Legisladores del correísmo, Pachakutik, PSC e independientes dicen que Ivonne Núñez incumplió funciones, tras la suspensión de la vicepresidenta, Verónica Abad por 150 días.
POR: Alexis Serrano Carmona
En la Asamblea, representantes de cuatro sectores políticos tomaron la primera acción concreta para fiscalizar la gestión del Ministerio del Trabajo, con relación a la suspensión de Verónica Abad como Vicepresidenta de la República.
Las asambleístas Jahiren Noriega (correísmo), Carla Cruz (PSC), Mariana Yumbay (Pachakutik) y Cristina Chávez (independiente) impulsan un juicio político en contra de Ivonne Núñez, titular de esa cartera de Estado.
Noriega manifestó que la solicitud tiene 44 firmas de respaldo y se presenta por incumplimiento de funciones, ya que el juez natural de Abad, en su calidad de autoridad de elección popular, es la Asamblea. Según Noriega, el 11 de septiembre de este año la Ministra emitió un acuerdo en el que establece un procedimiento especial para generar sumarios administrativos para los funcionarios elegidos en las urnas, lo que desembocó en la suspensión de Abad por 150 días días, cuando lo máximo es de 90 días, por lo se configura un abuso y una extralimitación de funciones por parte del Ministerio. “Esperamos que este juicio político siente un precedente de protección a los derechos políticos de las mujeres”, dijo la legisladora.
Por su parte, Yumbay manifestó que la sanción es una aberración jurídica, ya que se han violentado principios constitucionales, como los del debido proceso, legalidad y seguridad jurídica. “Somos el hazme reír a nivel internacional, aquí no se respeta absolutamente nada”, manifestó Yumbay.
Núñez, en una entrevista en el programa ’Vera, a su manera’, aseguró que los juicios políticos se impulsan por causales directas, no por indirectas, por lo que su interpelación no tendría justificativo legal, ya que quien tomó la decisión por escrito de sancionar, a través de un sumario administrativo, fue Ruth Espinoza Avilés, directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo.
Para Noriega, el argumento es una “leguleyada”, ya que Núñez es la máxima autoridad de esa Cartera de Estado y tiene que responder políticamente de los que hacen sus funcionarios, porque hay incumplimiento de funciones por acción y omisión.
Adrián Castro, asambleísta del oficialismo, manifestó que en el proceso de sustanciación del juicio político se deberán presentar pruebas de cargo y de descargo para tomar una decisión. “La Comisión (de Fiscalización) tendrá que analizar y avalar todos esos conceptos para que pasen al Pleno de la Asamblea”, manifestó.
Entre las legisladoras que impulsan el proceso está Cristina Chávez, independiente, alterna de César Umajinga, aliado del oficialismo y que hoy está suspenso en sus funciones por 90 días, tras una sanción del Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras una queja puesta por Arisdely Parrales, del correísmo.
La resolución
La presentación de la solicitud se da luego de que el miércoles el Pleno de la Asamblea aprobó, con 86 votos a favor, una resolución en la que condena, rechaza y desconoce la resolución de sumario administrativo con la que se sanciona con 150 días de suspensión a Abad y se convoca a Núñez, a una comparecencia ante el Pleno para que informe la razón para haber adoptado ese sumario administrativo. Además, se dispone que la Presidencia de la Asamblea presente ante Corte Constitucional una acción de interpretación a los artículos 146, 149, 150 y 154, numeral 1 de la Constitución, artículos relacionados con el Vicepresidente de la República y su reemplazo; así como el rol de los ministros.
El constitucionalista José Chalco indicó que, a través de esta acción, la Asamblea puede lograr que la Corte se pronuncie sobre lo que está sucediendo con Abad y el diseño institucional del Estado. Sin embargo, considera que no hay nada que interpretar ya que a su criterio hay un fraude a la Constitución que ha llevado al país a una ruptura del orden constitucional, por lo que es necesario que los distintos actores del Estado tomen una posición uniforme para defender la institucionalidad.
Se toman otras medidas
Mientras en la Asamblea se presentaba la solicitud de juicio político, dirigentes y candidatos del Partido Socialista Ecuatoriano acudieron a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad del Decreto con el que se designó a Sahira Moya como Vicepresidenta encargada en reemplazo de Abad. El presidente del Partido, Gustavo Vallejo, considera que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha cometido una barbaridad jurídica en su afán de no tener “una sombra” para ir a la campaña por la reelección. “Tenemos muchas distancias políticas – ideológicas con Abad, pero más allá de esas diferencias debe primar el Estado de Derecho”, dijo Vallejo.
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