Hoy se cumple un mes de la desaparición y asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas tras haber sido detenidos por militares. Hacemos un recuento del caso y hablamos con el abogado de las familias de las víctimas, quien llama a la ciudadanía a mantener la solidaridad y asegura que parte de hacer justicia será garantizar que esto no vuelva a suceder.

POR: Juan Camilo Escobar

La reciente desaparición, asesinato y calcinamiento de cuatro menores de edad tras un operativo militar ha generado indignación, sacudido a la opinión pública y la comunidad internacional. También ha vuelto a poner a prueba el sistema judicial y la credibilidad del Estado, en particular la actuación de las Fuerzas Armadas. 

La noche del 8 de diciembre de 2024 marcó el inicio de esta tragedia, que sigue conmocionando  a Ecuador. Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14), Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina (11) desaparecieron tras salir de su hogar, en la ciudadela Las Malvinas. Semanas después, sus cuerpos calcinados fueron hallados en una zona rural de Taura, revelando un caso que expone serias fallas en la seguridad y derechos humanos. A un mes de su desaparición, hacemos un recuento de lo que ha pasado en el proceso judicial: 

19 DE DICIEMBRE 2024

• Los padres de dos menores presentaron un recurso de ‘hábeas corpus’, exigiendo la devolución de sus hijos y que el hecho sea considerado una “desaparición forzada”. El Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en Guayaquil, asumió la defensa legal.
• Billy Navarrete, coordinador del CDH, calificó el caso como inédito y subrayó que los menores, provenientes de la zona de Las Malvinas, no tienen antecedentes penales. Además, afirmó que la desaparición involucra a agentes del Estado y que existe un esfuerzo por desviar la atención del hecho.

21 DE DICIEMBRE 2024

• Luego de que el caso se viralizó en medios sociales, las autoridades se vieron obligadas a pronunciarse: El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela declaró: “Se ha conformado un tribunal de disciplina militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares”. Asimismo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, atribuyó la desaparición a “grupos delincuenciales”.

 22 DE DICIEMBRE 2024

• La Fiscalía inició una indagación previa, mientras el presidente, Daniel Noboa, reaccionó subrayando la importancia de colaborar con la justicia. «Como padre de familia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dispuse que se dé toda la colaboración necesaria a la justicia y se respete el carácter técnico de la investigación», declaró Noboa.

 23 DE DICIEMBRE 2024 

• Noboa sugirió que los menores sean considerados héroes nacionales. Afirmó haber conversado directamente con el Ministro de Defensa y subrayó la necesidad de colaboración total de todas las instituciones del Estado: «No pueden atrasar absolutamente nada», aseguró.
• Un centenar de ciudadanos se autoconvocaron en las afueras de la Fiscalía de Guayas para exigir respuestas a las autoridades. 
• El ministro Loffredo confirmó que los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en Guayaquil fueron aprehendidos previamente por una patrulla militar en una zona donde, según la versión militar, ocurría un robo. En declaraciones a Radio City, de Guayaquil, el funcionario aseveró que un informe indica que una patrulla de 16 miembros, al regresar de una misión en la Aduana de Guayaquil, observó a ocho personas presuntamente robando a una mujer. Los militares intervinieron, aprehendieron a tres individuos, y una cuarta persona fue entregada por la ciudadanía. «Así es, lamentablemente, como aprehenden a estos cuatro chicos», indicó el Ministro.
• Un fragmento de 40 segundos de un video de cinco minutos fue presentado el 23 de diciembre en la Asamblea, mostrando cómo una patrulla militar, compuesta por aproximadamente 10 hombres, persigue, captura y sube a cuatro menores a una camioneta. En el video se observa cómo a uno de los menores lo sujetan del cuello de la camiseta, lo golpean en la cabeza y le colocan la rodilla en el pecho.

24 DE DICIEMBRE 2024

• Se encontraron restos calcinados de cuatro personas en Taura, parroquia del cantón Naranjal, en Guayas, cerca de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Equipos de la Dinased y antropólogos forenses llegaron al lugar para investigar. 
• La jueza Tanya Loor declaró que la desaparición de cuatro menores, ocurrida tras un operativo militar el 8 de diciembre en Las Malvinas, fue una «desaparición forzada» bajo la responsabilidad del Estado. Loor también determinó la vulneración de los derechos de los niños y ordenó medidas de reparación al Estado.

