POR: Hugo Constante
Entre lágrimas, aplausos, abrazos efusivos, estrechones de manos por parte de los abogados y rostros de pesar entre miembros de la Fiscalía se recibió en la Corte de Justicia de Pichincha la sentencia oral en el juicio por la compra de pruebas PCR por parte del Municipio de Quito, durante la pandemia del Covid.
No era para menos: tras más de cuatro años de juicio, el Tribunal resolvió, por unanimidad, ratificar el estado de inocencia de los 14 procesados.
La totalidad de los que enfrentaron este juicio, entre ellos el exalcalde de Quito Jorge Yunda, la exsecretaria de Salud metropolitana Ximena Abarca y la excoordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán, no cometieron el presunto delito de peculado y actuaron en el marco normativo vigente, por lo que más bien ayudaron a evitar muertes innecesarias, según se dijo en la lectura de la sentencia.
A Guamán, rodeada de su familia, se le fueron las lágrimas. “Han sido cuatro años de oportunidades perdidas, cuatro años de estigmatización y de afrontar un embarazo y un parto con grillete (electrónico). Cuatro años de no poder salir del país”, dijo la científica.
Por su parte, Abarca añadió que nunca dudó de su inocencia ni del equipo técnico que le acompañó durante su gestión en el Municipio capitalino.
Yunda, en cambio, destacó en las redes sociales que el fallo se tomó por unanimidad y que los jueces le declararon inocente ya que “nunca encontraron sobreprecios, nunca hubo tráfico de influencias, nunca hubo peculado, nunca fueron chimbas”. El exalcalde de Quito acudió a la audiencia pero abandonó la sala minutos antes de que concluya la audiencia, cuando se veía por dónde estaba orientada la sentencia.
La sentencia
El caso se originó en 2020, cuando la Secretaría de Salud del Municipio de Quito contrató la compra de 100 mil pruebas PCR para detectar casos de Covid 19, por 4,2 millones de dólares. Era la época en que el mundo atravesaba por esa pandemia. Según la acusación fiscal, en lugar de esas pruebas habría recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor a la requerida en el contrato; es decir, no habría cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas, y aún así fueron aceptadas por la Secretaría de Salud metropolitana. El presunto delito que se investigaba era peculado, ya que habría sobreprecio.
Sin embargo, lo largo de las cuatro horas de la lectura de una sentencia esperada por año y medio, el juez ponente, José Jiménez, recordó el contexto en que se dio esta adquisición: la pandemia por el coronavirus, lo que a su vez generó que en Quito y otras ciudades se declarara la emergencia sanitaria para actuar con rapidez frente a un virus que se extendía con rapidez.
Si bien el Tribunal reconoció que las pruebas adquiridas eran diferentes a las estipuladas en el contrato, dijo que las dos tenían el mismo efecto, es decir, detectar el virus para evitar más muertes por la pandemia. El Tribunal agregó que no hubo perjuicio económico para el Municipio capitalino, ya que se adquirieron las 100 mil solicitadas.
Cómo parte de la lectura se llamó la atención a la Fiscalía por, según los jueces, haber cumplido una investigación poco prolija, presentando peritos que solo emitieron su opinión como “expertos”, pero sin la rigurosidad científica o técnica que se requiere. “Una condena no puede basarse en testimonios vagos”, se dijo en la audiencia.
El Tribunal dijo que los servidores municipales cumplieron el procedimiento de contratación pública vigente para casos de emergencia, y que no es que se hayan aprovechado económicamente de esa actualización, ya que con su actuación lo que hicieron es salvar vidas. “Son decisiones que se tomaron en el marco de la pandemia para evitar muertes innecesarias en Quito”, dijo el Tribunal antes de ratificar la inocencia de los 14 procesados.
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