El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) cifró 4.641.600‬ personas ligadas al subempleo en el país en diciembre de 2019. Esto implica que reciben ingresos inferiores al salario mínimo (USD 400), no tienen una carga horaria acorde con la ley (40 horas por semana), ni beneficios (décimos, seguridad social, entre otros).

En Ecuador, 8.099.030 personas se encuentran dentro de la categoría de población económicamente activa (PEA). Tienen entre 18 y 60 años y están en condiciones de trabajar. El porcentaje de subempleados alcanza el 57%, esto es 5 de cada 10 trabajadores.

Guayaquil tiene el mayor número de personas en el subempleo. El 16,2% de trabajadores de la segunda ciudad más importante está en esa categoría y supera a otras como Quito (13,9%), Ambato (13,6), Machala (12,2%) y Cuenca (9,1%).

Gabriela Calderón, analista económica, está en el Puerto Principal donde hasta la mañana de este 24 de marzo se registra -también- la mayoría de casos de COVID19: 548. “Las calles de algunos barrios lucen desiertas, en medio de la alerta generalizada”, describe. El Puerto Principal también es la urbe con una de las menores tasas de empleo adecuado con el 51,2% de la población.

La experta menciona que 46 de cada 100 ecuatorianos están en el sector informal. “¿Cuánto tiempo puede quedarse en casa un comerciante que tiene cuatro hijos para no afectar su salud y tener lo suficiente para alimentar a su familia?”, cuestionó. Además, indica que el subempleo es una característica de América Latina: personas que viven al día, no tienen reservas y no reciben un sueldo mensual regular. La incertidumbre de no tener acceso a víveres necesarios para su supervivencia podría derivar en una crisis de seguridad que se sume a la sanitaria.

Para el politólogo Gabriel Hidalgo la condición del subempleo es ambigua, ya que en su mayoría son personas que forman parte de la economía informal. Este concepto implica que no tiene un trabajo con relación de dependencia, por ello la estabilidad y cualquier derecho que devenga con ello. Es decir, no pueden quedarse en casa en medio del estado de excepción decretado por Lenín Moreno el pasado 16 de marzo. “Los primeros en perjudicarse en medio de esta crisis, son ellos, las personas que se encuentran en la informalidad”, enfatizó.

Con la movilidad reducida y sin un colchón de ahorros que garantice la subsistencia la idea de guardar cuarentena es una imposibilidad. El Gobierno ha sido reiterativo en un punto: solo se deben movilizar las personas ligadas a los sectores de producción y distribución de bienes primarios, y sectores de la salud. Esto excluye a 5 de cada 10 ecuatorianos vinculados al sector informal de la economía.

En este contexto, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador propuso al presidente, el 17 de marzo, un plan urgente de reactivación económica enfocado en los comerciantes minoristas y autónomos que incluya: una reducción del 12% al 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la reducción de tasas de intereses para acceder a préstamos en bancos y cooperativas, una canasta básica de víveres para los hogares más necesitados mientras dure la emergencia..

De hecho, existen iniciativas de la sociedad civil para intentar paliar esta realidad de algún modo. Ese es el caso de #unidosalimentamosmas, que busca donaciones para dar alimentos a familias vulnerables ante la situación que afecta al país. Sin embargo, Calderón reconoce que el esfuerzo deberá partir del Gobierno para poder cubrir las necesidades de las personas con menos recursos. Por ello, las autoridades tienen que acercarse a los líderes de estas organizaciones para determinar con mayor efectividad el destino de esos recursos.

Para Hidalgo y Calderón, el principal problema en torno a la crisis sanitaria es que las medidas de aislamiento son insostenibles en el tiempo. La incertidumbre en torno a la duración de la crisis sanitaria se conjuga con la fragilidad fiscal y el sistema de salud. Finalmente, los escenarios parecen complejos de cara al futuro. Sin embargo, las medidas que contribuyan a favorecer la dolarización, garantizar los derechos laborales y fortalecer la inversión son las opciones más adecuadas.

“Todo esto es especulativo, tengo la sensación de que los paradigmas que hasta ahora hemos conocido de contratación y derechos laborales se van a modificar. Y al modificarse cambia el empleo mismo, esta enfermedad (COVID19) es un hito que modifica la historia”, reflexionó Hidalgo.