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Conciliación en la Asamblea, ¿a cambio de qué?
mayo 3, 2022

El asambleísta Darwin Pereira, integrante del CAL, reveló que una de las posibilidades es que se proponga a Guadalupe Llori que renuncie a la Presidencia a cambio de desarticular la comisión evaluadora y que se retiren otras denuncias administrativas en su contra. 

En medio de reclamos por falta de apoyo técnico y de difusión, hoy se instaló la comisión multipartidista para avocar conocimiento del proceso de investigación a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK). Proceso que podría terminar en la destitución de su cargo con base en la denuncia que el asambleísta Esteban Torres (PSC) presentó en su contra por presunto incumplimiento de funciones. 

El primer contratiempo fue no contar con un secretario designado por la Presidencia de la Legislatura, por lo que se nombró a Marco Espinoza para que cumpliera esa función. Espinoza es asesor del asambleísta Pedro Zapata (PSC), titular de la comisión. “Es lamentable, porque no debería ocurrir. (…) Más que boicotear (la sesión) creo que es una actitud indelicada de la Presidenta de la Asamblea, ya que debe pensar siempre en la institución y no en su tema personal”, dijo Zapata. Otros integrantes de la Comisión también expresaron su malestar por la falta de apoyo logístico para el desarrollo de la sesión. 

Sin embargo, esta continuó y, una vez avocado conocimiento de la denuncia, en el plazo de hasta tres días se notificará a Torres y a Llori para que en los 10 días siguientes presenten las pruebas de cargo y  de descargo. Pamela Aguirre (UNES) solicitó que las notificaciones se cumplan este mismo día y resolver lo antes posible este proceso. 

La Comisión tiene hasta 35 días para presentar su informe ante la Presidencia de la Asamblea, quien deberá incluir en el plazo máximo de tres días como punto único del orden del día dicho informe para su tratamiento. 

John Vinueza (independiente), integrante de la Comisión, dijo que si Llori, que no reconoce la legalidad de la Comisión, no se presenta a exponer sus argumentos, el proceso se le seguirá en rebeldía. Peter Calo (PK-ala rebelde) dijo que se transparentará la verdad y defendió la legalidad de la Comisión que fue designada por el Pleno de la Asamblea. “La Comisión está para evaluar a la Presidenta de la Asamblea, ese es nuestro trabajo”, dijo.

Julio César Sarango, asesor jurídico de Llori, dijo que sí se presentará a ejercer su derecho a la defensa, pero mantiene que la Comisión es ilegítima, ya que no cumplió con los requisitos legales y constitucionales para su integración. “Todo lo que están realizando es ilegal, desde la calificación misma de la denuncia, la conformación de la comisión…”, dijo. Agregó que es ilegal a pesar de que se revocó la medida cautelar que le habían concedido a la Presidenta de la Asamblea, porque esta revocatoria se dio un día después de integrada la Comisión por el Pleno de la Asamblea.

Las condiciones

La dura “batalla” que ha dado Llori para mantenerse en el cargo no se limita a lo político-legislativo; también ha recurrido a la Justicia para bloquear todo intento de conformar la Comisión evaluadora. 

Ha puesto dos demandas penales ante la Fiscalía en contra de integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la una por arrogación de funciones y la otra por incumplimiento de decisiones emitidas por autoridad competente. Las dos siguen su curso regular; es decir, en fase de investigación previa. Antes de estas dos denuncias había solicitado medidas cautelares, que le fueron concedidas y luego revocadas. 

Por último, estaría por resolverse una acción de protección. La jueza Raquel Herrera dio plazo de cinco días, que se cumplen este jueves, para que Llori y los integrantes del CAL lleguen a la conciliación como una alternativa a la acción de protección. 

En declaraciones a Teleamazonas, la Presidenta de la Asamblea manifestó que está lista para la conciliación, siempre y cuando “deroguen esa resolución ilegítima del CAL” y que se actúe en derecho, con lo que quedaría sin sustento la Comisión evaluadora. Sarango agregó que todo depende de los demandados. 

El asambleísta Darwin Pereira (PK-ala rebelde), integrante demandado del CAL , dijo que están dispuestos a dialogar con Llori y que la alternativa para lograr la conciliación es evitar que continúe su labor la Comisión de evaluación, pero con la condición de que Llori presente su renuncia al cargo y retire las demandas. “Más allá de que pudiera tener o no razón, el problema es que implica gastos para nosotros, ya que no vamos a cometer el error de ella, de usar a los abogados de la Asamblea; a nosotros nos toca pagar nuestros propios abogados. Eso debería entrar en la conciliación, dejar las cosas como al principio”, dijo Pereira. 

Mientras que Yeseña Guamani (ID), integrante del CAL también demandada con la acción de protección, dijo que el diálogo debe permitir una salida a la Asamblea y que si existe un incumplimiento de funciones por parte de Llori, que se siga en debido proceso; lo que no implica que se le pida la renuncia al cargo. 

Aparte de la denuncia de Torres, sobre Llori hay otras dos denuncias administrativas  presentadas por asambleístas de UNES para que sean tratadas por el Comité de Ética, que, de aprobarse, podrían inclusive significar la destitución de la curul. Y una tercera denuncia administrativa podría ser presentada mañana por Bruno Segovia (independiente) por gestión de cargo público.

Antes de pasar al Comité de Ética, las denuncias deben ser calificadas por el CAL. ¿La negociación para la conciliación implicará que se retiren estas denuncias, con lo que Llori podría perder el cargo de Presidenta pero no su condición de Asambleísta? 

“Yo no sé si UNES, a lo mejor, podría estar dispuesto a retirar sus denuncias, yo creo que sí. La idea sería de parte y parte. Pienso que UNES podría ser parte de la negociación, considerando que ellos tienen un miembro en el CAL (demandado). Habría que ver qué pasa con Segovia”, dijo Pereira.

“Ecuador no merece impunidades. Nosotros no podemos mantener silencios cómplices; acá no se trata de conciliar o ponerse de acuerdo. La dignidad y la honestidad debe estar ante todo. Jamás conciliamos sobre eso”, respondió Segovia.  

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