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Viabilidad económica de la reforma a la Ley de Educación a revisión
agosto 16, 2021

En sentencia del 11 de agosto de 2021, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) aprobadas por la anterior Asamblea en marzo de 2021 y sancionadas por el Ejecutivo, sin cambios, un mes después.

Envié al Registro Oficial para su publicación, la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Lo celebro por los maestros que serán los mayores beneficiarios.

 

En su dictamen, la Corte cuestionó a la Asamblea y al expresidente de la República, Lenín Moreno, ya que, dice, incumplieron su deber de garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y aumentaron el gasto público con el incremento generalizado de las remuneraciones a los docentes del magisterio fiscal, sin los debidos estudios.

La Ley propone un sueldo básico para los maestros de 1.000 dólares y la jubilación especial para los que hayan acreditado 300 aportes mensuales sin límite de edad.

“Dicha práctica política carece de seriedad, ya que promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población solo de manera ilusoria, defraudando las aspiraciones legítimas de los docentes asegurados, un gremio que merece gozar de las mejores condiciones laborales posibles, no solo por su dignidad de personas, sino porque así lo exige el pleno desarrollo del derecho fundamental a la educación”, consta en la sentencia.

La Corte declaró que en el trámite de aprobación de la Ley se aprobaron esos temas inconstitucionales y ordenó a la Asamblea que en un plazo de seis meses analicen el tema económico y debata nuevamente esos artículos con la debida constancia del respaldo financiero para que pueda cumplirse la Ley, lo que deberá ser revisado nuevamente por la Corte. Hasta entonces esos artículos no entrarán en vigencia.

El incremento salarial y la jubilación especial fueron celebradas en su momento por los maestros, especialmente de la UNE, y por los integrantes de la Comisión de Educación donde se trabajó la reforma en el anterior periodo.

Analistas económicos advirtieron que la Ley era económicamente inviable y esperaban que el Ejecutivo vete la parcialmente la reforma. Pero el proyecto pasó sin observaciones. Eran los últimos meses de gestión de la Asamblea y del Gobierno liderado por Lenín Moreno, dos funciones del Estado que terminaban con porcentajes de aceptación ciudadana menos del 10%, según las encuestas.

Una vez remitida la reforma al Registro Oficial, la alerta de los costos económicos que implicaría lo aprobado la dio Mauricio Pozo, en ese entonces Ministro de Finanzas de Moreno. En una entrevista a Diario El Comercio dijo que la Ley era inviable económicamente, ya que costaría 3.000 millones de dólares y que para financiarlo se tendría que subir el IVA en tres puntos.

Ana Belén Cordero, asambleísta por CREO, manifestó que los maestros deben ser mejor remunerados y contar con mejores jubilaciones. Sin embargo, añadió que no se puede legislar con criterios demagógicos ya que se debe contar con estudios técnicos – presupuestarios por lo que la anterior legislatura violó el procedimiento al aprobar una normativa sin sustento económico.

En cambio, la exasambleísta y exvicepresidenta de la Comisión de Educación, donde se aprobó el proyecto, Jeannine Cruz, actual presidenta del Cordicom, manifestó que “en lo referente a la jubilación y el alza salarial la Corte no niega este tema por tal razón, llama también al IESS para que haga un seguimiento a las normas donde se está discutiendo derechos laborales”.

La exlegisladora aseguró que la decisión de la Corte garantiza los derechos a la capacitación, la jornada laboral de 25 horas pedagógicas, los incentivos monetarios y no monetarios, los centros infantiles y los lactarios para las docentes embarazadas, así como la convocatoria a concursos de merecimientos a bibliotecarios y personal del DECE y la obligación del Estado de los pagos de los incentivos económicos por evaluación y las deudas de recategorización.

Por su parte el expresidente Lenín Moreno, en declaraciones a Diario El Universo aseguró que había puesto el ejecútese en la reforma porque supuso que la Asamblea contaba con los estudios económicos que sustentaban el incremento salarial y la jubilación especial.

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