En 11 años se han registrado 32 sentencias contra personas que usaron de manera irregular uniformes de fuerzas de seguridad.
POR: Juan Camilo Escobar
“Por favor, ¿cuánto cuesta este casco balístico?”, preguntaba la tarde del viernes 5 de septiembre una joven policía en uno de los cuatro locales de venta de todo tipo de uniformes y accesorios policiales ubicados en la avenida Del Maestro, ubicada frente a el Complejo Habitacional de la Policía Nacional, en el norte de Quito.
La responsable de este local, Jessenia, respondió que costaba por sobre los 200 dólares, pero el precio exacto lo podía decir una vez que se realice una cotización previa para su adquisición desde el exterior.
“Sí nos entregan los uniformes de dotación. Eso nadie niega, pero nos entregan una parte, la otra es de nuestro bolsillo”, dijo esta policía con más de cinco años de servicio, con traslados a diferentes provincias, en especial de la Amazonía.
Así, testimoniaba que con sus propios recursos tuvo que comprar “un pantalón negro, logístico, por cuarenta dólares”. Agregó que para otros compañeros de diferentes unidades el gasto en uniformes puede alcanzar entre 60 y 100 dólares.
Jessenia comenta que se trata de una realidad que ha palpado durante mucho tiempo frente a la cual, locales como el suyo, “formales” —insiste con énfasis— brindan alternativas de uniformes económicos y de buena calidad, ya sean importados o nacionales.
Su local ha operado por más de 20 años, “con todos los permisos y autorizaciones en regla”. Insite en la formalidad de su negocio mientras muestra dos letreros, uno grande en la puerta de entrada, y otro en el mostrador principal, en los que se condiciona la venta única y exclusivamente a quienes presenten “credencial de ser servidor policial”.
“A veces, en las calles, hay gente que vende uniformes a personas que nada tienen que ver con la institución policial. En el sector formal, se pide la credencial de que pertenezcan a la Policía y sólo así se les puede vender. De esta manera evitamos que la gente use los uniformes para estafas o quizás otros hechos delictivos”, agrega Jessenia.
Similares letreros se pueden observar en los interiores y exteriores de los otros tres locales ubicados en la zona, según pudo constatar Ecuador Chequea. Aunque sus propietarios no accedieron a brindar sus testimonios, indicaron, igual que Jessenia, que “no hay venta libre”, con excepción de botas, a 75 dólares, si son nacionales, o que superan los 90, si son importadas. También reconocieron que han tenido problemas “con vendedores informales” que en determinadas temporadas se han ubicado con vehículos en la zona.
Consultados sobre esta situación, los dos policías asignados al control de acceso al Complejo reconocieron que efectivamente “hay venta libre” por fuera de estos locales en esta y otras zonas de Quito y del país, en donde han brindado sus servicios.
Este tipo de situaciones incluso han generado conflicto con artesanos calificados que entregan a los locales establecidos uniformes, “parches”, mochilas y otros accesorios militares y policiales, comentó Antonio Ríos, uno de los representante de los artesanos de este rubro.
“Tengo mi local en el sur, en la Biloxi, y sí hemos tenido problemas porque algunos informales van con sus camionetas, se estacionan y empiezan a vender. Les hemos reclamado, incluso hemos tenido casi enfrentamientos, porque les hemos dicho que cómo así se ponen a vender en plena calle los uniformes. Nos dicen que tienen derecho a trabajar. Les decimos que sí tienen derecho, pero no de vender libremente, sin pedir credenciales ni nada”. comentó Ríos, indignado.
“Los delincuentes se disfrazan ya sea de militares o de policías. Por eso, la venta no puede ser libre, sino regulada, con autorizaciones, como lo hacemos los establecimientos formales”, se queja Liliana Quinchuela, responsable de uno de los más concurridos locales de venta de todo tipo de uniformes y accesorios militares ubicados en plena esquina noroccidental del parque La Recoleta, junto al Ministerio de Defensa, en el centro de Quito
Se trata de uno de los más concurridos de los 13 locales de este tipo que funcionan en la avenida Maldonado, en el tramo comprendido entre la Plaza de la Recoleta, y la parada Cumandá del Trolebús. La mayoría evitó dar sus testimonios u opiniones, pero también aseguraron que exigen una credencial militar como requisito para la venta. También dijeron que están agremiados en la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales (Accamp).
