Las estadísticas de los delitos asociados con las armas confirman la gravedad de la violencia criminal en Ecuador; a tal grado, que la Policía pide utilizar para luchar contra la inseguridad, las armas incautadas a los grupos delictivos, que estén “en buenas condiciones”.

POR: Juan Camilo Escobar

El incremento de la violencia criminal asociada al narcotráfico en los últimos dos años, que llevó al país a ubicarse en el ‘top 10’ de países con mayor criminalidad en el mundo en 2023, también se refleja en una tendencia al aumento en el tráfico de armas, que no se ha detenido desde el 2019, según estadísticas de la Fiscalía proporcionadas a Ecuador Chequea.

Hasta septiembre, la Fiscalía registra 170 denuncias, lo que supera entre 2,5 veces las denuncias del 2019; 1,7 las del 2020; 1,25 las del 2021; y, representan un 73,20% las que se presentaron durante todo el año anterior, conforme se aprecia en la siguiente gráfica

El delito de tenencia y porte ilícito de armas también ha experimentado una tendencia al alza, que parece indetenible en los últimos cuatro años. Esta alza alcanzó en el 2022 1,45 veces más que en el 2019.

Esta tendencia alcista fue de 10,7% de 2019 a 2020, del 13,6% en el 2021 y de 15,4% en el 2022. Y hasta septiembre anterior, se ha presentado el 45,9% de las 2,056 denuncias registradas en el año anterior, conforme se puede apreciar en la siguiente gráfica.

En el delito de fabricación, suministro, adquisición, comercialización o transporte de armas también hay una tendencia al alza, al pasar de 345 denuncias en el 2019 a 507 en el 2022; es decir, un incremento de 1,46 veces, conforme se puede apreciar en la siguiente gráfica.

De lo que significan en la práctica estas estadísticas, dio cuenta este martes una queja del ministro del Interior, Juan Zapata, quien mencionó que muchas de las 7.000 armas incautadas en el transcurso de este año «son largas” y se encuentran “en buenas condiciones», pero no pueden ser utilizadas por la Policía Nacional, a pesar de que se las necesita para combatir la delincuencia.

Luego de lamentar que ni una sola de estas armas ha sido entregada a la Policía debido a trabas burocráticas y lentitud en trámites judiciales, Zapata sugirió que se realizaran reformas legales en esta materia

Zapata formuló esta declaración antes de asistir este martes a la primera de cuatro jornadas de la reunión anual de jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (Honlea), en América Latina y el Caribe, convocada por la ONU, que se celebra en Quito.

“La Ley dice que (las armas incautadas) se tienen que destruir. Hubo una resolución, una buena intención del presidente de la Corte, Iván Saquicela, pero no ha dado resultados. Ninguna arma ha ido a la Policía”, indicó.

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) autorizó, el 12 de julio, que las armas decomisadas puedan ser declaradas de «interés social o público». Al anunciar esta resolución, su presidente, Iván Saquicela, estimó que alrededor de 30.000 armas decomisadas podrán ser utilizadas de inmediato por militares y policías, para enfrentar la inseguridad.

Saquicela explicó que la entrega de estas armas deberá ser resuelta por cada juez en casos con sentencias condenatorias. Y para ello, dijo, el juez deberá contar con un informe de la Fiscalía sobre las pericias que determinen que el arma puede ser utilizada y, en ningún caso, se autorizará entregas masivas.

CRITERIO

El criminólogo y exdirector de Política Criminal de la Fiscalía, Santiago Arguello, sostuvo que la mencionada entrega de armas no es la solución más adecuada. Dotar de más armas a policías o militares para la seguridad interna del país no tiene la misma eficacia que las labores de investigación y de inteligencia que, de manera permanente, deben realizar la Policía y las Fuerzas Armadas, sostuvo.

“No sólo es un tema de control de armas, sino de todas las actividades criminales que se han extendido en el país”, remarcó el experto, tras insistir en la necesidad de investigar y perseguir legalmente a los diferentes tipos de actividades vinculadas con el tráfico de armas, entre las cuales se encuentran, incluso, la trata de personas, y muchas “economías ilegales”.

El experto también aseguró que no es la solución la autorización a civiles de portar armas para defensa personal. La solución, dijo, es precisamente la contraria, para que el Estado “absorba” todas las armas en poder de los civiles.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Según un informe que el 25 de septiembre anterior publicó el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (AECO), existen dos factores principales para el mencionado incremento de tráfico de armas. El primero, “el aparecimiento cada vez mayor de diversas organizaciones criminales que requieren de armas y municiones para sostener sus mercados”. Y el segundo, la provisión de armas a grupos criminales de Perú y Colombia mediante rutas que atraviesan Ecuador.

A esta realidad impuesta por organizaciones criminales, agrega el AECO, se suman la “reactivación de la producción local de armas artesanales”, especialmente en Chimborazo y Bolívar; y el ensamblaje de armas cuyos componentes y partes fabricados con impresoras 3D, incluso réplicas “desechables” de armas de gran potencia, como los fusiles MP-15.

El AECO también señala que el 41% de armas incautadas provino del extranejro. Y en el 59% de armas incautadas de fabricación nacional se evidenció que su producción artesanal se reactivó, por “la rentabilidad del negocio y falta de controles integrados”.

Asimismo, el AECO, señala que, de acuerdo con encuestas realizadas este año a 116 funcionarios públicos en materia de seguridad y justicia, el tráfico de armas tiene un cuarto lugar de impacto en el país, con incidencia social del 10%, detrás de la corrupción (16%), el lavado de activos (17%) y el narcotráfico (23%).

Las incautaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, agrega la entidad, dan cuenta que en “en el mercado local circulan las armas producidas en el extranjero como las que se observan en estas gráficas:

COMBATE

El ministro Zapata y el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, recordaron que para combatir los delitos relacionados con las armas, Ecuador firmó un convenio con las autoridades de Justicia de Estados Unidos para rastrear armas, sus componentes y municiones desde su salida en el extranejero hasta su destino final en Ecuador.

Muchas de las armas “vienen desarmadas, a través de contenedores de línea blanca (electrodomésticos) y maquinaria, y aquí los ensamblan”, dijo Zapata, luego de recordar que hace pocas semanas se desarticuló un sitio donde se fabricaban armas en Manabí.

Con este convenio también se pueden realizar nuevos controles conjuntos en la frontera sur, tal como ya se ha acordado con las autoridades de Perú, agregó Zapata.

RECOMENDACIONES

Este incremento en los delitos relacionados con las armas es un tema de inseguridad nacional que, inevitablemente, deberá asumir el gobierno temporal que se instale a fines de año.

Por ahora, el AECO recomienda que se elabore un protocolo para la destrucción de armas. “El desvío de armas incautadas alimenta la violencia criminal en Ecuador, por tanto, se recomienda establecer un protocolo o disposición similar al implementado para la destrucción de drogas ilícitas, para la destrucción de armas”, señala.

Antes de formular esta recomendación, el Observatorio cita estadísticas de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional del Ecuador (Dinased), de que el 84% de los homicidios entre el 2019 y el 2022 se ejecutaron con armas de fuego, con una cifra mayor a periodos anteriores que oscilaba en el 60%.

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