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Las elecciones seccionales costarán 109 millones de dólares
marzo 4, 2022

El próximo año, además de alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales, se elegirá al Consejo de Participación Ciudadana.

Con tres votos a favor, una abstención y un voto en contra, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de 109’344.945 dólares para las elecciones seccionales del 2023.

El 5 de febrero del próximo año se elegirá a prefectos, alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales y a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

El presupuesto aprobado incluye recursos para actividades que no existieron en las seccionales de 2019: debates obligatorios en 17 provincias entre los aspirantes a las prefecturas y en 21 cantones entre los postulantes a las alcaldías.

Además, contempla la renovación de equipos informáticos que cumplieron su vida útil, ampliación del voto telemático en el exterior y kits de bioseguridad contra el Covid-19.

A las Fuerzas Armadas se les asignará un considerable monto —más del doble que a la Policía y mucho más que la renovación de los equipos informáticos—, con el argumento de que necesitan para el combustible, ya que son los encargados de transportar el material electoral a los diferentes puntos del país, aparte de brindar seguridad interna en los recintos electorales.   

Del monto aprobado, a la planta central se asignarán 69’129.235 dólares y a las delegaciones provinciales 40’215.710 dólares.  

Desglose del presupuesto: 

Actividades y personal        91’610.794,19 dólares 

Debates                                   841.363     dólares 

Renovación de 

equipos informáticos            4’694.856    dólares 

Voto telemático                      871.452    dólares 

Fuerzas Armadas                  7’763.380    dólares 

Policía Nacional                     3’216.691,62 dólares 

Kit de bioseguridad               346.409     dólares 

TOTAL                                            109’344.945

Las previsiones 

La proyección del padrón electoral para el 2023 son las siguientes: 

Electores a escala nacional:                                12’955.930 

Electores en el exterior:                                       412.355

Juntas receptoras del voto en el país:                 39.814 

Juntas receptoras del voto en el exterior:          936

Recintos electorales en el país:                            4.347

Recintos electorales en el exterior:                     101

Miembros de las juntas receptoras del voto en el país:     278.698

Miembros de las juntas receptoras en el exterior:         4.685 

Además, el Pleno aprobó por unanimidad un presupuesto de 12,9 millones de dólares, como Fondo de Promoción Electoral; es decir, para financiar la publicidad de los candidatos. 

Según la Constitución, el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de manera equitativa e igualitaria la promoción electoral. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en medios de comunicación y vallas publicitarias. 

Las observaciones 

La consejera Elena Nájera se abstuvo de votar por el presupuesto presentado, ya que argumentó que sus observaciones no habían sido tomadas en cuenta.

Nájera aseguró que en el presupuesto hay unos 12 millones de dólares en gastos innecesarios y se los podría eliminar para reducir los rubros, tomando en cuenta la crisis económica por la que atraviesa el país. Dijo, además, que se están planteando subcontrataciones para evitar el control de la Contraloría.

Enrique Pita, quien votó en contra, agregó que el presupuesto no se adecúa a la realidad económica del país. Aseguró que en áreas como Tecnología y Comunicación los montos están mal estructurados y se podría hacer una reducción de gastos. 

Sin embargo, la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, aseguró que el presupuesto aprobado permitirá organizar unas elecciones eficientes, técnicas y transparentes y destacó que se trabajó con todas las áreas para definirlo.

Atamaint confía en que en el camino se puedan reducir algunos gastos, como la compra de kit de bioseguridad, si es que el país a esa fecha es declarado libre de coronavirus. Manifestó que cada contrato será auditado por organizaciones sociales y veedurías.

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