Homicidios, narcotráfico, extorsiones y robos son los crímenes que más afectan a nuestro país, según expertos. La principal característica es que los delincuentes están empleando una violencia sin precedentes, lo que ha instalado en la sociedad el miedo. 

POR: Juan Camilo Escobar

De manera instintiva, el ser humano y los animales sienten miedo como una señal de alerta ante el peligro. Es un instinto indispensable para la supervivencia que nos obliga a afinar nuestros sentidos y enfrentar amenazas contra nuestra seguridad. Un exceso de miedo, en cambio, produce el efecto contrario: nos paraliza. Esta sencilla explicación la recibimos de niños en la escuela. Después, como adolescentes y adultos, poco a poco, en la «escuela de la vida», hemos confirmado la validez y la certeza de esta reflexión sustentada única y exclusivamente en el sentido común. 

Hoy, la volvemos a confirmar, pero esta vez de manera colectiva, como una sociedad preocupada por expresiones de violencia sin precedentes en la historia, comparables a lo que sucedía en los países vecinos de Perú y Colombia en los años ochenta y noventa: coches bomba, asesinatos de un candidato presidencial y de autoridades locales, y extorsiones a pequeños comerciantes.

Consultamos al presidente del Observatorio Ciudadano del Crimen en Ecuador, Renato Rivera, y a dos académicas e investigadoras especializadas en temas de seguridad en América Latina, cuáles son los delitos que más daño ocasionan a la gente, aquellos más graves, con mayor repercusión social. 

En consecuencia, una vez identificados, también les consultamos cuáles serían las medidas efectivas que el próximo Gobierno debería aplicar, en un periodo temporal de menos de dos  años.

Los cuatro especialistas entrevistados coinciden en identificar al temor como la principal consecuencia social que ocasionan los delitos más graves que se cometen en el país. Es un temor con repercusiones en la psicología y en la actitud de los ecuatorianos en sus actividades cotidianas, que van desde un aumento de la percepción de inseguridad hasta una caída en la productividad.

En la actualidad, según lo consideran los expertos consultados, los delitos más graves son: los homicidios, los robos a casas y locales comerciales, las extorsiones y el tráfico de drogas. A diferencia de años anteriores, explicaron, estos ilícitos se cometen con cada vez más violencia y, sobre todo, a manos de delincuentes organizados, que, en muchas ocasiones, disponen de armas más potentes que la Policía.

Para empezar, el representante del Observatorio aclara el criterio de investigación de los delitos: se basa en su impacto en la vida de las personas, en las propiedades y en la economía, así como en la relación entre estos aspectos.

Explica que el delito más grave en la sociedad ecuatoriana, independientemente de lo que indiquen las estadísticas, es el homicidio: «El hecho de ver tanta difusión de homicidios en los medios, pero también tantas extorsiones, genera una sensación de miedo en el desarrollo de las actividades. Además, está asociado con un sentimiento de impunidad en el Estado y su sistema de justicia», explica.

Según cifras que maneja este Observatorio, 8 de cada 10 homicidios se producen en Ecuador con armas de fuego, lo que, a su vez, mueve una economía ilegal en la que incluso se lavan activos. “En lo que respecta a la relación entre homicidios, considerados los delitos más graves, y el narcotráfico, junto con la extorsión, hemos observado que estas disputas entre organizaciones por el control del territorio también están relacionadas con el financiamiento a través de extorsiones, lo que genera entornos de violencia que aún no han sido investigados en el país”, expresó el experto.

Carla Álvarez, catedrática de seguridad nacional a nivel de posgrado, dijo que el aspecto de mayor preocupación para los ecuatorianos en materia de seguridad, no sólo es el incremento de los homicidios, sino la velocidad en la que estos se incrementan: “Esta espiral de violencia es el dato más relevante que ocurre en el país, es un número de muertes violentas en poco tiempo, que no se comparan con ningún otro evento que haya generado tensión en el país”.

¿Qué dicen los datos?

La estadística oficial de la Fiscalía ubica al robo como el delito más denunciado en la actualidad. A este ilícito corresponde el 27,7% de un total de 187.658 denuncias presentadas en el primer semestre de este año.

En segundo lugar, se encuentran tres tipos de delitos con más cantidad de denuncias: intimidación (7,5%, 14.113 casos), violencia psicológica contra la mujer o miembros de la familia (7,4%, 13.876 casos) y estafa (6,4%, 12.040 casos).

En tercer y último puesto, con porcentajes de entre el 5% y 2,6%, se encuentran los delitos de hurto (5%, 9.464 casos), lesiones causadas por accidentes de tránsito (4,1%, 7.753 casos), extorsión (3,9%, 6.205), tráfico de drogas (2,5%, 4.995) y abuso sexual (2,6%, 4.918 casos), conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico de la Fiscalía, en el que no constan denuncias por homicidios:

DIAGNÓSTICO

Ante este panorama, los especialistas consultados recomiendan a quien resulte elegido como presidente en la segunda vuelta que aplique medidas mínimas e inmediatas, pero de gran eficacia para garantizar la seguridad en la sociedad.

