Los cuatro consejeros de mayoría que el viernes deben acudir a la Asamblea para ser interpelados, se dedicaron hoy a preparar sus defensas. ¿Fue este el último día del organismo, como lo conocemos?

El llamado a juicio político a Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), tuvo su primer efecto en ese organismo. El Pleno del Consejo estaba convocado hoy a sesión ordinaria, pero ninguno de los siete consejeros se presentó. Sólo Ulloa, en su calidad de Presidente, intervino por breves segundos vía telemática y, al constatar que nadie más se había conectado, dijo que era comprensible, ya que estaban preparando la defensa ante la Asamblea, para la sesión que se cumplirá el viernes, y a continuación declaró sesión permanente y suspendió la misma. 

Ulloa se mostró reacio a dar declaraciones a la prensa. Argumentó que no era conveniente en ese momento, que se encontraba en Quito pero que estaba en una reunión. Sólo ante la insistencia de la prensa, accedió a dar su criterio sobre la interpelación. 

Estupiñán no quiso emitir su opinión porque aseguró que los medios le entrevistan pero no le sacan en las notas, que prefieren el criterio del Presidente, y se marchó de la sede del Consejo, a donde llegó porque le habían informado que se iban a reunir Ulloa y Bravo, este último que no tuvo inconveniente en defender su posición frente a la interpelación.

Mientras que a Rivadeneira se le entrevistó en el sector norte de Quito, en los bajos de un edificio donde mantenía su propia reunión.  

Los argumentos 

Ulloa no dudó en calificar de nulo el juicio político, ya que la Comisión de Fiscalización no entregó en los plazos previstos un informe que recomiende la interpelación o su archivo, ni un informe de posiciones, por lo que, para él, no existe una acusación solvente ni en lo político ni en lo moral, lo que generó un vacío legal que afecta la validez del proceso. 

Aseguró que si la intención con la censura y destitución de los cuatro consejeros de mayoría es tomarse las instituciones de control por parte del correísmo y del Partido Social Cristiano, como lo aseguran varios sectores políticos, esto no podría ocurrir, ya que los concursos están en marcha y no hay forma de detenerlos, que se ha incurrido en gastos, en diferentes rubros. «¿Quién se va a hacer cargo de esos gastos? ¿Acaso los asambleístas o los consejeros que nos reemplacen?», se preguntó. 

Bravo dijo que irá a la Asamblea a demostrar que no se ha vulnerado la seguridad jurídica, ni se han arrogado funciones, ya que han actuado en cumplimiento de la Constitución, de las leyes y de los reglamentos. 

Y Rivadeneira añadió que no puede ser enjuiciada políticamente porque su candidatura a la reelección está calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Agregó que no hay igualdad de condiciones  en este juicio político porque ella no tiene un tío asambleísta. Esto en referencia a la consejera de minoría Sofía Almeida, quien no fue llamada a interpelación, cuyo tío es el asambleísta del PSC Luis Almeida. 

Acciones futuras

La Asamblea tomó la decisión de llamarlos a juicio político con 84 votos a favor, y para la censura y destitución se necesitan 70, lo que podría darse, reconoce Ulloa. «Tiene que haber consecuencias», advirtió. No mencionó directamente qué acciones podrían tomar porque no quiere «incendiar el país» y es partidario del diálogo, pero dijo que hay recursos constitucionales con los cuales pueden defenderse.

El que sí adelantó qué medidas podrían tomar es Bravo. Aseguró que podrían elevar a consulta de la Procuraduría General si reformar un reglamento antes de la puesta en marcha de un concurso de selección es ilegal; o si es posible un juicio político a candidatos calificados. Mientras que al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se le consultaría qué pasará con las candidaturas de los consejeros que buscan la reelección en caso de ser censurados. Rivadeneira fue más allá y dijo que, además de acciones constitucionales y administrativas,  podrían llegar a demandas internacionales. 

En la Asamblea 

El presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela (independiente), considera que la sesión sobre el juicio político será una jornada extensa, ya que cada interpelado tiene hasta tres horas para intervenir, más una hora más de réplica, y son cuatro los funcionarios que deberán ejercer su derecho a la defensa.

Mientras que los interpelantes tienen hasta dos horas para argumentar. La sesión iniciará a las 14:30 de este viernes y podría extenderse hasta el sábado en la noche, cuando el Pleno tome una resolución.

El asambleísta Ricardo Vanegas (ala orgánica de Pachakutik) manifestó que es ilegal el juicio político sólo contra los cuatro consejeros y que debían ser interpelados los siete. Añadió que, tras está “maniobra”, están socialcristianos y correístas que quieren tomar el mando de la Contraloría, uno de los concursos de selección más polémicos que está en marcha en el Consejo de Participación Ciudadana. 

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