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9 rasgos del perfil autoritario de Daniel Noboa
junio 25, 2024

La revocatoria de la visa de Alondra Santiago, basada en un informe que ha sido declarado como secreto y que nadie conoce, ha generado el rechazo de amplios sectores. Pero hay más señales: desde la censura de espacios críticos, hasta su declaración de ser un ‘pésimo enemigo’. 

Ecuador amaneció hoy con una noticia que provocó una reacción unánime de rechazo de diversos sectores sociales y políticos, a pesar de diferencias ideológicas: el gobierno de Daniel Noboa revocó el visado indefinido de la comunicadora Alondra Santiago, conocida por su cercanía al correísmo.

“Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad”, publicó la propia Santiago en X para confirmar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador le había revocado su visa ecuatoriana.

“Este Gobierno quiere silenciarme a toda costa, pero no me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción”, agregó Santiago en el mismo post en el que compartía imágenes de la resolución del Ministerio en la que se le notificó la revocatoria de su “Visa 9 VI EC indefinida”.

“La titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”, se lee en el documento. Sin embargo, no detalla específicamente estos actos, mencionando que los informes que respaldan esta acusación han sido clasificados como secretos. 

Este silencio ha generado mayor controversia y suscitado dudas sobre la verdadera motivación detrás de esta medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió consultar al Ministerio de Interior sobre las razones de la decisión, pues se habrían basado en un informe de esa institución. Este, a su vez, devolvió la consulta, argumentando que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha invocado las “facultades privativas que confiere la Ley Orgánica de Movilidad Humana” para revocar la visa de Santiago.

En un pronunciamiento publicado en X, el Ministerio del Interior también recuerda que trasladó a Exteriores un documento clasificado como secreto que contenía una alerta del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Santiago generó polémica hace pocos días al publicar en sus redes sociales una serie de cuestionamientos al presidente Noboa modificando la letra y música del Himno Nacional, que ella mismo intepretó a viva voz. Sin embargo este hecho ni otro específico se menciona en la resolución de revocatoria de su visa.

Este caso, sin embargo, ya no es aislado y se vuelve un síntoma repetitio. La administración de Noboa ha sido marcada por una serie de acciones que reflejan un enfoque autoritario y restrictivo hacia las voces críticas, pero también hacia la sociedad. Se trata de 10 acciones contradictorias, que oscilan entre el compromiso retórico con la libertad de prensa y la práctica autoritaria en la administración pública, que, en todo caso, evidencian los desafíos que enfrenta los ciudadanos de a pie, bajo la presidencia de Daniel Noboa:

  1. Uso abusivo de medios en manos del Estado

El canal de televisión TC, controlado por el Estado, publicó un supuesto reportaje acusando, sin presentar evidencia alguna, a la vicepresidenta, Verónica Abad, de manejar una red de ‘troll centers’ para atacar al presidente Noboa y a su esposa.

  1. Censura de programas críticos  

La salida del aire del programa de análisis político y de opinión ‘Los Irreverentes’, transmitido por RTU desde enero del 2023, fue atribuida por sus periodistas a presiones del Gobierno de Noboa.

  1. Ruptura de la inviolabilidad diplomática  

El Gobierno ordenó a policías y militares invadir la Embajada de México en Quito, donde se encontraba el sentenciado exvicepresidente Jorge Glas, para apresarlo y entregarlo a la justicia, violando normas y acuerdos internacionales de inviolabilidad de instalaciones diplomáticas.

  1. Relación con la Vicepresidenta

Noboa hizo alarde de su poder al decir que, si deseaba, podría enviar a la vicepresidenta, Verónica Abad, a la Antártida, justificando así su decisión de enviarla a Tel Aviv para asumir el cargo de embajadora para la paz en Israel, tras el rompimiento de las relaciones entre ambos desde la campaña electoral.

  1. El Presidente ‘enemigo’

Daniel Noboa advirtió que es un pésimo enemigo y, pocos días después, acusó a la entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, de sospechosa de sabotaje y traición a la patria por la crisis energética.

  1. ‘Que no vengan los antipatrias’

En uno de sus actos oficiales, el presidente Noboa repetía su respaldo a las Fuerzas del Orden en medio del conflicto armado decretado por él y, entonces, dijo: “Que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría”.

  1. Retiro de visa

El Gobierno de Daniel Noboa ordenó revocar el visado ecuatoriano a la comunicadora cubana Alondra Santiago, conocida por su afinidad al correísmo, alegando que ha cometido «actos que atentan contra la seguridad del Estado» sin detallar en qué consisten dichos actos.

  1. Denuncias de violaciones de derechos humanos por HRW  

Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Noboa, señalando sus preocupaciones por posibles violaciones a Derechos Humanos tras la declaratoria del conflicto armado interno. HRW cuestionó la existencia de dicho conflicto y documentó denuncias de hechos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluyendo una aparente ejecución extrajudicial. 

  1.  Abuso de la figura de Estado de Excepción

Tras finalizar el primer Estado de Excepción, decretado por Noboa en enero, con una duración inicial de 90 días, el Gobierno ha intentado sin éxito reinstaurar esta medida para abarcar varias provincias. Tanto en mayo como en junio, la Corte Constitucional ha rechazado estas solicitudes, argumentando que no se cumplen las condiciones necesarias para justificar la ampliación del Estado de Excepción. Constitucionalistas han interpretado las resoluciones de la Corte como un claro llamado de atención, subrayando que el uso de esta figura constitucional no debe ser abusivo. Argumentan que cualquier intento de recurrir a un Estado de Excepción debe estar rigurosamente justificado y limitado a circunstancias extraordinarias que pongan en peligro la seguridad pública o la estabilidad del país. extrajudicial, detenciones arbitrarias y malos tratos en las cárceles.


