El plazo de 6 meses que dio la Corte Constitucional venció y ahora hay hasta quienes dicen que su sentencia mandaba sólo a conocer y tratar, pero no a aprobar la Ley.

El proyecto de Ley que normará el aborto por violación, despenalizado por el Corte Constitucional en abril de 2021, debe ser uno de los que más aportes y sugerencias ha recibido en la Asamblea ecuatoriana. Sin embargo, aún así no logra concretarse. 

Hoy, en el segundo debate del informe preparado por la Comisión de Justicia, se recibió en comisión general a 20 personas que dieron sus puntos de vista durante cinco horas. En el primer debate intervinieron 23 representantes de diversos sectores. 

A nivel de Comisión, en la construcción del informe para primer debate comparecieron 50 personas, y 23 para el informe para segundo debate. Es decir, más de 100 personas han emitido sus observaciones. 

Esto, sin tomar en cuenta los aportes de los asambleístas que integran la Comisión, ni las observaciones que se expusieron en el Pleno durante el primer debate, ni las recibidas por  escrito, ni los talleres realizados para resolver los nudos críticos del proyecto de Ley. 

Nada de eso ha sido suficiente para que el Pleno tome una resolución sobre un tema tan  sensible y esperado a nivel social. Hoy, durante en segundo debate, a parte de cumplir con las comisiones generales se leyó el informe y luego se suspendió la sesión.

La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), dijo que el proyecto tiene mucha relevancia para el país y que para cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional —que se discuta con los más altos estándares de deliberación democrática— se acordó con los jefes de bancada dar el tiempo necesario a los asambleístas para el análisis y la elaboración de propuestas que mejoren el texto de la Comisión para el segundo debate.

Se espera que la continuación de la sesión se cumpla la próxima semana, de manera presencial. 

¿Por qué?

Detrás de esa decisión estaría, según comentan fuentes de la Legislatura, cabildear por los votos para que se apruebe la Ley, o llegar a consensos para establecer plazos aceptados por la mayoría para la interrupción del embarazo. 

Aunque en el informe para segundo debate contempla la interrupción del embarazo máximo entre las 20 y las 22 semanas, dependiendo de la edad de la gestante, nada está en firme todavía.

Sigue como el principal nudo crítico del proyecto. “Es muy probable que una vez que se cierre el debate el texto vuelva a la Comisión de Justicia para revisar las observaciones y acogerlas, de ser el caso”, dijo el asambleísta Alejandro Jaramillo, presidente de esa Mesa. 

El legislador dijo que postergar el debate no significa que estén incumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional, que le había dado plazo de seis meses a la Asamblea para que tramite este proyecto de Ley.

Este plazo vencía el 28 de diciembre de 2021 pero, en principio, se ampararon en el receso legislativo, donde se suspenden los plazos, para extenderse en el tiempo del tratamiento de la normativa.

Según Jaramillo, sí han cumplido con los plazos, ya que la Corte ordenó que en esos seis meses la Asamblea “conozca y trate” el proyecto de Ley.

“Lo que ya hemos hecho”, dijo. Un argumento de doble filo, ya que es el mismo que los grupos autodenominados provida, especialmente del correismo, usan para oponerse al proyecto de Ley; aseguran que nada les obliga a aprobar la normativa, sólo “conocer y tratar”.    

Los argumentos

La temporalidad se mantiene como el centro del debate y se reflejó en las 20 intervenciones de hoy, de las que participaron abogados, activistas, ginecólogos, sobrevivientes de violencia sexual, especialistas en Derechos Humanos y género, entre otros.

Inclusive se escucharon aportes de especialistas de Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos y Colombia. Algunos con criterios muy opuestos entre sí.

Poner plazos es poner barreras, aseguró Estefanía Altamirano, sobreviviente de violencia sexual, quien narró que había sido objeto de abuso por parte de un profesor desde los 8 años hasta los 11 y que sólo pudo contarle a su familia a los 28 años.

Narró cuáles son los conflictos por los que pasa una niña abusada sexualmente y lo difícil que es enfrentar esa realidad. 

En contraposición, Karina Etchepare, especialista en Derecho, contó que ella es producto de una violación a su madre por parte de su padrastro, pero que ella le ofreció una  oportunidad de vida al darla en adopción.

Aseguró que promover el aborto es enseñarle a la mujer a ser débil y que los embarazos por violación sólo van adisminuir si el violador paga por el delito que cometió. 

Para Rosa López Machucha, del Movimiento Mujeres de El Oro, la sentencia de la Corte Constitucional no obliga a nadie a abortar, sino que garantiza la seguridad de las víctimas de la violencia sexual que deciden recurrir al aborto por violación.

“En ningún país (donde se permite el aborto) van a encontrar filas de mujeres para practicarse el aborto como se ha querido estigmatizar en nuestro país”, dijo.  

Hubo también quienes cuestionaron a la Corte, como José López, quien aseguró que el máximo organismo constitucional no tiene potestad para ordenarle a la Asamblea que tramite ese proyecto de normativa, ya que eso implica intromisión de funciones.  

Y desde Carondelet, el presidente de la República, Guillermo Lasso, volvió a anticipar un veto al proyecto, sin especificar si este sería total o parcial. Manifestó que espera ver cómo sale la Ley de la Asamblea para definir su objeción, ya que considera que no cumple los parámetros ordenados por la Corte Constitucional.

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