En rueda de prensa, el ministro del Interior dijo que se debe iniciar una “cruzada cívica” para exigir a la Justicia que estos hechos de violencia no queden en la impunidad.

La Fiscalía confirmó que, luego de la audiencia de formulación de cargos realizada anoche por la explosión de dos vehículos en Quito, un juez ordenó prisión preventiva por el delito de terrorismo.

Dos explosiones de vehículos, registradas entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en Quito, aparentemente dirigidas hacia los edificios de la administración de las cárceles del país, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, han generado preocupación en el país. 

Tras las.explosiones, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el ministro del Interior, Juan Zapata y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, dieron una rueda de prensa esta tarde, en la que hicieron un llamado al país a vigilar la actuación de los jueces a cargo de casos de grupos de delincuencia organizada. 

El ministro del Interior insistió en que se debe iniciar una verdadera “cruzada cívica” para exigir a la Justicia que estos hechos de violencia no queden en la impunidad. 

«Ya basta», dijo en voz alta Zapata, golpeando con su mano derecha la mesa, tras recordar que tres de los seis ahora detenidos a causa de la explosión, no sólo fueron liberados por un juez hace seis meses, sino que se les archivó las causas, a pesar de las pruebas que presentó la policía tras su captura por el delito de robo. 

El ministro del Interior insistió en que se debe iniciar una verdadera “cruzada cívica” para exigir a la Justicia que estos hechos de violencia no queden en la impunidad. 

Dos expertos en seguridad consultados por Ecuador Chequea han indicado que es indispensable que, de manera inmediata, los servicios de inteligencia mantengan una alerta constante y actúen con todos sus recursos humanos y tecnológicos.

Explicaron que esta es una de las medidas urgentes en materia de seguridad nacional que el país necesita, no sólo para investigar hechos de violencia recientes, sino sobre todo para prevenir y neutralizar con la debida anticipación posibles nuevos actos de este tipo.

El exjefe de Estado Mayor de la División de Selva del Ejército y columnista de temas de seguridad, Alberto Molina, explicó que dado contexto de violencia que está enfrentando el país, los servicios de inteligencia deberían considerarse como el más importante instrumento de planificación y de la toma de decisiones del Estado ecuatoriano en materia de seguridad.

El experto, sin embargo, señaló que para aprovechar al máximo el potencial de los servicios de inteligencia, tanto al gobierno actual como al próximo le corresponde resolver problemas estructurales previos que enfrenta la policía, en especial debido a la falta de los recursos necesarios para movilizar a su personal.

“Es un gran error no aprovechar todos los mecanismos tecnológicos que permitan mejorar la inteligencia, mientras los delincuentes continúan utilizando muchos recursos y armamentos más sofisticados que los disponibles para la fuerza pública”, sostuvo. 

Como un ejemplo de este tipo de investigaciones, señala Molina, se puede trabajar con poblaciones previamente identificadas como proclives a ser reclutadas por organizaciones delincuenciales, en especial una gran parte de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Por otro lado, la catedrática de posgrado en Seguridad Nacional, Carla Álvarez, afirmó que mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia permitirá al Estado superar no sólo sus problemas actuales de «actuación reactiva», es decir, responder una vez que se han producido hechos de violencia, sino también desarrollar una capacidad de investigación más efectiva.

Álvarez hizo esta recomendación después de calificar como apresurada la primera hipótesis de la Policía Nacional, que sugiere que los dos atentados con vehículos explosivos podrían haber sido una represalia por parte de personas que se oponen a los traslados de presos, sin considerar, por ejemplo, motivaciones políticas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

«Además de las respuestas reactivas, lo que se debe hacer es llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar los motivos, identificar a los autores materiales e intelectuales, y a partir de ahí tomar medidas correctivas para abordar la situación. No sabemos si el Gobierno actual llevará a cabo esta tarea, ya que no lo ha hecho durante mucho tiempo, y esto podría quedar como responsabilidad del próximo gobierno», afirmó.