EL ANÁLISIS

Estos incidentes han generado una profunda preocupación sobre el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Ecuador, coincidieron en señalar el analista político Andrés Jaramillo; Vivian Idrobo, activista por los Derechos Humanos; y el abogado internacionalista Esteban Santos.

Las tres especialistas consideran que estas acciones tienen un tinte autoritario, contrario a los principios democráticos y al estado de derecho que se supone deberían regir en el país.

Jaramillo manifestó que el más reciente incidente evidencia un contraste significativo en el estilo político de Noboa antes y despúes de ganar las elecciones anticipadas de agosto. La revocatoria de la visa a Santiago “ratifica los rasgos autoritarios de un Gobierno que llegó al poder escuchando a la gente y, luego, se dejó embriagar por el poder”, señala Jaramillo

Similar medida de expulsión a una ciudadana extranjera se ordenó durante el Régimen de Rafael Correa. En aquel entonces, la víctima de esta medida autoritaria fue la activista política y novia del político Yaku Pérez, Manuela Picq, cuando ambos participaban en una manifestación política.

El abogado internacionalista Esteban Santos comparó las dos medidas. “En ese entonces salimos muchos a protestar porque fue un acto autoritario. Ahora, una periodista extranjera residente en Ecuador, que te puede caer mal, que hizo una nota que tal vez no te gustó con respecto al Himno Nacional, eso que sea motivo suficiente para quitarle la visa de residencia y expulsarla del país es un atropello a la libertad de expresión”, comentó.

Santos también manifestó su inquietud por la falta de asesores en el entorno del presidente Noboa que puedan advertirle sobre lo lamentable y extremo de sus acciones. “Estas actuaciones envían un mensaje de intentar cambiar la agenda noticiosa, pero también evidencian que el servicio exterior enfrenta momentos muy bajos”, agregó.

Vivian Idrobo, integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, enfatizó que para la revocatoria de la visa de un ciudadano extranjero se debe garantizar la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y un debido proceso, derechos fundamentales asegurados por la Constitución. Esto no ocurrió en el caso de Santiago dijo Idrobo luego de recordar que “se actuó sin especificar los actos, basándose en un documento secreto elaborado por una autoridad pública cuya competencia o facultad para alegar actos contra la seguridad del Estado no está claramente definida. Este tipo de decisiones deberían estar a cargo de un juez y no de una autoridad administrativa”.

“Este es un acto discriminatorio, es una muestra de irrespeto a los Derechos Humanos garantizados en la Constitución”, afirmó Idrobo.

Subrayó que, contrariamente a lo que se prescribe en un estado de derecho sobre los límites legales y constitucionales de actuación de los presidentes de turno, el actual mandatario y otros mandatarios recientes no han demostrado voluntad de cumplir estas normas.

“Lamentablemente, en el actual Gobierno hemos visto una evidencia muy obscena de ese desprecio que tiene por las normas jurídicas, internas y externas, como quedó evidenciado ante el mundo cuando ordenó la intervención de la fuerza pública en la Embajada de México”, dijo Idrobo.

“Si el Presidente actúa así con otro país, es preocupante imaginar cómo podría tratarnos a nosotros, los ciudadanos, quienes necesitamos que se respeten las normas y el estado constitucional y de justicia para evitar la violación de nuestros derechos”, comentó la activista.

¿QUÉ PUEDE HACER EL CIUDADANO DE A PIE?

Los ciudadanos, enfrentados a esta situación inédita, deben observar atentamente y denunciar cualquier abuso de poder, instaron las fuentes consultadas por Ecuador Chequea.

Esta recomendación surge en un contexto político sin precedentes en el país: es la primera vez que se reemplazará a un presidente elegido en elecciones anticipadas para completar el mandato del anterior mandatario, Guillermo Lasso, quien renunció disolviendo la Asamblea. 

Jaramillo manifestó que “todos debemos rechazar este acto (revocatoria de la visa a Santiago), así como la censura al programa Los Irreverentes y la metida de mano en los medios públicos para darles una línea oficialista”. “Si no reaccionamos como sociedad, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, agregó Jaramillo.

En un similar criterio, Santos señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad democrática de denunciar excesos del poder y exigir el respeto a las libertades personales. “El ciudadano de a pie tiene que aprender muy bien esta lección”, subrayó Santos.

MÁS REACCIONES

Fundamedios rechazó la decisión del Gobierno contra Santiago y pidió la revisión del «acto administrativo del Viceministro de Movilidad Humana» por el cual se ha revocado la visa de amparo a la periodista de origen cubano.

“Consideramos que este acto configura un uso abusivo del poder estatal y atenta contra la libertad de expresión”, señaló la organización en su perfil de X.

Diversas organizaciones políticas también han manifestado su desacuerdo. El Movimiento CREO, liderado por el expresidente Guillermo Lasso, calificó la medida como «inaceptable para un país democrático». En un comunicado, afirmaron que «las discrepancias y diferencias no deben resolverse utilizando la fuerza del Estado para silenciar a una persona».

«La libertad de expresión es un derecho inalienable de los ciudadanos», añadió el comunicado, señalando que estas acciones «nos retrotraen a los días más oscuros del autoritarismo reciente que ha experimentado Ecuador».

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, cercana al correísmo, lamentó la revocación de la visa y la calificó como un «acto desproporcionado que atenta contra la libertad».

Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, denunció el hecho como un «vergonzoso acto perpetrado por el Gobierno». Iza afirmó que esto representa «un atentado contra la libertad de movilidad y la libertad de expresión».

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