Andrés Fantonì reasumió la conducción del organismo ofreciendo nombrar autoridades pendientes hasta febrero de 2026; entre ellas: Fiscal General, Consejo Nacional Electoral y Judicatura. La de hoy fue una sesión calmada, pero hay poca expectativa de que las cosas cambien en el organismo.
POR: Juan Camilo Escobar
El presidente reelecto del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, anunció que el organismo prevé completar la designación de cinco autoridades pendientes hasta febrero del próximo año. Se trata de los concursos de selección de: Fiscal General, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria y Consejo de la Judicatura.
Fantoni hizo la declaración tras la sesión ordinaria en la que él fue ratificado en la Presidencia y la consejera Jazmín Enríquez fue elegida vicepresidenta para el periodo 2025-2027.
«Hemos avanzado significativamente en la reorganización interna; ahora nos enfocamos en ejecutar los pendientes», señaló Fantoni, al ser consultado sobre el cronograma para completar las designaciones. Agregó que el Consejo ha gestionado la prórroga de 13 autoridades y que el objetivo es finalizar las cinco designaciones restantes dentro del plazo establecido.
Fantoni reconoció el desprestigio y la falta de confianza que enfrenta la institución. «Somos conscientes», admitió, y prometió «activar una reglamentación que responda a la ciudadanía, estableciendo plazos claros y medidas estrictas para los comisionados que no cumplan con sus responsabilidades hasta febrero de 2026».
A la sesión asistieron los consejeros Gonzalo Albán, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez y David Rosero de manera presencial y Piedad Cuarán, vía telemática. La consejera Nicole Bonifaz estuvo ausente.
En cualquier caso, la elección de Fantoni y Enríquez se concretó con el voto unánime de seis de los siete consejeros presentes en la sesión. La jornada, que comenzó con una hora de retraso y se extendió por una hora y 54 minutos, transcurrió en un ambiente de respeto y cordialidad entre los miembros del Consejo.
Este clima representó un marcado contraste con las tensiones internas registradas semanas atrás, durante el proceso de destitución de los consejeros identificados con la denominada Liga Azul, grupo vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia.
Según tres expertos consultados por Ecuador Chequea, estos y otros antecedentes similares de pugnas internas han obstaculizado la capacidad del organismo para cumplir de forma técnica y autónoma con su mandato legal de designar autoridades. Además, dijeron, han evidenciado en reiteradas ocasiones la influencia de la política y de intereses particulares, ajenos a los del país, que han prevalecido en la institución
Simón Pachano, catedrático de ciencias políticas de la Flacso, califica al organismo como un «engendro institucional» desde su origen, cuya naturaleza problemática se ha manifestado en «numerosas maniobras políticas».
Pachano considera que, independientemente de las recientes designaciones de autoridades, el organismo debería desaparecer mediante un proceso de reforma constitucional que considere el control de la Corte Constitucional, sin necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, como lo ha anticipado el presidente, Daniel Noboa.
El también politólogo Julio Echeverría Andrade recordó que el Consejo ha sido severamente cuestionado, tanto por su incumplimiento de funciones como por su diseño institucional. Echeverría Andrade calificó la creación del organismo, establecida en la Constitución, como un «experimento» fallido. Por ello, anticipó escasas expectativas de mejora en su desempeño durante los próximos dos años, dado el «defecto en su misma estructura y concepción».
“Es un problema de representación, porque el Consejo sustituye al Legislativo en su tarea de nominar los órganos de control y de poder, que son centrales para el manejo de la cosa pública. Su problema es que, al sustituir a la Asamblea, no garantiza que se produzca una participación efectiva de la ciudadanía, que debería pasar por los partidos políticos”, opinó.
La abogada constitucionalista Ximena Ron, sin embargo, señaló la inviabilidad de eliminar o reemplazar el Consejo a corto plazo, por lo que instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante de sus decisiones.
En este contexto, Ron mencionó que la propia entidad cuenta con mecanismos de veeduría y control ciudadano para supervisar los procesos de designación pendientes. «Estos procesos participativos se encuentran paralizados por factores políticos. No hay garantías de que se habiliten espacios reales de participación, debido a la presencia de intereses políticos. Sin embargo, la mayor parte de la ciudadanía se encuentra desvinculada de este tema, absorbida por problemáticas más apremiantes, como la inseguridad y el desempleo», concluyó la jurista.
Por ahora, frente a las designaciones pendientes, Fantoní confirmó que en la víspera la Asamblea Nacional remitió de manera formal la terna para la designación de autoridades del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, señaló que el expediente está incompleto, ya que carece de “sustentos y argumentos” que respalden las candidaturas.
Además, Fantononi y Enríquez ofrecieron involucrar a las universidades en el proceso de convocatoria de estos concursos de selección.
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