Analistas cuestionan la creación de la Secretaría Pública Anticorrupción; aseguran que sólo se incrementará la burocracia. ¿Cómo lograr que no se vuelva un ‘saludo a la bandera’?

A través del Decreto Ejecutivo 412, el presidente, Guillermo Lasso, creó la Secretaría Pública Anticorrupción, que se encargará de la coordinación, gestión, seguimiento y evaluación de la implementación de la política pública para combatir la corrupción. La Secretaría está adscrita a la Presidencia de la República. 

Lasso aseguró que esta instancia es un paso más que da su Gobierno en el combate a la corrupción. Agregó que la entidad “trabajará especialmente en la prevención de la corrupción y en promover la integridad en el ámbito de la Función Ejecutiva”. 

El objetivo es generar alertas tempranas de riesgo de corrupción en áreas como la petrolera, energía, telecomunicaciones, obra pública, control del narcotráfico, compras públicas 

Como titular de esta Secretaría nombró a Luis Verdesoto, exconsejero Nacional Electoral (CNE), que se venía desempeñando como su Consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional. 

Verdesoto aseguró que la entidad que hoy dirige recabará información sobre presuntas irregularidades o actos de corrupción en la Administración Pública Central para poner en conocimiento de las autoridades competentes y será responsable de la estrategia nacional de integridad pública y anticorrupción. En un plazo de tres meses deberá presentar la metodología y el cronograma de trabajo que empleará para diseñar la política anticorrupción.

Las funciones asignadas

Son 16 funciones y atribuciones específicas que Lasso otorga a la nueva Secretaría; entre ellas constan:

• Diseñar la política anticorrupción en el marco de los instrumentos internacionales para aprobación del Presidente. 
• Diseñar un sistema nacional que incluya mecanismos para identificar las áreas de alto riesgo de corrupción y generar alertas tempranas.
• Asesorar e informar al Presidente en materia de integridad pública y anticorrupción.
• Coordinar con otras entidades de la Función Ejecutiva y de otras funciones del Estado la implementación de estrategias transversales anticorrupción.
• Articular con la Cancillería acuerdos internacionales en esta materia.
• Proponer instrumentos normativos y técnicos para cumplir la tarea asignada.

¿Aporte real?

Para el analista económico Víctor Albán, la lucha contra la corrupción en general debe pasar por culturizar a la ciudadanía desde el hogar, desde el sistema educativo, para que la meta no sea convertirse en millonario de la noche a la mañana, desde cualquier ámbito. 

Mientras que en el sector de la administración pública, dice Albán, la mejor medida que se debe tomar para combatir la corrupción es tecnificar las instituciones, despolitizarlas y nombrar a profesionales que no busquen cuotas de poder o su “tajada”. “Mientras eso no suceda, se pueden crear todas las secretarías anticorrupción, que el resultado será el mismo”, dijo Albán. 

Manifestó que, mientras no haya ese cambio de actitud en el nombramiento de las autoridades para que vaya gente con compromiso ético, la Secretaría recién creada no pasará de ser un ente burocrático más que incremente los rubros del Presupuesto del Estado. 

Germán Rodas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, también tiene varias observaciones a la creación de esta Secretaría. Dijo que la corrupción no se combate creando más burocracia y que no se debería encargar esa dependencia a una persona que estuvo en el CNE, ya que se podría interpretar que representaba los intereses electorales del entonces candidato a Presidente de la República. “Queda demostrado que lo que se busca es que un empleado gubernamental no vaya más allá de donde le permita el Régimen”, aseguró. 

Considera que las actividades de esta Secretaría se limitarán a dar conferencias, charlas, talleres, cuando la lucha contra la corrupción va más allá de eso e implica, por ejemplo, tomar decisiones de separar a funcionarios que vienen desde regímenes anteriores formando parte de la corruptela. “Se deben tomar decisiones políticas como que no se sigan comprando a los mismos proveedores de insumos médicos, como sucede en el Ministerio de Salud”, aseguró Rodas.       

Los antecedentes 

Albán recordó que el intento de combatir  la corrupción en el ámbito público a través de una entidad no es nueva, ni iniciativa de este Gobierno, pero siempre sin resultados reales.

En febrero del 2019, el Gobierno de Lenín Moreno también creó la Secretaría Anticorrupción, que tuvo tres titulares y se suprimió en mayo del 2020. 

Esa Secretaría fue cuestionada por la fiscal general, Diana Salazar, quien aseguró en su momento que no ayudaba a las investigaciones penales y que, por el contrario, alertaba a los investigados por corrupción. A esa crítica se sumaron la Contraloría, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia.

Otro intento de Moreno por combatir la corrupción fue la creación, en mayo del 2019, de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador, a la que calificó como un hito de su Gobierno. Nunca se informó de resultados concretos de esta misión internacional y más bien tres de sus miembros demandaron al Estado el pago de sus honorarios. 

Mientras que en el Gobierno de Lasso se anunció, en diciembre del 2021, la creación de una comisión nacional para prevenir la corrupción que debía estar integrada por representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; además de delegados la Asociación de Municipalidades (AME), del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y de la Defensoría del Pueblo. 

Tampoco se concretó hasta que ayer se conformó la Secretaría Pública Anticorrupción. 

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