En sesiones claves del Pleno los correístas, socialcristianos y oficialistas juntan sus votos a pesar de mantener, en teoría, posiciones contrarias. Sucedió en la destitución de Fausto Murillo como vocal de la Judicatura, que se logró tras intensas negociaciones. 

Cuando el pacto que operó para la elección de autoridades en la Asamblea, entre socialcristianos, correístas y el oficialismo parecía que había terminado, este revivió con fuerza la mañana del 29 de febrero, en la votación de censura y destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. 

En este caso se requerían 92 votos; entre socialcristianos y correístas son 68 legisladores, por lo que necesitaban que se sumara el oficialismo, que tiene 25. ADN se resistía a dar sus votos y el correísmo expresaba lo que podía pasar: “Si sólo quieren nuestros votos para alguna cosa, pero no para hacer justicia y depurar el sistema, no tiene sentido seguir en esta alianza”, advirtió la asambleísta del correísmo Sofía Espín.  

Una negociación de último momento hizo que todo fluyera en la Legislatura y que el acuerdo reviviera: 102 votos se lograron para esa operación política. 

German Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, asegura que son pactos que, tarde o temprano, evidencian que la intención de fondo no es darle gobernabilidad al país, sino impulsar una agenda de impunidad por parte de ciertos sectores que están en ese acuerdo, mientras otros grupos buscarían, “en medio de este festival que ha organizado la farándula política existente en la Asamblea”, el reparto de cargos y prebendas.

Para José Chalco, constitucionalista, son acuerdos vigentes más allá de diferencias momentáneas de los grupos políticos y que, en algunos casos, buscan hacerse de cargos en el sector público o intentar imponer un populismo penal, pero que lo grave de fondo es que se gobierna para un reducido espacio y grupo de interés y no para el país. 

La visión de los asambleístas

La legisladora de Gente Buena Sofia Sánchez critica esos acuerdos. Asegura que sus resultados se verán reflejados en otros procesos legislativos, como la terna que la Asamblea deberá enviar al Consejo de Participación Ciudadana para que se designe al vocal de la Judicatura que reemplace a Murillo, que, aunque debería ser de perfil técnico, responderá al consenso al que llegue el oficialismo con las otras dos fuerzas que conforman esta mayoría que viene operando desde que se instaló la nueva Asamblea. 

Para Lenin Rogel, del Partido Social Cristiano, no se trata de salvar algún tipo de acuerdo entre las organizaciones políticas, sino que buscan temas comunes que beneficien al país. El legislador defiende el diálogo entre bancadas y asegura son parte del ejercicio democrático. 

Al oficialismo no le gusta que le mencionen pactos o acuerdos. Nathaly Farinango, de esa agrupación, asegura que lo que existe es coherencia en la Asamblea —que siempre ha habido, dice— por hacer lo correcto por el país 

¿Se autobicotean? 

Lo cierto es que en la Asamblea, por acción u omisión, con acuerdo explícito o implícito, consciente o inconscientemente, el resto de bancadas termina por hacerle el juego al correísmo. Esto se evidenció el 22 de febrero, durante la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

Ese día, durante la sesión del Pleno, el correísmo abandonó el salón plenario tras el rechazo de su moción para que se aprobara por bloque esta reforma. Tocaba tratar la moción del oficialismo sobre el mismo tema pero el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), hizo constatar el cuórum y se registraron 67 legisladores, de 70 necesarios, a pesar de que muchos oficialistas estaban presentes en sus curules, mientras que otros optaron también por salirse del Pleno, por lo que Kronfle tuvo que suspender la sesión. 

Farinango niega que se hayan autoboicoteado. “La bancada de ADN no se salió (…) muchos estaban ahí pero no avanzaron (a registrarse) por temas técnicos. Por ende, no es que no hayamos salido como hizo otra bancada”, es la explicación que alcanzó a desarrollar Farinango.

Sin embargo, fuentes de la Asamblea comentaron que se les ordenó no dar cuórum, ya que tampoco había los votos para aprobar su moción, ante lo cual el siguiente escenario era que se intentara archivar el proyecto de reforma, a través de otra moción. El problema fue que los legisladores oficialistas son, en su mayoría, nuevos, por lo que no armaron una “estrategia” para dejar sin cuórum de forma “disimulada”. 

Al quedar en suspenso la sesión, la Asamblea aún tiene la posibilidad de llegar a consensos para rescatar algunos artículos de la reforma penal. 

Otro ejemplo de esta dinámica es lo ocurrido esta mañana. Paúl Buestán, de Construye, mocionó que se aprobara un cambio del orden del día para que se debatiera un proyecto de resolución de apoyo a la gestión de la Fiscalía, que investiga el caso ‘Purga’.

La moción no pasó. Obtuvo 40 votos en contra, principalmente del correísmo, crítico permanente de las actuaciones de la fiscal, Diana Salazar. Hubo 62 a favor de la moción, cuando necesitaban 70. 

34 legisladores no llegaron a esta sesión, convocada para las 08:30. Eran los votos que necesitaban para que se aprobara la moción. Entre esas ausencias constan legisladores de las bancadas llamadas a aprobar el cambio del orden del día, como Valentina Centeno y Arturo Moreno, de ADN; Jorge Peñafiel y Nataly Morillo, de Construye;  Jorge Acaiturri y Vicente Taiano, del PSC. 

Extraoficialmente, se conoció que a la hora a la que fue convocada la sesión unos estaban aún en sus casas, otros en medios de comunicación ofreciendo entrevistas y unos cuantos más en gestiones de distinta índole o en camino a la Asamblea.

Pero para Camilo Salinas, jefe de la bancada oficialista, lo que pasó fue que la presidenta encargada, Viviana Veloz (del correísmo), mandó a votar muy rápido la moción y no les dio tiempo de registrarse a algunos de sus compañeros. Veloz mandó a votar la moción a las 09:00. Construye dijo que insistirá en la moción en la sesión del martes y esperan que esta vez los legisladores estén puntuales. 

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