«El sueño de Daniel Noboa es estar solo en la papeleta electoral». Esa es la interpretación que da Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, al informe jurídico que debe tratar el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que recomendaría su cancelación del registro de organizaciones políticas. Según ese informe, tanto Unidad Popular como Construye han disminuido el total de sus afiliados o adherentes a una cifra menor al 50% del número exigido por la Ley para su inscripción.
Desde el viernes la presidenta del CNE, Diana Atamaint, puso el tema en el orden del día de las sesiones del Pleno del organismo, pero no se ha logrado los votos para aprobar el informe o no se ha logrado el quórum para sesionar, por lo que el caso está abierto todavía.
Los dirigentes de Unidad Popular presentaron en el organismo electoral una solicitud de archivo del informe jurídico, al que califican de burdo porque carece de motivación y no responde a los hechos reales. «Noboa y Atamaint quieren un apagón democrático», aseguró Atarihuana. De acuerdo a la organización, desde el 2020 contaban con 206.000 afiliados y desde esa fecha se han desafiliado menos del 1%.
Natasha Rojas, de la misma organización, manifestó que «el presidente de la República cree que vive en la monarquía: ‘yo soy el presidente y mamita la alcaldesa de Guayaquil».
Organizaciones políticas en alerta
En la misma se encuentra el movimiento Construye, organización que según el informe carecería de afiliados. A través de un comunicado, Construye asegura que desde hace dos años enfrenta una arremetida. «El Gobierno atacó a dirigentes y asambleístas y utilizó al CNE, con Diana Atamaint a la cabeza, para intentar nuestra extinción política», cuenta la organización y agrega que lo que ocurre no solo afecta a partidos y movimientos políticos, sino que debilita a la democracia en su conjunto y pone en riesgo los derechos de toda la ciudadanía.
A esto se suma la suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana, dispuesto por el juez electoral Joaquín Viteri. Además, está la detención y juzgamiento penal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, una de los contradictores más fuertes de Daniel Noboa en esa ciudad.Algunos sectores políticos ven con preocupación la situación y aseguran que se resta legitimidad democrática al próximo proceso electoral de 2027.
Sin embargo, Nathaly Farinango, asambleísta de ADN, asegura que ellos no controlan ni la justicia ni a los organismos electorales. Por tanto, aclara que no tienen nada que ver en estos procesos de eliminación o suspensión de organizaciones políticas que no sean del oficialismo.
