El Gobierno desplegó el plan ‘Nos cuidamos’ para proteger a estudiantes, especialistas reconocen la necesidad, pero advierten que sin inversión su impacto será limitado.
POR: Juan Camilo Escobar
El anuncio del Gobierno del plan ‘Nos Cuidamos’ como una estrategia para enfrentar la violencia en las escuelas y colegios ha generado reacciones inmediatas en distintos actores del sector de la educación. Aunque la mayoría reconoce la urgencia de un plan integral, dirigentes de los maestros y expertos exigen mayor claridad sobre su implementación, sostenibilidad y financiamiento.
La iniciativa contempla reformas legales, alianzas interinstitucionales, presencia focalizada de fuerzas del orden, y acciones pedagógicas y territoriales articuladas desde el Ministerio de Educación para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a estudiar en un entorno seguro.
Este plan fue presentado por la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, luego de una serie de hechos violentos en escuelas de Quito que conmocionaron al país, ambos se conocieron mediante videos que se viralizaron en redes sociales, el primero de una estudiante de un colegio de Quito golpeaba a otra alumna en el piso, y el otro el decomiso de arma en el Colegio Central Técnico, tras lo cual padres denuncian que bandas intentan reclutar a estudiantes.
En este marco, Jaramillo anticipó que el Gobierno prepara cinco acciones normativas clave que serán presentadas próximamente a la Asamblea Nacional. Entre ellas:
- Una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) para fortalecer los mecanismos de seguridad y convivencia escolar.
- Un acuerdo ministerial que regule la actuación de la fuerza pública en centros educativos, limitando su ingreso a situaciones de peligro cierto y justificado.
- La creación de un Comité Nacional de Emergencias Educativas, similar a un COE, que coordine acciones ante crisis en el ámbito educativo.
- La revisión y actualización de protocolos institucionales frente a casos de violencia, amenazas y riesgos dentro y fuera de las aulas.
- Coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior, Fiscalía, Asamblea Nacional, organizaciones, docentes y sociedad civil para enfrentar el reclutamiento de menores por bandas delictivas, la extorsión y otros delitos.
Una de las medidas concretas será la modificación de horarios escolares en zonas de alta conflictividad, como estrategia adaptativa para reducir la exposición al riesgo.
Según detalló el Ministerio de Educación, el plan nacional se estructura sobre cinco ejes interconectados: cognitivo, normativo, operativo, territorial y de gobernanza. La iniciativa busca impactar a los más de 4,1 millones de estudiantes y a toda la comunidad educativa en el país.
- Lo cognitivo: incluye la inserción de contenidos sobre seguridad, cultura de paz, resolución pacífica de conflictos y autocuidado en el currículo desde educación inicial hasta bachillerato. Se fortalecerá la educación socioemocional y el desarrollo de habilidades para la convivencia.
- Lo operativo: prevé la articulación con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, gobiernos locales y otras entidades del sistema de seguridad. Las medidas incluyen mejoras en infraestructura —iluminación, cerramientos, cámaras, alarmas— y el retorno de figuras clave como el inspector de curso y el mediador educativo.
- Lo normativo: se impulsará una revisión del marco legal educativo para restaurar la autoridad de docentes y directivos, además de viabilizar el ingreso de la fuerza pública en situaciones específicas que representen una amenaza comprobada.
- Lo territorial: apunta a la formación continua del profesorado en gestión de crisis, el fortalecimiento del rol de las familias a través de escuelas para padres, y la implementación piloto del programa ‘Escuelas de Paz’ en Esmeraldas, una provincia seriamente afectada por la violencia armada.
- La gobernanza: busca consolidar la articulación entre ministerios, municipios, actores del sistema educativo y organizaciones de la sociedad civil, con enfoque de corresponsabilidad.
¿Qué implicaciones tienen estas medidas?
Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), su presidente Andrés Quishpe, reconoció que tres de las propuestas del plan ya habían sido planteadas por su gremio al Ministerio de Educación el pasado 23 de junio: la revisión de horarios escolares, la actualización de rutas y protocolos ante violencia, y la conformación de una coordinación interinstitucional con Fiscalía, Ministerio del Interior, Educación y docentes.
Sin embargo, Quishpe advirtió que el resto de las propuestas “no pueden construirse sin la participación activa de los actores educativos”. Alertó que sin apropiación desde las bases, el plan corre el riesgo de quedarse en lo técnico y alejado de la realidad escolar: “si lo seguimos haciendo desde la tecnocracia, sin esperanza ni participación, ni siquiera se conocen en los sectores.”
Sobre la posible presencia de fuerza pública en las aulas, Quishpe aclaró que ya existen protocolos que permiten el ingreso de policías en casos de flagrancia, como porte de armas o droga.
“Nos preocupa que esto se normalice. La Policía y el Ejército deben estar en los barrios donde el Estado ha abandonado, no sólo en las escuelas”, comentó.
El dirigente insistió en declarar en emergencia al sistema educativo, pero no para cerrar planteles, sino para canalizar recursos hacia planes de seguridad escolar sostenibles, renovación pedagógica, y programas de formación para familias y docentes.
