Insostenible
Viteri: “Y por qué no decirlo: la castración definitiva de la persona que viole”
julio 14, 2020
El 9 de julio de 2020 el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presentó las 11 probables interrogantes para incluir en una consulta popular que quiere impulsar. Las preguntas se enfocan en las asignaciones a los gobiernos locales, la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el destino de los sectores productivos. Curiosamente, la primera pregunta es una alusión directa al endurecimiento de penas en crímenes atroces:
¿Está usted de acuerdo que en los casos de violación agravada por la muerte de la víctima, menor de 14 años, se imponga la pena de 50 años sin derecho a rebajas por atenuantes ni a beneficios de liberación anticipada…?
Este lunes 13 de julio, durante una entrevista en el programa Contacto Directo, de Ecuavisa, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, recalcó su apoyo a la consulta popular propuesta por el líder del Partido Social Cristiano (PSC). El plan debe ser enviado a la Corte Constitucional para su calificación.

Declaraciones en el minuto 23 25

La exasambleísta coincidió en la necesidad de endurecer las penas en casos de violación. Además, agregó “y por qué no decirlo la castración definitiva de la persona que viole”. La sugerido por Viteri es insostenible de acuerdo con la legislación. Ecuador es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1969. En su artículo 5 este tratado determina: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Ecuador también es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual señala en su artículo 10: “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. La propia Constitución en su capítulo sexto (Art. 66) establece el derecho a la integridad personal, lo que incluye “La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”. Para el constitucionalista Salim Zaidán, pese a que la sociedad repudia estos crímenes y se indigna cuando se cometen, “la propuesta es puro populismo penal, tiene fines electorales”. El abogado señala que es contraria a la Constitución e instrumentos internacionales ratificados por el Gobierno ecuatoriano, ya que la castración química forzada es un tratamiento inhumano, cruel y degradante que viola el derecho a la integridad personal. “Creo que los proponentes deberían leer textos sobre formas de justicia que funcionan, deben leer más sobre justicia vindicatoria y retributiva para que comprendan que la ley del talión en estos tiempos ya no funciona”, cuestionó Zaidán. También subraya la necesidad de que los políticos acudan a criminólogos para identificar mecanismos idóneos para prevenir delitos, no para endurecer las penas. Silvia Buendía, activista por los Derechos Humanos, explica que pese a la formación en derechos de Viteri, se le olvida que de acuerdo con la ciencia penal el endurecimiento de las penas no implica una disminución en los crímenes atroces. La abogada expone que el artículo 66 de la Constitución prohíbe la tortura y por ello mutilar a una persona que ha cometido un delito implicaría romperla. En su criterio, a esto se debe sumar la preocupación por un sistema de justica que ha demostrado su ineficacia e ilegalidad en distintos casos relacionados con violencia. “Por ello el porcentaje de sentencia en estas causas (violación) es mínimo”, aclaró. Entre 2015 y abril de 2018 se presentaron 18154 denuncias por violación de las cuales 923 recibieron sentencia hasta esa fecha. Es decir un 5%. Para Buendía la solución a la violencia no es inmediata, va de la mano de una educación pública con enfoque de género. Esta alternativa a lo largo de los años podría arrojar resultados reales vinculados con la erradicación de la violencia. Fausto Camacho, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), indica que si la pregunta se plantea en los términos sugeridos por Viteri no pasará el filtro de la Corte Constitucional (CC). “Es un populismo de derecha inaceptable”, afirmó. En sus palabras, la violencia es una pandemia paralela, y anterior a la COVID19. “La finalidad de este tipo de preguntas es capitalizar el rechazo que provocan este tipo de atrocidades en la ciudadanía”, observó Camacho. La sugerencia de Viteri no se acerca a la propuesta original de Nebot relacionada con el incremento de la penas en casos específicos, la cual sí podría pasar la calificación de la CC.

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