31 DE DICIEMBRE 2024: 

• Las autoridades confirmaron que los cuerpos hallados en días pasados corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos el 8 de diciembre, tras un operativo militar en Las Malvinas, al sur de Guayaquil.
• La Fiscalía llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos contra 16 militares procesados.
• En el marco de la audiencia, la Fiscalía confirmó que los cuatro menores fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en Taura, parroquia del cantón Naranjal de Guayas, la Fiscalía inició el proceso por desaparición forzada. 
• Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez Dennis Ugalde dictó prisión preventiva para los 16 militares y medidas de protección para los familiares. Las medidas incluyen acceso a atención psicológica y el uso del botón de auxilio, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los afectados durante el proceso judicial.
• Antonio Arroyo, tío de dos de los menores desaparecidos, refutó las especulaciones, destacando que sus sobrinos eran niños dedicados al deporte y los estudios. «Eran niños sanos, con sueños», indicó.
• Abraham Aguirre García, abogado patrocinador de las familias de las víctimas e integrante de una organización defensora de derechos humanos, denunció irregularidades en el proceso judicial, incluyendo fallos en la transmisión de audio que limitaron la intervención de los representantes legales. También rechazó las especulaciones sobre la posible vinculación de los menores con actividades delictivas, señalando que la Fiscalía no ha encontrado evidencia que los relacione con actos ilícitos. 
• La Asamblea declaró tres días de luto institucional y anunció que tramitará un juicio político contra el ministro Loffredo, por supuesto incumplimiento de funciones en este crimen. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, también declaró tres días de luto. Mientras tanto, el Ministerio de Derechos Humanos instó a evitar la «revictimización» de los familiares de las víctimas.
• El Gobierno ofreció esclarecer el caso. Los Ministerios de Defensa y del Interior reaccionaron tras la confirmación de que los cuerpos calcinados encontrados por la Policía corresponden a los menores desaparecidos.
• El Ministerio de Defensa emitió un comunicado a través de sus redes sociales lamentando profundamente la confirmación de la Fiscalía sobre la identidad de los menores: Steven, Josué, Ismael y Sául. «Como Gobierno Nacional, lamentamos profundamente esta tragedia y nos solidarizamos con sus familiares», expresó el comunicado, que reafirmó el compromiso del gobierno con la transparencia en la investigación: «Este caso será llevado con total transparencia hasta dar con los responsables de este asesinato».

 2 DE ENERO 2025: 

• Los 16 militares procesados fueron trasladados a la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi. 
• El ministro de Gobierno, José de la Gasca, declaró en rueda de prensa que, aunque las investigaciones están en curso, «no se puede hablar de un crimen de Estado». Según De la Gasca, las pruebas determinarán si existió un operativo militar, pero aseguró que, hasta el momento, se han formulado cargos por desaparición forzada, no por ejecución extrajudicial ni por crimen de lesa humanidad.

3 DE ENERO 2025: 

• Unicef expresó su pesar y solidaridad con las familias de los menores asesinados. En un comunicado destacó que la pérdida de los niños «deja una herida que atraviesa a todo el país» y subrayó que sólo se sanará «en la medida que exista justicia, reparación integral y la garantía de que esto no vuelva a suceder».
• Tres días después de su detención, uno de los militares procesados solicitó ser trasladado a la Cárcel 4 de Quito, un centro de aislamiento de alto riesgo, citando peligros para su vida en la Cárcel de Latacunga debido al conflicto armado interno con bandas delictivas. A través de su abogado, el militar también apeló la orden de prisión preventiva.

6 DE ENERO DE 2025

• El ministro Loffredo ofreció disculpas públicas a las familias de los cuatro menores desaparecidos. Sin embargo, también anunció que se buscarán sanciones contra la jueza Tanya Loor, quien el 24 de diciembre declaró la «desaparición forzada». Loffredo advirtió que «llegarán hasta las últimas consecuencias» para sancionar a Loor, quien, según él, no tenía la facultad legal para tomar esa decisión. «No podemos aceptar que se declare una desaparición forzada sin tener la capacidad ni facultad para hacerlo», señaló.
• El funcionario también rechazó las acusaciones de que las Fuerzas Armadas estuvieran involucradas en el crimen, afirmando que la institución no participó directa ni indirectamente en los hechos. 
• En cuanto a la investigación, Abraham Aguirre García, abogado de las familias de las víctimas y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), informó que está preparando una acusación particular. Esta permitirá a las víctimas participar activamente en el proceso judicial y solicitar reparaciones integrales, que incluyen compensación económica y garantías de no repetición. Aguirre explicó que la acusación, que será firmada por los padres de los niños, será presentada pronto ante el juez Denis Ugalde, quien asumió la causa.

