Las instituciones judiciales exigen garantías para que sus funcionarios puedan trabajar. En dos días, un fiscal fue asesinado —el tercero en lo que va del año— y otro atacado en Shushufindi. Hay el doble de jueces amenazados que el año anterior. 

Las alarmas están encendidas en el sistema de Justicia ecuatoriano, que también sufre la ola de violencia que afecta al país. Ayer, en menos de 24 horas, dos funcionarios judiciales fueron víctimas de atentados. En horas de la mañana las autoridades informaban del asesinato, estilo sicariato, del fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Édgar Escobar. Ocurrió a plena luz del día y en el centro de esa ciudad, frente a la Fiscalía provincial. Durante su trayectoria profesional, Escobar había trabajado en casos relacionados con narcotráfico, asesinatos, robos, entre otros. Uno de esos casos era la investigación del motín que se dio en la Penitenciaría del Litoral, en noviembre del 2021, que dejó como saldo 65 internos fallecidos. 

Tras el crimen de Escobar, la Policía capturó en el Cerro del Carmen a dos presuntos involucrados, uno de ellos menor de edad. La Fiscalía informó que el juez dictó prisión preventiva contra Samuel P. Ch. por el delito de sicariato; mientras que el menor de edad recibió internamiento preventivo. 

Horas después de este crimen se produjo otro atentado. Esta vez fue en el cantón Shushufindi, de Sumbíos, donde el juez multicompetente Víctor G. fue atacado con arma de fuego cuando viajaba en un vehículo. La Policía informó que dos personas a bordo de una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones al vehículo de alta gama. Dos personas que acompañaban al juez fueron heridas, mientras que el magistrado resultó ileso. Dos personas fueron detenidas y estaban siendo procesadas. 

Duro panorama 

Frente a estos hechos de violencia, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, informó que se cuenta con un instructivo de seguridad individual para cada uno de los servidores que están en riesgo. Según sus cifras, en el 2019, cuando se hizo un análisis de riesgo de los jueces en el país, en coordinación con el Ministerio del Interior, se determinó que 12 magistrados corrían peligro, por lo que se les proporcionó protección personal. En 2020 la protección se extendió a otros nueves jueces que habían recibido amenazas; para el 2021 el número de jueces amenazados fue de 12 y, en lo que va de este año son 23 los magistrados que han requerido de protección policial; es decir, el doble que el año anterior.

Santiago Peñaherrera, director de la Judicatura, dijo que hay un procedimiento a través del cual los servidores judiciales que están en en algún tipo de riesgo solicitan a esa entidad o a la Fiscalía que gestione con el Ministerio del Interior la evaluación del nivel riesgo y otorgue la seguridad que corresponda. “Este tipo de medidas posiblemente sean insuficientes, por eso desde la Judicatura se ha hecho la solicitud al Ministro del Interior para que, de manera conjunta con la Policía y la Judicatura, se trabaje en un protocolo de seguridad integral para brindar mayor seguridad”, dijo Peñaherrera. 

Para Murillo, el problema se presenta porque las bandas narcodelictivas y de delincuencia organizada se adelantan o superan los protocolos y que son riesgos que enfrentan cuando se administra justicia en materia penal.  

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, dijo que se toman medidas para que los fiscales y otros estamentos del sistema de administración de Justicia cuenten con las garantías y protección necesaria para desarrollar su trabajo con tranquilidad. Jiménez reconoció que solicitar la aplicación del protocolo de protección puede resultar “engorroso”. 

SOS judicial

Diferentes instancias han expresado su rechazo y preocupación por estos hechos violentos. A través de su cuenta de Twitter, la fiscal general, Diana Salazar, aseguró que con Escobar son tres los fiscales asesinados este año. “Me indigna profundamente este nuevo asesinato a un compañero fiscal, el tercero en lo que va del año. Las acciones de la delincuencia no detendrán la labor de la Fiscalía para combatir la criminalidad en nuestro país. Exigimos garantías y seguridad para cumplir nuestro trabajo», posteó. 

La fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, solicitó a las autoridades policiales redoblar los sistemas de seguridad, patrullajes y mayor protección a los funcionarios. Dijo que las audiencias y toma de versiones en la Penitenciaría deberían ser telemáticas, para precautelar la seguridad de servidores judiciales.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General aseguró que seguirá trabajando. Además, solicita a las entidades pertinentes que apliquen las medidas necesarias para que los funcionarios puedan cumplir con su trabajo sin amenazas ni riesgos.  

Como parte del trabajo preventivo, entre hoy y el viernes, 3.768 funcionarios de la Fiscalía a escala nacional se capacitarán en “Técnicas de autocuidado personal”, a cargo de grupos especializados de la Policía. 

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) hizo un llamado a las autoridades competentes a tomar acciones y brindar las garantías necesarias a los servidores judiciales, para que puedan cumplir con su trabajo, “como lo demanda la ciudadanía, pero con la seguridad de que sus vidas no están en peligro”. En un comunicado, afirma que jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales, aportan desde sus espacios a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado con sujeción a los derechos y garantías establecidos en la Constitución. “Sin embargo, para cumplir con nuestra labor reclamamos seguridad a escala nacional”, consta en el comunicado. La presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, solicitó que se declare en emergencia a la Función Judicial y que se autorice el teletrabajo para todos los jueces en materia penal hasta que existan las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar sus labores, ya que en estos momentos representa un “acto heroico”. 

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, dijo que la seguridad en el país está tan degradada que se asesina a un funcionario judicial a las puertas de una Fiscalía, lo que es “topar fondo”. Ulloa exhortó al presidente, Guillermo Lasso, para que se instale una mesa de crisis, en la que estén todas las máximas autoridades del país, con el objetivo de aportar desde los diferentes ámbitos para poner freno “a esta brutalidad que está afectando a toda la ciudadanía”. “Ciudadanos comunes, funcionarios públicos, nadie se salva de la delincuencia”, dijo.  

Intimidación al sistema judicial 

Leonardo Tipán, abogado penalista; y Mario Carrillo, experto en seguridad, coinciden en señalar que los ataques a los operadores de justicia pueden ser una forma de amedrentamiento e intimidación por parte de las bancadas narcodelictivas y del crimen organizado. Tipán asegura que es fundamental que la Fiscalía investigue los hechos para conocer si se trata de ajustes de cuentas o represalia por una determinada investigación o fallo judicial. Agrega que es importante que se brinde seguridad a los funcionarios judiciales y que es tiempo de pensar en operadores de justicia que se dediquen específicamente a esos casos, pero que no se conozcan sus nombres y no se los expongan públicamente. 

Carrillo asegura que ya no se trata de delincuencia común y que las bandas delictivas conocen cómo operar para delinquir y evadir la Justicia; por ejemplo, usando a menores de edad o embarazadas, que tienen otro trato ante las leyes del país, o que se trata de fallas propias del sistema de legal ya que hay delincuentes que entran y salen de las cárceles usando cualquier recurso. 

Te puede interesar:

· Recibe tu casita gratuita 100% subsidiada por el Gobierno

· Viteri, lista para otro paro: “No necesitamos productos de la Sierra”

· Posiblemente se generen 2 terremotos más en cualquier lugar del planeta