Hoy se cumplió la audiencia de seguimiento al dictamen que blindó las actuaciones del Consejo transitorio. En un complejo caso jurídico, el Consejo de Participación no pudo explicar por qué no apeló la decisión de un juez que avaló la creación de dicha veeduría.
Dos elementos quedaron comprobados hoy, tras la audiencia que se cumplió en la Corte Constitucional para verificar si el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) está cumpliendo el dictamen interpretativo del 2019, que blinda las resoluciones del Consejo Transitorio relacionadas con la designación de autoridades; entre ellas, la propia Corte Constitucional.
El primero es que el actual Consejo no apeló (ni oral ni por escrito), dentro de los plazos establecidos, la sentencia de primera instancia del juez de Montecristi Leivis Quimis que daba luz verde a armar una veeduría para que revise el proceso de selección de la Corte Constitucional; en su lugar, simplemente se adhirió —a destiempo— a la apelación que presentó la Procuraduría.
Y el segundo elemento es que esa veeduría continúa en proceso de integración, a pesar de los cuestionamientos jurídicos que se han levantado a su alrededor ya que, en el fondo, significaría un incumplimiento del dictamen del 2019.
Este proceso tiene su origen en el pedido de una ciudadana de formar esta veeduría, negado varias veces por el anterior Consejo de Participación. Ya con el nuevo Consejo, el juez Quimis concedió una acción de protección planteada por la mencionada ciudadana, y dio vía libre a la conformación de la veeduría. Por eso, se entiende, si el Consejo de Participación estaba en contra de esta veeduría, que podría contravenir un dictamen constitucional, debía apelar la decisión del juez enseguida, pero no lo hizo. Eso se estaba revisando en la audiencia de hoy.
A la audiencia comparecieron las autoridades del Consejo de Participación, funcionarios de esa institución, la fiscal general, Diana Salazar y los respectivos abogados.
Luego de tres horas y media de intervenciones, en las que todos los consejeros se «declararon inocentes» de alguna intención de revisar lo actuado por el Transitorio, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, le preguntó si titular del Consejo, Alembert Vera, cuál fue la postura institucional frente al fallo del juez de Manabí. «Tengo una perplejidad, ya que, al parecer, se ha presentado una adhesión al recurso de apelación; sin embargo, las actuaciones del Consejo, algunas de ellas por lo menos, unas intervenciones suyas de carácter público han sido en el sentido contrario, es decir que estarían de acuerdo con lo resuelto por el juez», dijo Lozada. Vera respondió que su postura individual, particular y subjetiva puede estar por encima de una decisión colectiva institucional.
La jueza constitucional Daniela Salazar insistió en conocer las razones por las que el Consejo no apeló de forma oral apenas conocido el fallo o dentro del término establecido por la Ley. «Específicamente por qué el CPC no apeló está decisión», insistió Salazar. El Presidente del Consejo argumentó que «existía una defensa conjunta con la Procuraduría General del Estado».
En cuanto a la conformación misma de la veeduría, Gary Núñez, subcoordinador de Control Social del CPC, informó que se encuentra en fase previa y que, de 41 personas que se inscribieron, hay 19 admitidos, pero que el número real se conocerá luego de la etapa de inducción y capacitación. Según Núñez, aún existe la posibilidad de modificar el objeto de integración de esta veeduría, que está en marcha hasta conocer el dictamen al recurso de apelación en la Corte Provincial de Manabí.
‘Ahora vienen por ustedes’
Como parte de esta audiencia también se escuchó a la fiscal Salazar, quien aseguró que el pleno del Consejo intenta revisar el proceso de selección que culminó con el nombramiento de la Corte Constitucional. Salazar y su abogado, José Luis Arcos, solicitaron la destitución de los consejeros del CPC Alembert Vera, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos, por violar el dictamen interpretativo de 2019.
Salazar manifestó que el Consejo de Participación, con el voto de los cuatro consejeros de mayoría, aprobó una serie de resoluciones para revisar la documentación que se presentó en el proceso de selección, lo que está prohibido por el dictamen de la propia Corte Constitucional. Según Salazar, el objetivo de esta maniobra de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana sería «deslegitimar las actuaciones y sentencias obtenidas por esta autoridad y, como no lo logran, ahora van por ustedes, señores jueces Constitucionales», dijo en referencia al proceso de veeduría iniciado.
Sin embargo, los consejeros, todos, en sus intervenciones, aseguraron que su intención no es destituir a nadie, ni violar el dictamen interpretativo. Los consejeros cuestionados indicaron que la prohibición de revisar lo actuado por el Transitorio es para el Consejo de Participación permanente, pero no para la ciudadanía, que tiene el derecho de fiscalizar a las autoridades.
Una vez escuchados los argumentos, el Pleno de la Corte Constitucional deberá pronunciarse en los próximos días y, de considerar que uno o más consejeros no han cumplido con lo que manda el dictamen interpretativo, podrían resolver su destitución del cargo.
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