La comisión de evaluación aprobó el cronograma; no hubo conciliación entre el CAL y la Presidenta de la Asamblea; y la Izquierda Democrática separó a más legisladores. La crisis política en el Legislativo es cada vez más profunda. 

La comisión multipartidista que evaluará a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), aprobó el plan de trabajo para analizar la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres (PSC) por incumpliento de funciones. 

Las tres fechas claves son el 20 de mayo, cuando se cumplirá la audiencia de sustentación de pruebas de cargo y de descargo por parte de Torres y de Llori y la comparecencia de otros legisladores que deseen intervenir en el proceso. 

Luego de analizar los argumentos y las pruebas, el 26 de este mes la comisión deberá aprobar el informe que podría recomendar la destitución de Llori como titular de la Asamblea o que se archive la denuncia. De acuerdo con el cronograma aprobado, se tiene previsto que este informe sea tratado por el Pleno el 31 de mayo, para que tome la resolución final. 

El asambleísta John Vinueza (independiente), integrante de la comisión, manifestó que este proceso podría sentar jurisprudencia porque es la primera vez, a partir de la reforma de la Ley de la Función Legislativa aprobada en el 2020, que se aplica la norma de comisiones ad hoc para tratar la destitución de una autoridad de la Asamblea. “Nosotros no evaluamos. Lo que hacemos es sustanciar el proceso de una denuncia presentada por un asambleísta contra una autoridad de la Asamblea”, dijo. 

En el proceso de valoración de pruebas se analizará cuáles son las funciones que habría incumplido Llori. Las cuestiones de forma de la denuncia, que en su momento generaron polémica, como la equivocación en los apellidos del asambleísta denunciante, no serán motivo de revisión, ya que con la resolución del Pleno que dio paso a la integración de la comisión, se consideran subsanadas esas observaciones previas.

¿Cómo se juegan las cartas?

Llori entra a este proceso respaldada por un sector de la bancada de Pachakutik, parte de la Izquierda Democrática y por la bancada oficialista, en su conjunto, que consideran ilegal la conformación de la comisión de evaluación. Sin embargo, ha perdido apoyo, no sólo del resto de bancadas, sino también el apoyo político de la Conaie, organización afín a Pachakutik, según manifestó su presidente, Leonidas Iza. 

Mientra que en el marco de un intento de conciliación con Llori, los asambleístas Virgilio Saquicela (ex BAN), Ronny Aleaga (UNES) y Darwin Pereira (ala rebelde de PK), integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), habían mencionado la posibilidad de proponer a Llori que renuncie a la Presidencia a cambio de dejar el proceso en su contra en cero, con lo que quedaría sin sustento la comisión evaluadora.

Para Vinueza esa decisión no le corresponde tomar al CAL, sino al Pleno de la Asamblea, que con 81 votos aprobó la calificación de la denuncia de Torres y autorizó que se integrara la comisión evaluadora. Por su parte, Lucía Placencia (separada del bloque de la ID), también integrante de la comisión, aseguró que no hay marcha atrás en la evaluación a la Presidenta de la Asamblea. 

Fracaso anticipado 

De todas maneras, fracasó cualquier intento de conciliación entre el CAL y Llori. Ese acercamiento había sido planteado por la jueza Raquel Herrera, para que la partes resolvieran sus conflictos internamente y así evitar ir a la audiencia de acción de protección, recurso presentado por Llori para evitar la evaluación. 

La Presidenta de la Asamblea había fijado para ayer la reunión de conciliación, pero no asistieron los integrantes del CAL. Llegaron atrasados y manifestaron que tenían sesiones de comisiones, por lo que presentaron un pedido para que la reunión se cumpla hoy a las 11:15. Esta vez fue Llori la que no aceptó la reunión. Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea, dijo que se ha pedido a la Unidad Judicial que fije el día y la hora para que se cumpla la audiencia de acción de protección, mientras que Pereira espera que la Justicia no intervenga en las decisiones de las Asamblea. 

También está en duda la calificación de las denuncias administrativas en contra de Llori presentadas por UNES para que sean tramitadas por el Comité de Ética, que podrían significar la destitución de su calidad de asambleísta. Estas denuncias debían ser calificadas ayer por el CAL, que no pudo reunirse por falta de quórum. A través de su cuenta Twitter, la Presidenta de la Asamblea aseguró que las denuncias precluyeron (se venció el plazo para su conocimiento). 

Sin embargo Aleaga, uno de los denunciantes, asegura que la norma establece que en cinco días la denuncia tiene que ser puesta en conocimiento del CAL, lo que sí se cumplió. “Lo que no se dio fue el tratamiento de estos puntos, porque no hubo quórum, pero lo que debe hacer la Presidenta es convocar a una nueva sesión del CAL para tratar esos puntos”, aseguró Aleaga.

La ID se desgrana 

En medio de este cruce de criterios legislativos, que enredan más a las autoridades de la Asamblea, la Izquierda Democrática no es ajena a los conflictos políticos internos. El partido se  lo disputan ahora dos dirigencias y el consejo de ética expulsó definitivamente al asambleísta Alejandro Jaramillo, quien anticipó que impugnará ante el  Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Mientras que la dirigencia liderada por Guillermo Herrera separó de la bancada a Xavier Santos, Rocío Guanoluisa y Lucía Placencia. Así, el bloque de la Izquierda Democrática se queda con 10 legisladores de los 18 que obtuvo cuando se dieron las elecciones. “¿De cuál bancada? Si ya no había bancada”, ironizó Placencia.  

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