El Ministro de Energía se ve envuelto en una polémica, luego de asegurar que se seguirá explotando el Yasuní y poner en duda la validez de la consulta por los resultados obtenidos en Orellana. ¿Qué dicen los expertos? Le contamos más:
Es un hecho. Con más del 98% de actas escrutadas, casi 6 de cada 10 ecuatorianos (58,96%) decidieron dejar el petróleo del Yasuní – específicamente del Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) – bajo tierra indefinidamente. Así lo confirmaron los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el conteo de votos oficial, el ‘Sí’ en la consulta popular, relacionado a dejar el petróleo bajo tierra, se impuso en 25 de las 27 provincias y jurisdicciones electorales. De esta forma, la victoria tiene una tendencia marcada, con la que Ecuador hace historia tanto a nivel nacional como internacional.
Para expertos como Franklin Buchelli, abogado ambiental, esta decisión marca un precedente mundial sobre el papel de las poblaciones y comunidades en el manejo de sus recursos y la explotación de los mismos. También sobre la necesidad de consultar a las comunidades sobre posibles acciones extractivas futuras, que puedan afectar al ambiente.
Hoy, el país espera la promulgación oficial de resultados para celebrar la victoria definitiva del ‘Sí’ en la consulta popular, propuesta por el colectivo ‘Yasunidos’; la victoria de una lucha que tomó más de 10 años a la agrupación antes de, por fin, llegar a las urnas.
A días de esto, sin embargo, una nueva batalla se reactiva, tanto para el colectivo como para quienes apoyaron prohibir la extracción de petróleo en el Yasuní. Éstas llegan en la voz de Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas.
En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario cuestionó la validez de los resultados de la consulta popular. Según Santos, la victoria del ‘No’ en provincias como Orellana, donde se ubica el Yasuní, podría ocasionar que los resultados de la consulta no procedan y que la explotación petrolera en la zona se mantenga, a pesar de la victoria del ‘Sí’ a nivel nacional.
«Estamos esperando los resultados definitivos, porque de acuerdo al artículo 57, numeral 7, de la Carta Magna, los que tienen que decidir si se inicia o se termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. El ITT está situado en Orellana, por lo tanto ellos son los que tienen el sí o el no sobre la explotación del ITT. La provincia de Orellana, según los resultados preliminares, ha dicho ‘No’ al desmantelamiento del ITT. Vamos a esperar los resultados definitivos pero queremos que el país esté consciente de este problema Constitucional. Ellos son los únicos que pueden decir si están o no de acuerdo con las actividades de la zona. Esperemos el resultado definitivo y se tomarán las decisiones», aseguró el ministro.
Según Santos, la Corte Constitucional debería ser la encargada de subsanar esta duda sobre los textos jurídicos antes de dar paso al desmantelamiento del campo. De esta manera, el Ministro llamó a que sean las organizaciones y colectivos los que realicen la consulta a la Corte Constitucional. «No le toca al Ministerio, es cuestión de los señores que pidieron la consulta», dijo.
«Nunca en la historia petrolera del mundo se ha parado súbitamente un campo tan importante que produce 60.000 barriles por día», mencionó el funcionario. «Este Gobierno seguirá operando normalmente hasta el día que se vaya, no haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción de 60.000 barriles por día».
Santos Alvite, sin embargo, aseguró que Petroecuador ya empezará a realizar los estudios pertinentes para el desmantelamiento del campo petrolero ubicado en el Bloque 43. De esta forma, según el funcionario, será el próximo Gobierno el que tome la decisión de parar la operación de este espacio.
«Ya será decisión de quien sea electo en las urnas el implementar este plan. Hasta el último día del Gobierno del presidente Lasso seguiremos produciendo normalmente, pero sí tendremos los planes y programas del posible desmantelamiento de la infraestructura y el cierre de los pozos para que los pongan en aplicación el próximo Gobierno», aseguró.
Como se puede ver en el gráfico, la aseveración de Alvite sobre los resultados en provincias como Orellana es real. En dos provincias, Orellana y Sucumbíos, el ‘No’ ganó frente al ‘Sí’ en relación a dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní. Aunque, cabe preguntarse si esto realmente podría complicar la aplicabilidad de los resultados de la consulta popular.
¿Qué dicen los expertos?
Para Salim Zaidán, abogado constitucionalista, la interpretación dada por el ministro de Energía es errónea. Según explica el experto, “los resultados no tienen efectos diferenciados, dependiendo de la localidad”. Siguiendo esta línea, la victoria del ‘No’ en la provincia no tiene un efecto directo sobre la aplicabilidad de los resultados a nivel nacional; lo que significa que aunque en Orellana haya ganado el ‘No’, la victoria del ‘Sí’ por mayoría nacional será la que termine determinando la prohibición de explotar petróleo en el Yasuní.
“Según el artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. El pronunciamiento popular es de cumplimento inmediato y obligatorio”, asegura el experto. Para él, el artículo 106 de la Constitución también es claro: “el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento”.
Ecuador Chequea consultó a cuatro juristas más sobre el tema, todos coincidieron con la visión de Zaidán.
Para el constitucionalista Álex Valle, la interpretación del ministro Santos Alvite es “antojadiza” y “los resultados de la consulta popular deben ser respetados”. Por otro lado, Diego Nuñez, también constitucionalista, explica que en el momento en el que la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que la consulta se realice a nivel nacional se establece que el resultado a considerar también deberá ser el que se alcance a nivel nacional.
“No caben interpretaciones provinciales. La consulta venía con un anexo con las condiciones y efectos de la pregunta. Eso es lo que tiene que cumplirse. Al momento de tener un resultado oficial, éste se convierte en una norma del ordenamiento jurídico”, dice.
