El contralor, Mauricio Torres, indicó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que entre las 22 declaraciones juradas investigadas se encuentran las de Lasso y las de Corral. La multa contra el expresidente es de 6.900 dólares.
La Contraloría impuso una multa de 15 salarios básicos, equivalente a 6.900 dólares, al expresidente de la República, Guillermo Lasso, debido a la contratación de Sebastián Corral como funcionario de su Gobierno, a pesar de tener impedimento para ejercer cargo público.
Así lo informó el titular de la entidad de control, Mauricio Torres, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hasta donde acudió para informar sobre la investigación que se realiza a las declaraciones patrimoniales juradas de exfuncionarios de ese Gobierno.
El conflicto
La semana pasada, la Contraloría informó que había emitido un informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en contra de Corral, exsecretario de la Administración Pública, ya que había afirmado en sus declaraciones patrimoniales juradas no estar incurso en inhabilidades para ejercer cargo público, a pesar de ser accionista de medios de comunicación que mantenían contratos de concesión de frecuencias con el Estado. El IRP fue remitido a la Fiscalía para investigación y a Corral se le multó con 20 salarios básicos y la prohibición de ejercer cargo público por dos años.
Su contratación generó que, aparte de Lasso, también sean multados otros funcionarios de Talento Humano y de la Secretaría de la Administración Pública.
Torres responsabilizó a la gestión anterior de la Contraloría, liderada por Carlos Riofrío, de la tardanza en la realización de esa investigación, ya que la denuncia de que Corral no podía ser posesionado se realizó en mayo del 2023 y el IRP recién se aprobó en febrero de este año. “Si se actuaba a tiempo, podría haber alcanzado a una destitución del entonces funcionario”, dijo.
Sobre Corral pesan otras dos investigaciones a cargo de la Contraloría: mantener vínculos o intereses económicos en paraísos fiscales y otra a través de la cual se verifica si corresponde o no a la realidad la declaración patrimonial jurada que presentó al asumir el cargo.
El asambleísta socialcristiano Lenin Rogel manifestó que es sospechosa esa acción tardía de la Contraloría y la calificó de “complicidad”. Por su parte, la correísta Patricia Núñez, preguntó si había alguna forma de que el exfuncionario devuelva los recursos que recibió como salario, ya que estaba ejerciendo un cargo que no podía. El Contralor aseguró que es imposible tomar esa medida ya que, de todas maneras, ejerció una actividad bajo un contrato.
Exfuncionarios investigados
Según el Contralor, en total estań en proceso investigaciones a 22 declaraciones juramentadas correspondiente a igual número de funcionarios del anterior Gobierno, entre las que se incluyen la del propio Lasso, la de su vicepresidente Alfredo Borrero, las de miembros del gabinete, de una exasambleísta y de exgobernadores.
Ofreció tener los resultados de las primeras nueve investigaciones para mayo. Añadió que las investigaciones se producen ya que modelos matemáticos generaron alertas sobre ciertos exfuncionarios que tienen raras fluctuaciones en sus patrimonios, incluyendo a algunos que han declarado patrimonio cero. Las investigaciones se realizan desde el 5 de enero.
Para los integrantes de la Comisión de Fiscalización, como Sofía Espín, del correísmo, y Ramiro Vela, del oficialismo, es importante que la Contraloría actúe a tiempo para evitar casos como este.
Por su parte, el legislador de Suma César Umajinga cuestionó el incremento patrimonial que habría reportado Lasso ante la Contraloría, por cerca de 21 millones de dólares, ya que dijo que el sueldo de un Presidente de la República no alcanza para tener ese nivel de recursos.
Otras comparecencias
Vela solicitó también la comparecencia ante esta Comisión de la general (sp), Tannya Varela, excomandante de Policía, para que explique presuntos nexos con miembros de bandas delictivas.
Según Torres, el organismo de control ya realizó la investigación a las declaraciones juramentadas de excomandantes y generales de la Policía, de los cuales se generaron tres informes con indicios con responsabilidad penal y 21 informes que no registraron problemas; entre estos últimos la investigación patrimonial realizada a Varela.
Aseguró que, de todas maneras, se volverá a realizar un examen de una nueva declaración juramentada y de paraísos fiscales de la excomandante.
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