El caso ‘Plaga’, cuyo operativo se cumplió desde esta madrugada, saca nuevamente a la luz el involucramiento de operadores de Justicia con el crimen organizado. Ya van alrededor de 25 jueces involucrados entre esta trama, ‘Metástasis’ y ‘Purga’. 

Un mega operativo simultáneo realizado esta madrugada entre la Fiscalía y la Policía en ocho provincias dejó como resultado 14 detenidos, entre jueces o exjueces, abogados en libre ejercicio, policías y otros funcionarios del sistema judicial.

El fiscal de Pichincha, Hernán Flores, informó que en el caso, denominado ‘Plaga’, se investiga presunta delincuencia organizada, y los jueces detenidos habrían recibido dinero o favores a cambio de permitir —a través de sus fallos— que personas sentenciadas, en algunos casos de alta peligrosidad, obtuvieran su libertad de forma ilegítima, pero aparentando legalidad a través de acciones constitucionales obtenidas con argucias jurídicas y abusando del derecho, para lograr impunidad. Flores manifestó que, como delitos afines constan: tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Fueron alrededor de 25 allanamientos realizados en El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Guayas, donde se ejecutaron órdenes de prisión y se levantaron indicios del presunto cometimiento del delito, como documentos, dispositivos de almacenamiento, celulares y laptos. 

“Abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plaga en el sistema de justicia. Tenemos que continuar con la depuración. No vamos a parar”, escribió en su cuenta X la fiscal general, Diana Salazar. 

A través de la misma red social, el presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que el caso ‘Plaga’ es otro golpe contra la delincuencia organizada dentro del sistema judicial; aunque no desaprovechó la oportunidad para politizar el tema. “Durante años, el Gobierno ha sido tibio en declarar la guerra a todos estos delincuentes, sin importar la esfera de poder. Hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo y asegurar la continuidad en esta lucha, donde tu arma es el voto”, posteó Noboa, en alusión a la consulta popular del 21 de abril, donde constan temas de la administración judicial.

La corrupción judicial 

Entre los detenidos en este nuevo caso consta el exjuez Ángel Lindao, capturado en Santo Domingo de los Tsáchilas, quien está, además, procesado en la trama de ‘Metástasis’. En ese caso a Lindao le dictaron medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada 15 días. 

El ahora detenido se desempeñaba como juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia y, según el expediente del caso ‘Metástasis’, conoció en su momento la acción de protección que los operadores de Leandro Norero, capo del narcotráfico asesinado en la cárcel de Latacunga, interpusieron para levantar las medidas cautelares que pesaban sobre sus bienes, producto del proceso penal por lavado de activos que en ese momento se desarrollaba. El entonces juez falló a favor de Norero.

El pasado jueves, durante el testimonio anticipado de Helive Ángulo en el caso ‘Metástasis’, que se cumplió en la Corte Nacional de Justicia, el operador jurídico financiero de Norero aseguró que Lindao habría pedido 10 mil dólares para sacar la resolución conforme a los intereses de Norero, a quien se le devolvieron las propiedades y otros bienes incautados. 

Otro de los detenidos esta madrugada es Oswaldo García, exjuez que en 2022 liberó a Daniel Salcedo a pesar de que se encontraba detenido por cinco casos, tres de ellos con sentencia.

Crítica situación

Ya son alrededor de 25 jueces o exjueces los involucrados entre los casos ‘Metástasis’, ‘Purga’ y ‘Plaga’, donde el denominador común es que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada: el sistema de Justicia al servicio de narcodelito. Los casos se han ido destapando desde el 14 de diciembre de 2023, cuando se cumplió el operativo ‘Metástasis’.

Para Leonardo Tipán, abogado penalista, el operativo de esta mañana demuestra que la red de corrupción que involucra a servidores judiciales no actuaba sólo en un par de provincias, sino que se extendió a varias zonas del país. Agregó que esto afecta a la seguridad jurídica, por lo que es necesario que el Consejo de la Judicatura evalúe de manera urgente y minuciosa a todos los operadores de justicia a escala nacional.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, agregó que los actos de corrupción en el sistema judicial no son de ahora, sino que vienen desde hace tiempo atrás, pero que ahora se cuenta con evidencias para determinar responsabilidades. Como causas para que la corrupción se haya tomado la Justicia señala la falta de control al patrimonio de los jueces, ausencia de control por parte de la Judicatura a los fallos en determinados casos, entre otros. 

Por su parte, Tipán considera que con estos tres casos donde la Fiscalía investiga la relación de la Justicia con el crimen organizado es cuando se evidencia públicamente “la pus de la corrupción”, donde están también involucrados políticos que sostenían a jueces y colocaban a su gente en cargos en instituciones como el Consejo de la Judicatura para controlar a jueces temporales o definitivos. “Inclusive estaban a punto de ganar el concurso para jueces nacionales. Este tipo de hechos son los que perjudican al sistema judicial”, dijo Tipán.    

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