Cabe destacar que en octubre de 2013, la Asamblea Nacional resolvió declarar interés nacional en la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 (el que se incluye en la consulta popular), que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní, previo a dar paso a los procesos extractivos. Esta medida es una de las consideraciones que se tuvo en cuenta para determinar que la consulta se lleve a cabo a nivel nacional, según explica Nuñez.
Viviana Morales, experta en derecho ambiental, por su parte, asegura que el artículo 57 de la Constitución, que nombra el ministro, tampoco aplicaría en este caso. “Obviamente, una consulta previa, que es lo que establece la Constitución en este artículo, no es igual a una consulta popular. La consulta previa, libre e informada debió realizarse antes de ejecutar el proceso extractivo petrolero. La base de la que parte está equivocada”.
De esta forma, según lo dicho por los expertos, lo dicho por el funcionario no tendría fundamento jurídico y el Gobierno, tanto este como el próximo, no podrá ‘lavarse las manos’ con los resultados de la consulta popular a nivel nacional.
¿Y si no se cumple?
Según el dictamen 6-22-CP/23 de la Corte Constitucional (resolución que dio luz verde al plebiscito), los pasos a seguir tras la publicación oficial de resultados de la consulta son claros: “Las medidas a implementar, en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado, se realizarán a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un plazo no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales. Adicionalmente, el Estado no podrá ejercer acciones tendientes a iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar con la explotación del Bloque 43”.
De este modo, luego de la publicación oficial de los resultados, Petroecuador tendrá un plazo máximo de un año para retirarse del campo petrolero de forma progresiva. Además, en la zona se deberán tomar medidas de reforestación, reparación y remediación ambiental.
En una entrevista con Ecuavisa, Fernando Santos Alvite aseguró que el Gobierno sí acatará lo establecido por la consulta una vez se subsanen las dudas constitucionales establecidas previamente.
Por otro lado, sobre el proceso de desmantelamiento del campo petrolero, el funcionario destacó: “No es de entrar con un bulldozer y destruir la infraestructura existente. Petroecuador deberá realizar un estudio muy detallado y delicado para desmantelar la infraestructura de producción, sacar los cientos de kilómetros de tuberías, terminar con contratos laborales y consultar a las comunidades el efecto de las medidas y sobre su posición”. Para él, “sería preferible que antes de eso, la misma Corte, nos diga cómo debemos proceder frente a esta decisión de la provincia de Orellana de negarse a cerrar los pozos del ITT”.
“Independientemente de esto”, reiteró el ministro, “se seguirá extrayendo crudo del Yasuní. Mientras no esté terminado el proceso de desmantelamiento parcial o total, seguiremos explotando el crudo. Le recuerdo al país que hay un año para el cese de la actividad en el ITT”.
“También hay otro problema. Para comenzar el desmantelamiento se necesita un presupuesto, que no tenemos. Se necesitan alrededor de $600 millones”, según él, este valor deberá salir del presupuesto general del Estado de 2024.
El ministro también aclaró que el proceso de desmantelamiento, según expertos, podría durar realmente hasta cinco años. Esto, cumplido el año establecido por la Corte, podría generar nuevos problemas legales.
Cabe destacar que no es necesario un nuevo dictamen de la Corte Constitucional para la ejecución de lo que planteó la Consulta Popular. Sin embargo, colectivos, organizaciones o personas naturales sí podrán presentar medidas de incumplimiento o inconstitucionalidad en caso de que lo establecido en el dictamen 6-22-CP/23 no se cumpla dentro de los plazos determinados.
El colectivo Yasunidos, que impulsó la consulta popular hace más de 10 años, también se pronunció respecto a las declaraciones del encargado de la cartera de Estado. En un comunicado, la agrupación aseguró que “en caso de que haya indicios de que el Gobierno o sus funcionarios quieran incumplir con lo que elegimos las y los ecuatorianos, solicitaremos inmediatamente a la Corte Constitucional que se haga cumplir el dictamen y que destituyan a los funcionarios que pretendan poner en riesgo el orden Constitucional”.
Para Franklin Buchelli, la postura del Gobierno “no solamente es desatinada o desacertada, sino que está fuera de contexto legal y constitucional. Son leguleyadas y artificios jurídicos sin fudamento”.
“El ministro de manera desacertada, por decirlo menos, hace este tipo de declaración, porque sabe que existe un año de plazo para desmontar el campamento. Entiendo que se tomarán la excusa del plazo para seguir explotando el petróleo, dentro de ese término y como terminan el Gobierno máximo en noviembre de este año. Es fácil decir: “Nosotros vamos a seguir hasta que venga el próximo Gobierno y cumpla”, asegura.
El experto explica que el incumplimiento de lo establecido en la consulta podría ser considerado como desacato. Según el Código Integral Penal (COIP): “La persona que
incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Además, esto también podría implicar destitución en caso de servidores públicos.
Por otro lado, Morales explica que una vez pasado el plazo establecido por la Corte, la misma entidad podría, de oficio, vigilar el cumplimiento del dictamen 6-22-CP sin necesidad de que se presente un recurso formal. “Como dice el Gobierno, evidentemente se puede seguir con la explotación solo por un año, pero no se puede concretar nuevas concesiones petroleras tampoco ya”.
Al final, según los expertos, se puede asegurar que la decisión dictada en las urnas no puede sufrir cambios por interpretaciones como las expresadas por el ministro de Energía en diferentes espacios. Desde que se oficialicen los resultados, el tiempo definitivo empezará a correr para que el Gobierno se retiré del ITT.
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