Especialistas reaccionan a la orden de deportación del niño ecuatoriano Liam Conejo en EE. UU. y advierten un panorama legal adverso pese a posible apelación.
La orden de un juez de inmigración de Estados Unidos para deportar al niño ecuatoriano Liam Conejo provocó reacciones de preocupación y de cautela entre especialistas en migración consultados por Ecuador Chequea, que advirtieron tanto sobre el endurecimiento de la política migratoria estadounidense como sobre las escasas opciones legales que le quedarían a la familia.
Esto debido a que en la primera hoy se conoció de la negativa del juez a la solicitud de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos, menor ecuatoriano de 5 años cuyo arresto en enero atrajo atención en ambos países, y ordenó su remoción del país.
El abogado de la familia, citado por CBS Minnesota, indicó que la decisión no es definitiva y que existe un plazo de 30 días para presentar una apelación ante las instancias migratorias correspondientes. Mientras ese proceso esté en curso, la familia puede permanecer en Estados Unidos.
Édgar Galiano, investigador de la migración de ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa, sostuvo que el caso del menor se inscribe en un contexto político marcado por la estrategia migratoria del presidente Donald Trump. Según dijo, la deportación del niño podría ser utilizada como un hecho de alto impacto mediático dentro de una narrativa electoral enfocada en mostrar dureza contra los migrantes.
“Desgraciadamente, la cuestión de nuestro ecuatoriano, de nuestro niño entra en el tema mediático demagógico electoral”, afirmó Galiano. Añadió que, en su criterio, Trump buscaría reforzar ante su electorado la imagen de que su gobierno está expulsando migrantes, lo que, tratándose de un niño, tendría aún mayor repercusión pública.
Galiano también expresó preocupación por la forma en que se están aplicando estas políticas. Señaló que la defensa de Liam podría intentar frenar la deportación mediante recursos judiciales. “A nivel legal indudablemente los abogados que siguen el caso de Liam presentarán recursos”, dijo, al calificar la situación como “inhumanidad”.
Por su parte, William Murillo, representante del Consorcio Jurídico 1800 Migrantes, dijo que la familia aún puede apelar la decisión judicial, aunque advirtió que el panorama luce adverso si ya se cumplió con el debido proceso y no existen nuevas pruebas de peso.
“La familia puede presentar una apelación”, señaló Murillo, al explicar que ese recurso podría tomar alrededor de 30 días para una resolución. Sin embargo, remarcó que, si la familia contó con abogado, acudió a las cortes y se respetaron las garantías procesales, “en realidad no tienen un caso de asilo fuerte y por eso le está negando el juez”.
Murillo subrayó que la negativa no provino de un funcionario migratorio, sino de un juez de inmigración, lo que, a su juicio, vuelve más difícil revertir el caso. Dijo que una eventual apelación solo tendría mayores posibilidades si la familia presenta pruebas extraordinarias, como una enfermedad grave del niño no atendible en Ecuador o amenazas concretas y demostrables contra el padre en caso de retorno.
De lo contrario, añadió, el caso de Liam sería uno entre muchos de ecuatorianos que ingresaron por la frontera estadounidense solicitando asilo sin cumplir los requisitos legales. Según Murillo, gran parte de estas solicitudes carecen de fundamento y por eso los jueces están acelerando decisiones que antes tardaban años y ahora pueden resolverse en meses.
“Migración está buscando a todos aquellos que están solicitando asilo y no tienen un caso fuerte, que es la gran mayoría”, afirmó. También atribuyó el colapso del sistema a migrantes que, según dijo, fueron inducidos por coyoteros a pedir asilo con la expectativa de obtener permiso de trabajo.
Sobre una eventual intervención del Estado ecuatoriano, Murillo consideró que la ayuda ofrecida previamente por el gobierno podría debilitar futuros argumentos de desprotección. Según explicó, si Ecuador ya manifestó disposición para asistir a la familia, eso podría ser usado en contra de una apelación basada en la supuesta falta de protección estatal en el país de origen.
En caso de concretarse la deportación, Murillo estimó que la familia podría acceder a la ayuda anunciada por el gobierno ecuatoriano para deportados, que incluye un bono equivalente a un sueldo básico durante tres meses. Añadió que, una vez en Ecuador, también podrían incorporarse a servicios públicos como salud y educación, aunque sin medidas adicionales específicas.
Como se recuerda, agentes migratorios de Estados Unidos lo detuvieran el 20 de enero junto con su padre en Columbia Heights, Minnesota, poco después de llegar a casa desde su centro preescolar. Posteriormente, ambos fueron trasladados al centro de procesamiento migratorio de Dilley, Texas, en medio de una fuerte reacción pública y política
Asimismo, a finales de enero, el juez federal Fred Biery, en Texas, bloqueó temporalmente cualquier deportación o traslado de Liam y su padre mientras seguía el litigio sobre su detención. Días después, ordenó su liberación y criticó duramente la actuación del gobierno, al señalar que el caso parecía surgir de una “búsqueda” de cuotas diarias de deportación, incluso si eso implicaba “traumatizar a niños”.