7 DE ENERO 2025

• Un total de 39 organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron las recientes declaraciones del ministro Loffredo, por sus amenazas a la jueza Loor.
• En un comunicado conjunto, las organizaciones repudiaron lo que consideran intentos de «burlar la justicia constitucional» y criticaron las «falsas disculpas» del ministro Loffredo, argumentando que estas acciones deslegitiman el acceso a la justicia para las familias afectadas. «Rechazamos las falsas disculpas que intentan burlar la justicia constitucional y denigrar el acceso a la justicia para las familias de los cuatro niños de Las Malvinas», afirmaron las organizaciones en el texto.
• La Corte Nacional de Justicia recordó la importancia de la independencia de funciones.

‘La justicia también significa que esto no vuelva a pasar’

Frente a la lucha porque se haga justicia en este doloroso caso se encuentra Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Él actúa como representante legal de las familias. 

El jurista atendió telefónicamente a Ecuador Chequea, para conversar sobre el futuro del proceso judicial. También aborda los cuestionamientos y advertencias del Gobierno, que busca sancionar a la jueza que declaró la desaparición forzada a manos del Estado y ordenó investigar “la narrativa de los derechos humanos como un instrumento de persecución política”.

¿ES POSIBLE QUE SE INICIE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE “LA NARRATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO UN INSTRUMENTO DE PERSECUCIÓN POLÍTICA”, TAL COMO ADVIRTIÓ EL MINISTRO LOFFREDO?

Evidentemente, hay dos problemas. El primero es minimizar y reducir la situación a un tema únicamente de persecución política, desestimando toda la respuesta que está realizando la sociedad civil frente a la desaparición y posterior ejecución a manos del Estado. Es decir, no importa la desaparición forzada, que hayan sido asesinados y las condiciones en que murieron. 

El segundo es la respuesta directa, en rueda de prensa, de criminalización y persecución, como señala Loffredo, contra organizaciones sociales. Y el primero en politizar esta situación fue el Gobierno. 

La sociedad civil siempre ha tenido una voz crítica contra las decisiones del Ejecutivo y sus consecuencias; en este caso la militarización de la seguridad ciudadana, que ocasiona graves violaciones de derechos humanos, entre ellas el tema de la desaparición forzada y ejecución de los cuatro niños.

¿CÓMO SE ENCUENTRAN LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS?

Primero, eran unos niños de casa, que salían a jugar pelota y que eran queridos por todo el barrio. Encontré que, en la familia, a pesar de las difíciles circunstancias socioeconómicas muy características de los barrios empobrecidos de todo Guayaquil, hay muchísimo amor. Hay un gran vínculo familiar, el mismo amor con el que los niños realizaban sus actividades en el fútbol y en la escuela.

Eran niños humildes, de fe, afrodescendientes, de barrios empobrecidos, pero que luchaban. Eso representan los cuatro niños, casi todo Guayaquil.

Y ese proyecto de vida que llevaban adelante los niños a pesar de las difíciles condiciones, fue destruido. ¿Por quién? Por integrantes de las Fuerzas Armadas.

LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS, ¿CÓMO MIRAN EL FUTURO DEL PROCESO JUDICIAL?

Tienen claro que la justicia va a resarcir mínimamente. Ningún tipo de reparación o disculpa pública va a transformar el dolor que les va a quedar toda la vida, y la reparación integral es para convivir de una manera digna con ese dolor. Entienden que la justicia no va sólo por sancionar penalmente a los responsables, sino por asegurar que esto nunca más vuelva a ocurrir. 

Esto depende de asegurar que las Fuerzas Armadas cumplan procedimientos y que su rol se cumpla de acuerdo con la Ley, es decir, un rol complementario, fiscalizado, regulado, a las tareas de la Policía. No es que ellos puedan salir y ejecutar directamente operativos, sino que deben seguir unos procedimientos. 

ENTONCES, PARA LAS FAMILIAS, LA JUSTICIA NO ES SOLO LA SANCIÓN PENAL.

Así es. Ellos tienen claro que la justicia también debe garantizar que esto no vuelva a ocurrir y que se reconozca la responsabilidad del Estado en esta situación.

