El Gobierno se vio obligado a tomar algunas medidas, que analistas consideran tibias e insuficientes. 

Los hechos y las cifras lo demuestran. El país sufre una oleada de homicidios y sicariatos que se intensifica. El hecho más reciente fue la matanza que se dio la noche del viernes en la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil.

Según la Policía, cerca de 15 pistoleros llegaron en lanchas, se dirigieron hasta las canchas del lugar y acribillaron sin distinción a quienes se encontraban en el lugar.

Mataron a cinco personas e hirieron a nueve. Sólo uno más de la serie de sicariatos que se han dado al inicio de año en esa ciudad, la más afectada —pero no la única— por ese tipo de violencia.

De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 y el 21 enero de 2022, en Guayaquil se produjeron 61 homicidios intencionales, 41 más que en los primeros 21 días del 2021, cuando se produjeron 20 asesinatos violentos, lo que representa un incremento del 205%.

En Los Ríos, que en los primeros 21 días del año pasado registró tres asesinatos, en lo que va de este año ya van 26 crímenes, es decir hubo un incremento de 23 casos, 766%.

Mientras que en Sucumbíos, que registró 2 asesinatos en ese periodo de 2021, en 2022 ya suma 16, es decir 14 más, un incremento del 700%. 

A escala nacional, fueron 76 homicidios a inicios de 2021 y hoy ya van 196, es decir 120 asesinatos más, un incremento del 158%, aproximadamente. 

Las medidas

Esto orilló al presidente, Guillermo Lasso, a anunciar el domingo una serie de medidas para intentar combatir este tipo de delincuencia. 

Estas medidas comprenden:

• Reemplazar a Tannya Varela como comandante general de la Policía y nombrar en ese cargo al general Carlos Cabrera. 
• El viceministro del Interior, Max Campos, deberá trasladarse a Guayaquil y desde el Cuartel Modelo controlar la seguridad en el país, con énfasis en esa ciudad.
• Enviar 1.100 policías adicionales a Guayaqui.
• Las Fuerzas Armadas mantendrán su presencia en las calles para fortalecer el control de armas y drogas que atraviesan por el cordón fronterizo.
• Destinar 9 millones de dólares para que la Policía invierta en equipamiento como autos, motos y otros equipos para Guayaquil.
• Presentar en la Asamblea el proyecto de Ley que Regula el Uso de la Fuerza y otras propuestas de reformar a varios cuerpos legales para fortalecer la seguridad ciudadana y lucha contra el crimen transnacional. 
• Incluir una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar el delito de terrorismo en las cárceles. 
• Reformas legales para reducir el hacinamiento en las cárceles.  

Los positivo y lo negativo

El especialista en seguridad Mario Carrillo manifestó calificó como correcto que el Gobierno “ponga los pies sobre la tierra frente a una realidad que se va evidenciado de a poco”.

Aprobó  que se destinen más recursos y más policías para Guayaquil. En lo negativo, considera que mientras se atiende a Guayaquil, se desatiende a otras ciudades y provincias que pasan por iguales situaciones de inseguridad. “El problema está en todo Ecuador”, manifestó.

Agregó que la inseguridad es un tema tan amplio, que no se resuelve con cambiar a la Comandante de Policía, o que el subsecretario de Gobierno haga sede en Guayaquil para combatir la delincuencia, ya que con esa lógica, cuando el problema se agrave en Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro u otras zonas, tendrá que movilizarse a esos sitios. 

Sin embargo, Carrillo asegura que hay un elemento fundamental que se le olvida al Gobierno: coordinar más con los municipios para  generar inversión social y trabajar en prevención.

“Hay 221 municipios que conocen su realidad y todos tienen zonas ‘calientes’. Los municipios dentro de su estructura tienen oficinas de seguridad que deben realizar trabajo de prevención”, manifestó.

Por su parte, Abraham Correa, también especialista en seguridad, considera que no hay nada nuevo en la propuesta del Gobierno, ya que los militares han estado en los últimos meses y años en la calles colaborando a la Policía en el control; que cada cierto tiempo se anuncia más efectivos para Guayaquil; que los proyectos de Ley tardan en ser tratados por la Asamblea.

“Son medidas tardías y tibias que no van a generar mayores cambios”, aseguró. A su criterio lo que se necesita es apoyo político para la fuerza pública, con el objetivo de que los policías tengan garantías para actuar contra la delincuencia, que el sistema judicial respalde el trabajo policial.     

La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, puntualizó que los 1.100 policías están siendo  destinados por grupos a Guayaquil y espera completar esta fase en máximo 10 días.

Mientras que los proyectos de Ley que remitirá el Ejecutivo tratan de solucionar temas específicos para destrabar esos nudos complejos que impiden un mejor desempeño de la Policía.

“El proyecto de Ley tiene un conjunto de normas alrededor de cinco ejes”, manifestó. Además solicitó a la Comisión de Seguridad de la Asamblea que agilice el tratamiento de cuatro proyectos de Ley relacionados con la seguridad ciudadana y la Policía.

Te puede interesar:

· Los datos oficiales generan dudas, el Ministerio trata de justificarse

· La frase del colombiano —asesinado en 1995— se refirió a la situación de su país

· Las autoridades bajaron ‘mágicamente’ de 193 a 13 cantones en rojo