El 25 de septiembre el Observatorio prevé presentar a los dos candidatos presidenciales finalistas el que sería, hasta el momento, el conjunto más grande y sistematizado de recomendaciones técnicas de políticas y medidas de seguridad sustentadas en entrevistas, indicadores y estadísticas en la materia recopiladas durante 10 meses, con más de 130 entrevistas a funcionarios públicos y a distintos actores sociales.

Estas recomendaciones se enfocan, explicó Rivera, en 25 medidas para mejorar los métodos de investigación de la Fiscalía, evaluar y monitorear el sistema de Justicia, incluso con veedurías internacionales, e iniciar nuevos roles de seguridad por parte de gobiernos locales.

EQUIPO

En todo caso, opinó Álvarez, la medida inmediata que debería aplicar quien resulte elegido es la de informar cuál es el equipo seleccionado de autoridades y de asesores; y, sobre todo, cuáles son las prioridades del plan urgente de acción que deberán implementar.  

Esta es una medida urgente, acotó, luego de recordar que para ejecutar un plan de seguridad el próximo Gobierno tiene poco tiempo. Y, en consecuencia, se deben conocer las cabezas responsables de seguridad interna y externa, sus prioridades y presupuesto a ejecutarse.

MEDIDAS INTEGRALES

La consultora internacional en materia de seguridad y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Joahna Espín, en cambio, indicó que una política estratégica e integral de seguridad depende, en gran medida, de que el próximo gobierno reforme y actualice los sistemas de información. 

Esto, explicó, para contar, no sólo con las estadísticas generales de que disponen la Policía y la Fiscalía en la actualidad, sino para contar con indicadores específicos de las relaciones y conexiones de los delitos con el crimen organizado, lavado de activos, etc.

Espín formuló esta recomendación luego de recordar que los actuales sistemas de información proporcionan datos muy limitados, por ejemplo, de estadísticas de robos, sin especificar si corresponde o no a crimen organizado, si se cometió en el interior de una urbanización, si los delincuentes llegaron con vehículos “de gama alta” u otros factores que permitirían mejorar la investigación de nexos con grupos organizados y relacionados con el narcotráfico y, en consecuencia planificar mejora la respuesta del Estado.

“Las estadísticas no reflejan la magnitud del problema, siempre son una entrada importante; sin embargo, hay que ir mucho más allá para entender estas dinámicas más particulares”, sostuvo sobre la incidencia cada vez mayor del narcotráfico en las actividades delincuenciales.

PREOCUPACIÓN CIUDADANA

De 7 personas consultadas la mañana de hoy en paradas de buses ubicadas en las calles del norte de Quito, sólo una no testimonió que en sus familias y lugares de estudio y de trabajo se ha incrementado la percepción de inseguridad pública. Y lo dijeron luego de expresar que lo que “sale a la luz pública”, a través de medios de comunicación, es sólo una parte de lo que en realidad acontece en las calles, buses, mercados y otros espacios públicos del país donde se producen robos, extorsiones y otros delitos.

Dos de los entrevistados lamentaron la falta de respuesta oportuna de varios alcaldes y presidentes de turno, de quienes dijeron no han logrado frenar los hechos delictivos, frente a lo cual, los propios vecinos se han visto obligados a organizarse.

Yolanda (identidad protegida), por ejemplo, manifestó que, a diferencia de otros años, en lo que en el conjunto en el que vive gozaba de una relativa tranquilidad, en el transcurso de este año se han registrado tres robos a domicilios. Y en los tres casos la respuesta a los llamados de auxilio por parte de la Policía y del Servicio ECU-911 no fue oportuna, dijo.

“Pese a que hay un guardia de seguridad, los delincuentes buscan la manera. Y esto nos preocupa por el hecho de que no pasamos en casa y las casas pasan solas. Estamos hablando de que hubo una banda delincuencial dentro del conjunto, pero con el trabajo del guardia, de la administración y de quienes vivimos en el propio se pudo sacarlos”, dijo tras reiterar su queja por la demora en la respuesta de la Policía.

“A nosotros mismo nos toca hacer de vigilantes”, dijo, en cambio, José Paúl Flores, quien vive en la zona de Caminos de la Libertad de Cotocollao.

“Nos apoyamos, estamos viendo quién pasa. Y nos avisamos si hay alguna novedad. Porque eso de esperar que venga la Policía no da resultado. Ya se les ha dicho que vengan, pero no vienen a hacer presencia. Entonces, a nosotros mismos nos toca protegernos y, menos mal, en lo que va del año no nos ha pasado nada, pero es preocupante lo que a cada rato se ve robos en todos lados”, lamentó.

Te puede interesar:

· Bananera Noboa cambia de nombre en el SRI para no pagar su deuda

· FF.AA. inician un largo proceso de robustecimiento con apoyo de EE.UU.

· Tumbaco, 3 horas sin luz por poner un abogado como gerente de la EEQ