Una planificación integral, que trascienda los golpes inmediatistas y las cifras del conflicto interno, es la principal falencia en cuanto a seguridad, según el análisis de los expertos. ¿Qué hace falta para que la lucha contra la violencia se sostenga a largo plazo?
Son 2.400 horas las que han pasado desde que Daniel Noboa, un nombre inesperado en la primera vuelta electoral de 2023, se sentó por primera vez en Carondelet. Y el reloj continúa su ritmo. Han sido más de 144.000 minutos en los que el nuevo Gobierno ha convertido, al menos en el discurso, a la seguridad en su prioridad. Y el país vive una “guerra” contra el narcotráfico.
Si bien Noboa ha cumplido o avanzado en el discurso sobre sus diferentes propuestas en estos primeros 100 días de Gobierno, uno que además será corto por las condiciones atípicas de su elección, cabe cuestionarse si sus acciones plantean un efecto a largo plazo que realmente pueda figurar como un golpe contra la delincuencia y en pro de la seguridad. Sobre esto, el Presidente ya ha empezado a levantar varias críticas. ¿Qué opinan los expertos sobre el desempeño del Gobierno en este primer lapso cumplido?
Un Plan ‘Fénix’ que se esfuma
Una figura dorada expande lo que parecen alas con la vista hacia la izquierda y forma de pluma que sobresalen de sus extremos. El fondo negro resalta a lo que sería un fénix, acompañado de las palabras: ‘Plan Fénix – Ecuador’. Este logo, con forma circular, luce en todos los comunicados oficiales que el Gobierno ha circulado en medios de comunicación y redes sociales con relación al conflicto armado interno que vive el país y la seguridad.
Este nombre resonó ya en la campaña de la segunda vuelta electoral, cuando Noboa lo anunció como el emblema del plan de seguridad que implementaría en su Gobierno. Durante ese tiempo, el entonces candidato anunció que como parte de este plan se reforzaría el equipo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Además, habló de estrategias contundentes con “mano dura” frente a la delincuencia, sin dar mayores detalles. A esto se sumó la reestructuración de cárceles, otro punto clave de los anuncios de Noboa, como se analizó previamente.
Según Diego Pérez, analista experto en seguridad, han faltado elementos para comprender las acciones, planes, objetivos y metas de lo que es el ‘Plan Fénix’. Este, al final, es uno de los principales cuestionamientos que realizan los expertos a Noboa en sus primeros 100 días de mandato.
“Sabemos que existe un ‘Plan Fénix’ por medios y por declaraciones, pero es todo lo que sabemos. No existe nada en conocimiento de la comunidad sobre su existencia; por lo tanto no hay evidencia concreta de sus objetivos, su estructura y las metas a mediano y largo plazo. Es un plan que está, exclusivamente, para operar en un contexto de opacidad, por lo menos. Es uno de los déficits que ha tenido el Gobierno en estos 100 días”, dice.
Varias de las propuestas expuestas en la parte previa de este especial han sido catalogadas por el mismo Gobierno como parte del Plan Fénix. Como se pudo ver, algunas de estas están en cumplimiento o han presentado avances. Sin embargo, según Pérez, hace falta una verdadera consolidación de un plan y su divulgación, “porque, si no, pareciera que no hay plan; así que lo que debe hacer el Gobierno es contar en qué consiste el plan, cuáles son las metas y objetivos”. Aclara que no es necesario divulgar detalles operativos o tácticos, pero sí mantener “de forma pública y en discusión las políticas que se emprenden”.
Con él concuerda Daniel Pontón, experto en seguridad y política pública. Asegura que la falta de consolidación de un plan claro, que presente acciones, es uno de los principales problemas que ha vivido el Gobierno y que, de no corregirse, será un peso con el que se tendrá que seguir cargando. Para él, esta es “una gran deuda” de Noboa con el país.
Sin embargo, aunque el Plan Fénix que se ha vendido desde el Gobierno no esté claro, los expertos aseguran que no se pueden negar las acciones positivas que se han tomado desde la política de mano dura. Pero aclaran que estas no serán suficientes.