Aunque el plan contempla reformas legales, articulación interinstitucional y vigilancia en entornos escolares, dos voces autorizadas del campo educativo —María Sol Villagómez, especialista en política educativa, e Isabel Vargas, expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE)— expresan que sin una acción profunda del Estado para garantizar derechos sociales, prevenir la exclusión escolar y fortalecer lo pedagógico, el plan corre el riesgo de ser apenas una respuesta superficial ante una crisis más amplia.
Una de las medidas más controvertidas del plan es el posible ingreso de la fuerza pública a los planteles en casos de “peligro cierto y justificado”. Para Villagómez, esta posibilidad plantea preocupaciones desde el enfoque de derechos. “Me parece que es complicado, porque se trata de menores, y los menores son la prioridad. Es importante que la política pública ponga como elemento principal el derecho del menor, sobre todas las cosas”, señaló.
Isabel Vargas fue más directa: “el hecho de que se abran las puertas para que ingrese la Policía no es la solución. La solución es atacar el problema del país la pobreza, la exclusión, la falta de empleo, la deuda social”.
Ambas expertas coinciden en que la escuela no puede ser tratada como un espacio aislado de su contexto. Villagómez recalcó que “la escuela, al ser una institución de la sociedad, refleja lo que ocurre en la sociedad”, y que las intervenciones deben mirar los territorios y las condiciones de vida de las familias.
Por su parte, Vargas insistió en que el plan debe extenderse hacia los hogares y comunidades: “no se trata sólo de violencia en el ámbito escolar. Hay que ir a los territorios donde viven los estudiantes. Establecer zonas de riesgo e intervenir. No sólo debe actuar el Ministerio de Educación, también deben estar la Defensoría del Pueblo, Unicef, los consejos de igualdad, las juntas de protección. Tiene que ser interinstitucional”.
Falta de prevención y deuda institucional
Villagómez advirtió que el enfoque del Gobierno parece más reactivo que preventivo. “Creo que lo principal es la prevención de la violencia en todas sus formas, la educación para la paz, la formación docente y el acompañamiento a las familias. Eso es lo que se necesita, no sólo castigo”.
Vargas fue más enfática al denunciar que ni siquiera se ha cumplido con una disposición clave de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en materia de prevención de la violencia: “desde octubre de 2021 hemos venido exigiendo la creación del Observatorio de la Violencia Escolar, que está contemplado en una disposición transitoria. El Defensor del Pueblo y el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional son los responsables. No existe ese Observatorio, y no han cumplido”, denunció.
Para la exdirigente, este Observatorio debía ser el espacio desde donde se construyan planes preventivos basados en evidencia, y su ausencia refleja un descuido estatal en la gestión integral del problema.
También lamentó la subejecución del presupuesto de educación en 2024, lo cual afectó a planes de educación y salud mental. Dicho plan, recordó, está enfocado en la prevención. Sin embargo, advirtió que resulta incoherente hablar de prevención cuando las condiciones estructurales siguen deteriorándose: “Si no hay empleo, si los padres no tienen servicios básicos, si la pobreza extrema crece cada día, ¿cómo podemos hablar de ambientes libres de violencia en las escuelas?”, cuestionó.
Villagómez destacó que el cuerpo docente también está siendo afectado por las nuevas formas de violencia. “Los docentes están enfrentando situaciones que antes no vivíamos. Por eso, además del trabajo con estudiantes, hay que acompañar y proteger al profesorado”.
Consultada sobre los episodios de violencia registrados recientemente en colegios de Quito, Vargas sostuvo que ya existen rutas y protocolos que deben aplicarse. Recordó que dentro de las escuelas las respuestas deben ser restaurativas, y que cuando la violencia excede ese ámbito, se debe derivar a otras instancias como distritos, juntas cantonales o la Fiscalía, dependiendo del tipo de agresión.
Además, propuso reactivar las escuelas para padres y fortalecer la corresponsabilidad con las familias. “Debe haber responsabilidad comunitaria: autoridades, docentes, estudiantes y también los padres de familia”, afirmó.
Causas sociales
Tanto Villagómez como Vargas coinciden en que no se puede hablar de seguridad en las escuelas sin hablar de desigualdad y pobreza.
Villagómez sostuvo que “las condiciones estructurales son muy complejas” y que es urgente “priorizar la atención a las necesidades básicas de niños y sus familias como parte de una política educativa”.
Vargas compartió una de las realidades más duras: “el año pasado, en Nueva Prosperina, la Policía informó que de cada 10 detenidos, seis eran menores de edad. Y esos chicos decían que al menos ahí tenían una comida al día. Fíjese la gravedad”.
Ambas expertas cerraron con un llamado a repensar el rol del Estado y el sentido de las políticas educativas. Villagómez recordó que “los niños y niñas de hoy serán quienes gestionen lo público, quienes construyan el país”.
“La prioridad es su derecho. Sin educación, sin salud, sin empleo, la violencia será la consecuencia. Lo que exigimos es que se salde la deuda social”, concluyó Vargas.
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