En la nueva Ley de Personal y Disciplina de las FF.AA. se sanciona este y otros tipos de conductas con la baja al militar. El tema se incluyó luego del escándalo y asesinato de ‘Don Naza’ y su presencia en el Ministerio de Defensa. 

Las Fuerzas Armadas cuentan con una nueva Ley de Personal y Disciplina, que entrará en vigencia apenas se publique en el Registro Oficial, una vez que el Pleno de la Asamblea resolvió la objeción parcial que el presidente, Guillermo Lasso, impuso. De un total de 265 artículos y disposiciones del proyecto de ley, el primer mandatario objetó 22 artículos, una disposición general y tres disposiciones transitorias. 

La Comisión de Seguridad de la Asamblea, que trabajó el tema, recomendó en su informe que el Pleno se allane a 15 observaciones y se ratifique en el texto original de las 11 restantes observaciones. En los dos casos hubo 116 votos. 

En criterio del asambleísta Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión, la normativa permitirá fortalecer a una institución que apoya al combate de la delincuencia a través del control del porte de armas, explosivos y municiones, a la vez que cumple su misión tradicional de custodiar las fronteras para evitar el ingreso de armas y drogas. 

Narváez se mostró complacido porque apenas el 10% de su articulado fue objetado por el Presidente de la República. “Muchas de estas observaciones tienen coherencia, ya que son de forma y ayudan a clarificar los textos y a hacer precisiones”, manifestó. 

Julio Mendienta, exsuboficial de la FAE, pidió que se restituyera el beneficio económico por desvinculación laboral, equivalente a cinco salarios básicos, del que no gozan los miembros de las Fuerzas Armadas pero sí otros funcionarios del sector público, 

Patricia Núñez, asambleísta del correísmo, agregó que con la Ley se regulan los procesos de selección, formación y capacitación de los militares en las diferentes ramas, y se permite una evaluación más técnica. 

El contenido 

Entre los aspectos que contempla la normativa aprobada, está la regulación del régimen de carrera profesional militar, se incorporan nuevos aspectos disciplinarios, se ajustan los tiempos de ascensos dependiendo del grado y se establecen los requisitos para comandar una fuerza.

Sin embargo, uno de los aspectos que destacan de esta Ley, dijeron los legisladores, es la prohibición de que los militares formen parte de estructuras piramidales de captación ilegal de dinero. 

El tema cobró fuerza en el debate legislativo a raíz del caso ‘Don Naza’, en el que un militar retirado creó la captadora Big Money y ofrecía a sus clientes, algunos de ellos militares, intereses de hasta el 90% del capital en sólo ocho días de plazo. 

A ‘Don Naza’ se le vio en el Ministerio de Defensa, en La Recoleta —centro de Quito—, donde funcionan varias instituciones militares, aparentemente haciendo negocios. 

Esto no estaba regulado ni sancionado en la normativa militar. Sin embargo, con la nueva Ley, participar de cualquier manera en estructuras de captación ilícita de dinero, actividades no reguladas en el sistema u otras actividades financieras ilícitas, constituye una falta sancionada con separación del servicio activo.

Para Narváez, este artículo es necesario debido a la coyuntura que se dio en el país, ya que era indispensable sancionar con el máximo rigor de la Ley ese tipo de conductas.

Otra causal para la baja es ejercer acciones que constituyan acoso o abuso sexual en contra del personal militar o servidores de la institución militar, debidamente comprobadas. 

En cambio, personal militar consultado y que prefiere mantener sus nombres en reserva, destaca que en la normativa se haya incorporado la obligatoriedad del patrocinio institucional en caso de que un militar sea enjuiciado por actos relacionados con su actividad. 

Después de pasar los paros de octubre del 2019 y de junio del 2022 y tras el repunte de la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, aseguran que necesitan más garantías legales para ejercer sus tareas de control, sobre todo en el caso de que se dieran enfrentamientos armados. 

Lo que viene

Ahora la expectativa de los asambleístas se centra en el veto que el Ejecutivo imponga al proyecto de reformas a nueve normativas relacionadas con seguridad, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas reformas crean el Consejo Nacional de Política Criminal, conformado por 15 representantes de instituciones relacionadas con seguridad, defensa nacional, Derechos Humanos, justicia y del Sistema Nacional de Inteligencia y Rehabilitación Social, entre otros, para trabajar en la prevención y asegurar la coordinación de acciones.

Con esta Ley aprobada la semana pasada, se espera modernizar la normativa que ayude a combatir la delincuencia que, a través de diferentes modalidades, se ha incrementado en el país, manifestaron en la Legislatura.

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