neira afirmó que, con cooperación internacional, se han identificado flujos de financiamiento ilícito hacia actores políticos y administraciones públicas descentralizadas.
EL ANÁLISIS
Los analistas de temas de seguridad, Diego Pérez y Jean Paul Pinto, coincidieron en que, sin un plan escrito, público y evaluable, no es posible establecer responsables políticos, medir resultados ni ejercer control ciudadano sobre una de las áreas más sensibles del Estado, en un país que atraviesa su peor crisis de seguridad en décadas.
Para Pinto, lo presentado por el Gobierno no cumple con los criterios mínimos de un plan de seguridad.
“Un plan no es un lindo video de marketing. Un plan es un documento escrito, con objetivos, estrategias, metas e indicadores. Es algo que se entrega para que podamos hacer evaluación de lo que se ha ido cumpliendo”, señaló.
Pinto subrayó que el Ejecutivo está incumpliendo plazos legales. Recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029 fue aprobado en agosto de 2025 y que la normativa establece que el Gobierno tenía tres meses para presentar el plan de seguridad integral.
“Ya han pasado cinco meses y seguimos sin ese plan. Un plan como el que necesitamos no puede limitarse a un PAC o a un POA, debe ser un plan estratégico con visión prospectiva”, afirmó.
El analista también cuestionó la ausencia de un enfoque intersectorial, al no definirse el rol de carteras como Educación o Inclusión Social, ni la participación del sector privado, en un país donde el crimen organizado se ha insertado en economías formales e informales.
¿Qué dice el Ministerio de Defensa?
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, detalló que los 180 millones de dólares financiarán 11 proyectos orientados a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Entre las adquisiciones anunciadas constan siete helicópteros bimotores, un buque logístico multipropósito, escáneres, drones y un sistema radar 3D para vigilancia aérea y control fronterizo.
Loffredo aseguró que estas herramientas permitirán mejorar la movilidad, la inteligencia táctica y la protección de infraestructura estratégica, y adelantó que los operativos contra la minería ilegal continuarán y se “endurecerán”, con control territorial permanente y seguimiento a las economías criminales asociadas.
No obstante, el ministro no se refirió a la fallida adquisición de un radar de largo alcance contratado por 24 millones a una empresa española, destinado a reemplazar el radar destruido por una explosión en Montecristi, Manabí en 2021.
¿Y el Ministerio del Interior?
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el plan incorpora tecnología “sin precedentes” para la investigación criminal, al anunciar el uso de los sistemas IBIS (identificación balística) y AFIS (identificación biométrica), además de información anticipada de pasajeros para fortalecer los controles migratorios.
Sin embargo, ambos sistemas ya habían formado parte del equipamiento del laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional en años recientes, aunque con problemas licenciamiento y mantenimiento.
ECU 911 y cárceles: anuncios frente a crisis
Reimberg anunció además una inversión inicial de 50 millones de dólares para el ECU 911, mientras que el boletín oficial del plan menciona como ejes penitenciarios la Cárcel del Encuentro y la construcción de un nuevo centro carcelario con capacidad para 15.000 personas privadas de libertad, con un plazo estimado de 15 a 18 meses.
Estos anuncios contrastan con la situación actual del sistema penitenciario, marcado por hacinamiento, control criminal interno y muertes de personas privadas de libertad por enfermedades como tuberculosis y desnutrición, problemas que el Gobierno no ha logrado resolver desde 2024.
Una inversión “interesante”, pero sin prioridades claras
El analista de seguridad Diego Pérez consideró que la existencia de un plan puede ser positiva en la medida en que permita organizar y priorizar acciones, pero advirtió que, como toda política pública, debe ser pública y sujeta a seguimiento.
“No se puede mantener la noción de que, al ser un documento secreto, no se va a compartir. El secreto puede estar en el listado de acciones, pero la planificación macro tiene que ser pública”, sostuvo.
Pérez señaló que la inversión anunciada, en especial los USD 180 millones para Defensa, puede ser atractiva y necesaria para cubrir déficits, pero cuestionó la falta de claridad sobre prioridades y enfoques.
“No está demasiado claro cuál va a ser el orden o las prioridades que se va a otorgar a esas compras. Lo importante es que esos recursos se utilicen de manera alineada frente a los desafíos que se están enfrentando”, dijo.
Entre esos desafíos mencionó la operación casi libre del crimen organizado en el territorio, los altísimos flujos de dinero ilegal insertos en la economía y la multiplicidad de violencias, lo que, a su criterio, demuestra que el problema ha sido tratado de forma unidimensional.
LO PENDIENTE
Pérez recordó que, pese a que a finales de 2024 el Gobierno hablaba de grandes cantidades de operativos militares y policiales, 2025 terminó con los peores indicadores de criminalidad.
“O las acciones fueron muy ineficientes o no se realizaron tantas operaciones como se mencionaron. Hubiera sido interesante conocer con claridad qué sucedió para entender qué ajustes se requerían”, afirmó.
“Más narrativa que rendición de cuentas”
Criterio de la catedrática de posgrado de políticas de seguridad nacional, Carla Álvarez:
“Si se compara el plan Fénix con la nueva estrategia de seguridad 2026 presentada ayer por el presidente Daniel Noboa, lo primero que se observa es que no hay una ruptura, sino más bien una continuidad.
“Ambos planes, tanto el Fénix como el actual, comparten una característica que considero central: ninguno cuenta con un documento público que permita conocer con claridad cuáles son sus objetivos, metas o indicadores de éxito. Lo que se ha visto y socializado en ambos casos es, más bien, una narrativa comunicacional.
“En los dos casos, el discurso se apoya en tres ejes claramente identificables: por un lado, el uso intensivo de tecnología; por otro, la persistencia en tácticas de mano dura; y, finalmente, la apelación a la cooperación internacional. La principal diferencia radica en el contexto y en la forma en que se presentan ambos planes.
“El nuevo plan incluye cifras más visibles que no estaban presentes en el plan Fénix. Sin embargo, todavía no se puede observar una desagregación presupuestaria clara ni identificar hacia dónde se dirige el financiamiento para vincularlo con las prioridades del plan. Tampoco el presupuesto está relacionado con el cumplimiento de objetivos ni con plazos específicos, con la excepción del tema carcelario.
“En ausencia de estos elementos, me resulta difícil evaluar si estamos frente a una política de seguridad efectiva o ante una estrategia que prioriza el mensaje por encima de la rendición de cuentas.