SON VARIOS CASOS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN OPERATIVOS SIMILARES CON VEHÍCULOS SIN PLACAS, PERO DISPUESTOS POR MANDOS MILITARES. 

Tenemos registrados los casos de nueve desapariciones forzadas en Los Ríos y el número crece. Es por esta creencia de que las Fuerzas Armadas pueden realizar operativos sin procedimientos, bajo un justificativo de que están combatiendo el crimen organizado. 

Entonces, el show político que está instaurando el presidente en la política de seguridad ha ocasionado que las Fuerzas Armadas cometan este tipo de atrocidades, de torturas, de desapariciones, de ejecuciones, bajo esta defensa institucional de que lo que están haciendo es a nombre de la seguridad, lo cual es falso. 

Y es por eso que en ningún escenario se justifica que las Fuerzas Armadas ataquen a la población. Pero las Fuerzas Armadas no tienen ninguna placa, ninguna identificación, porque supuestamente las balas del crimen organizado pueden amedrentar contra ellos.

Es una realidad que hay que proteger a los funcionarios que cumplen un rol complementario a la Policía en el contexto de Estado de Excepción, pero hay que hacer una ponderación suficiente para no dejar en falta de acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Un ciudadano no puede denunciar si no conoce, por ejemplo, cuál es el perpetrador.

¿CUÁLES PROCEDIMIENTOS INCUMPLIERON LAS FFAA?

Una serie de procedimientos, como la bitácora e informar al superior, hasta donde sabemos. Hasta la fecha no tenemos acceso a ningún documento para conocer oficialmente qué es lo que pasó ese día. Entonces, eso hace pensar que los operativos de las Fuerzas Armadas se realizan al margen de la Ley.

¿Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS 16 MILITARES INVOLUCRADOS QUE SE ENCUENTRAN PROCESADOS Y DETENIDOS?

Hay dos responsabilidades. Una responsabilidad penal y otra estatal. La penal en cuanto al cometimiento del crimen, que busca la persecución individual de personas que cometen crímenes.

Hoy estamos frente a dos hechos: una ejecución extrajudicial y una desaparición forzada. La desaparición forzada está más que identificada con la responsabilidad de los 16 militares, quienes son responsables penalmente por la desaparición de los 4 niños.

En la ejecución extrajudicial hay que establecer qué tipo de responsabilidad tiene cada uno. Y si las investigaciones llegan a señalar que hubo participación de particulares, se deberá procesar a los particulares. Ahora, no es menos cierto que haya la posibilidad de complicidad entre militares y particulares.

¿Y LA RESPONSABILIDAD ESTATAL?

La responsabilidad estatal es absolutamente clara en ambos escenarios, tanto en la desaparición forzada como en la ejecución extrajudicial de los cuatro niños, porque los cuatro niños estaban bajo la tutela del Estado desde el momento de la detención. 

Entonces, todo lo que pasó después es responsabilidad estatal.

¿Y SI EL ESTADO NO ASUME ESTA RESPONSABILIDAD?

Si el Estado no asume la responsabilidad en este caso de la desaparición y la ejecución, tendremos que ir a vías internacionales para que se sancione este ilícito internacional que tiene que ver con violaciones a derechos humanos.

¿ESTAS ADVERTENCIAS QUE HA REALIZADO EL MINISTRO LOFFREDO PODRÍAN INFLUIR EN EL CURSO DEL PROCESO QUE LLEVA LA FISCALÍA?

Evidentemente, la posición del ministro Loffredo pone una sensación de impunidad y de presión al sistema de justicia, que en este caso ha sido amedrentado a través de sus declaraciones. 

¿QUÉ MENSAJE DA A LA CIUDADANÍA SOBRE ESTE CASO?

Primero, llamar a la denuncia. Evidentemente, se conocen casos de violaciones a los derechos humanos, pero hay un miedo profundo por quererlo poner ante las autoridades. Entonces, mi llamado a toda la sociedad civil es a denunciar absolutamente todos los abusos contra los derechos humanos tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas. 

Lo segundo es llamar a la solidaridad, porque no son sólo cuatro niños de un barrio de Guayaquil, sino que pudo ser cualquier niño del sur de Guayaquil o de cualquier otro barrio popular. Y lo tercero es llamar la atención sobre la necesidad de que la gente necesita seguridad y derechos humanos.

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