Ana Chiluiza, de 50 años, se ha dedicado desde adolescente a confeccionar de manera artesanal todo tipo de gorras y cordones de los uniformes militares en su propio taller, ubicado en una vieja casona de la avenida Maldonado.
Recuerda que su padre fue uno de los tres primeros artesanos que se dedicó a confeccionar estos uniformes militares, en uno de los locales ubicados en la primera planta de un edificio cerca de la plaza La Recoleta, que en la década de los 60 y 70 funcionaba como hotel, y que hoy es de propiedad del Ministerio de Defensa.
“El problema es la venta sin control, incluso en el propio parque La Recoleta y eso perjudica a todos, por la seguridad, pero en especial a nosotros, que somos artesanos calificados y que incluso generamos empleo a otros artesanos. Yo, por ejemplo, trabajo con tres artesanos que me proveen mochilas y buzos”, comentó.
PREOCUPACIÓN
Durante décadas, esta venta libre e indiscriminada ha generado preocupación debido al uso por parte de grupos criminales de este tipo de uniformes, ya sea policiales o militares, para cometer delitos, en especial asaltos en carreteras o ciudades.
Por ejemplo, en junio el líder de la organización criminal Los Águilas, alias ‘Fede’, se fugó de la Penitenciaría del Litoral disfrazado con un uniforme militar. En octubre de 2024, un grupo de delincuentes disfrazados de militares, simulando un operativo, cometió un asalto en una ciudadela en Durán.
Se trata de una “contravención” tipificada en el artículo 296 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) como usurpación de uniformes e insignias. Según las estadísticas del Consejo de la Judicatura, desde 2014, hasta julio de 2025, se han resuelto 56 de las 65 causas contra demandados.
32, es decir el 57%, concluyeron con sentencias condenatorias y las 24 restantes, el 43%, con la ratificación de la inocencia de los demandados.
2015 fue el año con más causas resueltas, con 15. Le siguió 2020, con 10. En contraste 2014, 2024 y en lo que va del 2025 se resolvió una sola causa por año. 2022 y 2023 fueron bajos, con 2 por año.
En al menos 13 fallos se ordenó prisión. Esto debido a que en el cuadro estadístico se señalan 19 causas que concluyeron con sentencia condenatoria, pero no se puntualiza qué tipo de sanción se impuso.
En cualquier caso, Pichincha fue la provincia con más causas, 13 (23%). Le sigue Guayas 10 (18%) y El Oro, Imbabura y Sucumbíos con 4 cada una
LA VENTA NO SE DETIENE
En los locales de ambas zonas recorridas se puede comprar prácticamente todos los tipos de uniformes para las diferente tareas policiales y militares, tales como patrullaje, operativos, entrenamiento e incluso desfiles. Esto, además de toda la gama de accesorios como gorras e insignias o “parches” para todo tipo de grados desde cabo primero hasta oficiales de alto rango.
Tal es la variedad de la oferta, que en uno de los locales más concurridos, por ejemplo, padres hacían fila de espera para comprar los distintos uniformes para sus hijos niños y adolescentes, estudiantes de escuelas y colegios militares de Quito y de provincias.
CONTROL
En julio la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional empezó el trámite para la aprobación de un proyecto de ley para incluir un código QR o de consulta rápida de la información de origen y responsabilidad de la fabricación de cada uniforme.
Las tres responsables de los locales que accedieron a hablar con Ecuador Chequea comentaron que están de acuerdo con esta posible regulación. “Estoy de acuerdo con que se implemente un código QR y que se aplique a todos, pero deben darnos una orientación de cómo va a funcionar”, comentó Quinchuela.
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