“Creo que es un logro importante la decisión de enfrentar los temas de seguridad desde el uso de la fuerza legítima que tiene el Estado, esa es una de las cosas que se pueden destacar de las acciones tomadas a raíz de la declaratoria de Estado de Excepción y el reconocimiento de un conflicto armado no internacional”, dice Pérez.
El experto detalla que los operativos de desarticulación y las estrategias de seguridad pueden verse muy exitosas a corto plazo, tanto para la ciudadanía como para parte de la opinión pública, “y quizá lo son, pero a sólo a corto plazo”. Por esto, Pérez detalla la relevancia de que todas estas acciones cuenten con una planificación y estén articuladas.
“La planificación no puede ser secreta, porque esto es política pública”, dice enfáticamente. “Entonces, si bien hay acciones positivas, no van a poder extenderse en el tiempo, si no existe una planificación clara”.
Pontón sigue una línea similar. Afirma que desde el Gobierno no se han tomado medidas estructurales que vean más allá del futuro inmediato del conflicto armado interno. Detalla que, si bien el discurso de la guerra funciona, de momento, esto no alcanzará a mejorar índices de seguridad a largo plazo.
“Lo que vemos es un Gobierno que nunca mostró un plan y que claramente adolece de una estrategia para la consolidación de la seguridad y la paz. Para eso se requiere una serie de políticas públicas muy bien delineadas, que no se enfoquen únicamente en la militarización de la seguridad, como ha querido hacer ver el Gobierno. Se necesitan políticas integrales”, dice.
Para él es un hecho que el conflicto armado interno no es sostenible en el tiempo y que el discurso de la guerra no podrá capitalizarse por mucho más, pues “la cosa va volviendo a la normalidad y los índices de violencia se vuelven a incrementar”. Las deficiencias económicas y la falta de planificación, según Pontón, pueden terminar pasándole factura al Gobierno.
¿Qué hace falta hacer?
Para ejemplificar las medidas complementarias que se necesitan, según el experto, se pueden citar acciones que se plantearon desde la propia candidatura de Noboa, como el reforzamiento de la seguridad a nivel local y comunitario, una iniciativa que no ha tenido avance. A esto se suman temas como la generación de empleos, la atención a zonas donde el Estado no ha llegado a lo largo de los años, mejorar los sistemas de educación; “la seguridad debe verse como un todo”.
“Si se quiere mantener una alta aceptación, no se puede quedar en golpes de efecto. No se puede creer que este es sólo un tema comunicacional. Con el paso del tiempo la violencia va a volver a cobrar fuerza. La reducción de homicidios que ha tenido el país en estos dos meses ha sido de 150 frente al año anterior, que fue atípico de por sí. Este año, por más que se reduzca levemente la violencia, vamos a seguir teniendo violencia alta. Yo no creo que sea amplia la reducción, yo esperaría más con un plan bien estructurado. En enero y febrero de 2023 hubo poco más de 1.000 homicidios y este año hemos tenido 900, la diferencia no es significativa y puede irse acortando, si no se toman acciones complementarias”, dice.
Para Pérez, esta es una de las principales falencias que tiene el Gobierno y que ha presentado durante estos primeros 100 días de mandato: “Por ejemplo, se promueve el empleo joven, pero se encarece la posibilidad de contratación. Se promueve el sector privado, pero se bajan las capacidades de consumo con el aumento del IVA. Esto debilita la naturaleza de las decisiones”, detalla.
Por esto, es necesario que Plan Fénix no termine diluyéndose en “golpes de efecto” y que se complemente con acciones que permitan solucionar los problemas de seguridad de forma complementaria e integral. Con esto en mente, cabe preguntarse ¿qué queda ahora, para lo que le resta a Daniel Noboa en el poder?
Pontón es muy claro: “Se deben reforzar las instituciones para tener un Estado más fortalecido. Se debe atender a las zonas en pobreza y extrema pobreza. Como dije antes, se debe ver a la seguridad como un todo”. Sobre lo primero pone un ejemplo: “Tenemos un Ministerio de Gobierno que opera junto con el Ministerio del Interior, bajo una misma cabeza. Se debe reestructurar a las instituciones al mando de la seguridad”.
“Hemos tenido, a lo largo de los años, una política de seguridad bastante deficiente y Ecuador necesita empezar a armar una verdadera política pública para poder resolver el problema”, concluye Pontón.