El Presidente remitió a la Asamblea su cuarto proyecto de Ley con carácter de urgente en materia económica, está vez sobre activos de origen ilícito. El Contralor aseguró que este paquete podría servir para combatir la corrupción. ¿Qué dicen las bancadas?

El proyecto de Ley para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública es el cuarto con el carácter de urgente en materia económica que el presidente de la República, Daniel Noboa, remite a la Asamblea para su tratamiento. 

El proyecto llegó anoche a la Legislatura, justo el día en que la Comisión de Desarrollo Económico inició el trámite de la propuesta de Ley que busca incrementar el IVA del 12 al 15%. 

En ambos casos, están corriendo los 30 días que da la ley para el tratamiento de los proyectos de urgencia económica. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aún no se reúne para definir a qué Comisión remitirá la propuesta de normativa sobre activos de origen ilícito. 

El artículo 140 de la Constitución señala que mientras se discuta un proyecto calificado de

urgente, el Presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que se haya

decretado el Estado de Excepción, condición que actualmente se cumple en el país. 

Las normativa propuesta 

El proyecto de Ley para la recuperación de activos de origen ilícito contiene 66 artículos, una disposición general, una transitoria y una final. A través de esta propuesta el Ejecutivo reformaría siete leyes: la de Extinción de Dominio, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Administrativo, la Ley del Sistema de Contratación Pública, la de la Contraloría, la de la Procuraduría y la Ley de Fabricación de armas. 

Sin embargo, el grueso del proyecto de Ley se relaciona con cambios a la Ley de extinción de dominio, para la que se proponen 38 artículos modificatorios. 

Entre ellos, que la sanción penal por pérdida, ocultamiento o destrucción de archivos y documentos con el objetivo de entorpecer el proceso, que hoy recae únicamente en funcionarios y servidores públicos, se extendería también a personas particulares.

Otro cambio propuesto es sobre las causales para aplicar la extinción de dominio. Al momento, son 13 y en el proyecto de Ley se incorporan cuatro y una se modifica. 

Entre las nuevas consta cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo. 

Además, el procedimiento para la extinción de dominio, que se desarrolla hoy en dos fases, se extendería a tres si se aprueba la reforma, siendo la última, según la propuesta, la fase de ejecución, a cargo de la Procuraduría, a partir de sentencia ejecutoriada.

También plantea cambios en las medidas cautelares sobre los bienes muebles. En la normativa vigente consta la prohibición de enajenar, la retención y la incautación. En el proyecto de Ley  se incluyen dos más: la declaración de abandono de bienes muebles y el secuestro de bienes muebles. 

El tema de armas 

A través de esta normativa que reforma la Ley de fabricación de armas, plantea que todas las armas incautadas, confiscadas o decomisadas en delito flagrante, de conformidad con el calibre y su utilidad, posterior al trámite, sean destinadas a la Policía o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país. 

Para el efecto dispone que en el término de 30 días, contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley, la Presidencia de la República reformará el Reglamento a La Ley de Armas, con el fin de que las armas, municiones, explosivos y accesorios incautados, confiscados, decomisados o entregados voluntariamente, una vez que sean entregados al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se registren y, mediante informe técnico, se determine su uso para las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, según sus características.

Las primeras reacciones 

El contralor general, Mauricio Torres Maldonado, aseguró que este conjunto de reformas servirá para combatir la corrupción, por lo que felicitó la iniciativa del Ejecutivo. “No sacamos nada con que unas cuantas personas lleguen a pagar sus penas, pero no devuelven lo robado, no devuelven los activos mal habidos. Por eso es importante que la Asamblea apruebe esta Ley”, dijo el Contralor. 

El asambleísta independiente Pedro Velasco también calificó de importante esta iniciativa de Ley ya que aseguró que por la contratación pública “fluyen ríos y torrentes de recursos en corrupción. Si podemos poner un cerco, un candado, estaremos evitando que haya más despilfarro de recursos económicos a todo nivel: Gobierno central, gobiernos seccionales, instituciones públicas, privadas”, dijo el legislador. 

Sin embargo, el bloque de Construye asegura que la Ley debe estar orientada más al procedimiento civil para que sea ágil y efectiva en la recuperación de activos de origen ilícito, ya que a través del procedimiento penal se debe esperar la sentencia ejecutoriada, lo que complica el objetivo final de la reforma.

Por su parte, el constitucionalista Ismael Quintana manifestó que la Ley de extinción de dominio se expidió hace tres años y que la propuesta de reforma del Ejecutivo no presenta mayores cambios. El constitucionalista agregó que el proyecto de Ley no presenta las características para ser calificado de urgente en materia económica y que tampoco hay unidad de materia, uno de los requisitos para que sea calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Para Quintana, el Ejecutivo “mezcló peras con manzanas”, al incorporar la reforma a la Ley de Fabricación de Armas ya que solo necesita expedir un decreto o un acuerdo ministerial para que armamento o municiones incautados pasen a uso de la Policía o Fuerzas Armadas, según corresponda. 

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