Una de las causales que argumenta el correísmo para el juicio político que se sustancia en la Comisión de Fiscalización contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, es la captura del sentenciado Jorge Glas en la Embajada mexicana en Quito. 

La sustanciación del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, está en marcha en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que unificó en un solo proceso las dos solicitudes que presentaron los asambleístas del correísmo Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas. Al momento, corren los plazos para que los legisladores y la Ministra presenten sus pruebas de cargo y de descargo. 

A la funcionaria se la pretende responsabilizar por la situación de inseguridad que vive el país, por no dar cifras reales de los resultados de la lucha contra la delincuencia y se insiste en sancionar a los presuntos responsables de la incursión de la Policía a la Embajada de México para capturar al exvicepresidente del correísmo Jorge Glas. 

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, aseguró que la inseguridad es un argumento potente de los asambleístas interpelantes, ya que Ecuador sigue siendo un país inseguro donde todos los días se registran muertes violentas. “No hemos logrado ser el país seguro que la Ministra ofreció en su momento”, dijo Aguirre. Descartó que se trate de una persecución política a los ministros de Daniel Noboa, y que iniciar el proceso de sustanciación no significa necesariamente que vayan a ser censurados y destituidos, ya que esa es una decisión que toma el Pleno de la Legislatura. “La funcionaria tendrá la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Si tiene la certeza de que ahora somos un país más seguro, que ya no hay muertos en la calles, que se ha garantizado la seguridad, no tiene por qué temer (la fiscalización); todo lo contrario, será un espacio donde podrá sostener sus argumentos”, dijo la legisladora. Añadió que en ese ejercicio, los interpelantes podrán demostrar al pueblo si la funcionaria cuestionada es o no culpable del incumplimiento de funciones. 

El asambleísta del correísmo Lenin Barreto agregó que es evidente la inoperancia y la falta de acción por parte de las autoridades que tienen la obligación de brindar seguridad al país, y que Manabí es un reflejo de la crítica situación. Barreto aseguró que todos conocen dónde operan las bandas delictivas pero que las autoridades no hacen nada, por lo que es necesario que Placencia responda al Parlamento. 

Por su parte, el oficialista Ramiro Vela dijo que las causales propuestas para el juicio político son aspectos generales para una situación tan delicada como la inseguridad, un aspecto que no se generó en el Gobierno de Daniel Noboa, sino que viene de mucho tiempo atrás. Cuestiona también que se insista en un tema ya tratado y resuelto en otros propuestas de juicio político, como la negativa de dar el salvoconducto a Glas para que saliera de la Embajada de México rumbo a ese país. “Esa no es una competencia directa de la Ministra”, dijo Vela.

En este juicio político se verá la posición que asuma el Partido Social Cristiano (PSC). Por lo pronto, con el voto de su representante en Fiscalización, el asambleísta Lenin Rogel, se calificaron y unificaron las solicitudes de interpelación presentadas contra la funcionaria. Rogel asegura que no es un anticipo de cómo votará su bancada si el juicio político llega a tratarse en el Pleno de la Asamblea, ya que respaldan la posición del Gobierno en el tema de México, pero el incremento de la inseguridad preocupa a todo el país.   

Las causales

El correísmo no perdona al Gobierno que haya capturado a Jorge Glas, exvicepresidente de la República y uno de sus líderes políticos sentenciado por actos de corrupción. En esa medida  insiste en censurar y destituir a los ministros relacionados con esa detención, que se dio en el interior de la Embajada de México en Quito, donde Glas se había refugiado tratando de evadir a la Justicia. Antes se trató de interpelar sin éxito a la canciller Gabriela Sommerfeld y hoy es el turno de Palencia.  

Berrezueta señala que la irrupción de la Policía en la Embajada despertó una reacción unánime de rechazo por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales y que varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo. Además, pone en duda la existencia del Plan Fénix y sus resultados, así como la estadística de homicidios. Y cita la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, de la cárcel regional de Guayaquil; y de Fabricio Colón Pico, de la cárcel de Riobamba.

Con esos antecedentes, Berrezueta asegura que la Ministra, al permitir la incursión a la Embajada de México, no sólo incumplió sus funciones, sino que violó el Derecho Internacional Público y el Derecho Constitucional. Agrega que tampoco cumple sus funciones, pues no existen políticas públicas de planificación, activación de protocolos de seguridad, gestión y control de la seguridad nacional. 

Por su parte, Cabezas fundamenta más su solicitud en la ola de violencia. La legisladora considera que Palencia incumplió sus funciones al no enfrentar la inseguridad, por no equipar a la Policía para que pueda enfrentar la delincuencia, por no ejecutar todo el presupuesto asignado a su Ministerio.