Entre estas investigaciones pendientes en las que pueden colaborar los servicios de inteligencia, dijo la experta, está la identificación de quienes tienen interés de que no se realicen reorganizaciones ni traslados en las cárceles.

“No está claro quién ha realizado estos atentados. La Policía ha dicho que es el resultado de intereses de las mafias respecto a traslados de las cárceles, pero es una hipótesis. Sin embargo, en el momento que vivimos en el país, esto podría obedecer a motivaciones políticas para mantener a la población en zozobra. No lo sabemos ni tenemos información contundente a qué se deben”, comentó. 

Las investigaciones 

La Policía Nacional confirmó que ambas explosiones no ocasionaron víctimas mortales, pero sí causaron daños menores, y además se detuvo a seis personas sospechosas.

El reporte policial de ambos hechos de violencia también señala que tanto el coche que explotó como el que sirvió para que los sospechosos huyan habían sido denunciados como robados.

La primera explosión ocurrió anoche cuando algunos de los sospechosos, ahora bajo arresto, abandonaron un vehículo que contenía explosivos de mecha lenta cerca del edificio sede del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos. Otros dos individuos arrojaron líquido inflamable sobre el automóvil, según el informe policial.

«Antes en este edificio funcionaba la SNAI y posiblemente sería esa la relación que tendría con el vehículo que fue dejado en el lugar», dijo la madrugada del jueves el general de policía Pablo Ramírez, director de investigación antidrogas, en un video sobre la primera explosión publicado en ‘X’.

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, ratificó en rueda de prensa que los dos coches de las explosiones tenían cilindros de gas y son 6 detenidos por la primera explosión y 4 por la segunda, es decir 10 en total.

El reporte policial también señala que el segundo vehículo, que explotó la madrugada de este jueves cerca del edificio de propiedad de la SNAI, contenía dos cilindros de gasolina y una mecha lenta.

Ramírez dijo que esta segunda explosión provocó «la destrucción del vehículo y daños en los exteriores del edificio de la SNAI, ubicado en la Av. 12 de Octubre entre Wilson y Foch».

Estos dos ataques terroristas con explosivos se producen luego de que este miércoles la SNAI realizara operativos en el interior de la cárcel de Cotopaxi. Al final de estos controles, sin embargo, las autoridades no confirmaron el traslado de ningún preso de alto perfil. Los traslados de líderes de las bandas han causado disturbios en las cárceles de Ecuador.

Este miércoles, además, las autoridades de las cárceles también reportaron, sin precisar detalles, incidentes de seguridad en la cárcel de Turi, en Cuenca.

Las explosiones se dan en un contexto de violencia y crimen sin precedentes en la historia reciente del país, al punto que el pasado 9 de agosto, a apenas 11 días de las elecciones anticipadas, fue asesinado el presidenciable Fernando Villavicencio. Sin embargo, este crimen sigue bajo investigación.

 Lo legal

El abogado y especialista en Administración Pública, Efraín Moscoso, afirmó que, de acuerdo con la legislación vigente en el país, las dos explosiones de los vehículos se clasifican como actos de terrorismo sancionados por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El especialista, sin embargo, lamentó la falta de voluntad de las autoridades y los problemas de desinstitucionalización que en años recientes han impedido sancionar este y otro tipo de actos de violencia y de corrupción, que han quedado en la impunidad.

«El COIP habla del terrorismo y establece las penalidades. Lamentablemente, en nuestro país existe una desinstitucionalización de todas las instituciones del sector público, que es una técnica común en los países socialistas. Aquí, no se toma ninguna medida frente a los actos de terrorismo o sabotaje», comentó Moscoso, tras cuestionar que la Fiscalía no avance en las investigaciones de casos de corrupción denunciados por asambleístas y profesionales del derecho.

Los numerales tres y nueve del artículo 366 del COIP, que tratan sobre el terrorismo y su financiación, califican como terrorismo los actos de violencia que puedan causar lesiones a personas o daños materiales significativos. De acuerdo con la gravedad de estos actos, el COIP establece sanciones de hasta 22 años de prisión.

A continuación, reproducimos textualmente estos artículos del COIP:

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